Marcelo Puertas, director de la Inspección General de Seguridad (IGS), expuso los pormenores de la investigación que se está llevando a cabo dentro de la cúpula policial, luego de que se conocieran las graves irregularidades cometidas por comisarios. A su vez, marcó una diferencia con respecto a la gestión anterior tras las críticas del PJ.

Hace poco, la IGS había decidido pasar a pasiva e iniciar un sumario a seis policías por irregularidades con los servicios extraordinarios. Entre ellos se encuentran comisarios, subcomisarios y un oficial ayudante. Entre los cincos comisarios que han sido sumariados, el funcionario afirmó que “están vinculados al servicio extraordinario”. Asimismo, no descartó la posibilidad de que puedan existir más casos, ya que el proceso de investigación se inició aproximadamente a fines de febrero. Luego se dio lugar a la etapa de “información sumaria”, que tiene como objetivo recabar información.

Entre los nuevos acusados está el primo del gobernador Alfredo Cornejo, según publica Diario UNO. "En este caso, los uniformados sumariados y relegados a pasiva están bajo sospecha de irregularidades en los servicios extraordinarios vinculados con la construcción de los barrios Escorihuela 1 y 2. Los señalados por el titular de la IGS, Marcelo Puertas, formaban parte de la Distrital 1 y son el comisario Humberto Neila Cornejo, el comisario general Edgardo Mestre Medina, el comisario inspector Rómulo Díaz Vargas, el subcomisario José Salinas Mercado, el subcomisario Roberto Villarroel Pérez y el oficial ayudante Emanuel Fernández Garófoli", dice el matutino del grupo Vila.

Por otra parte, Puertas baraja la posibilidad de que se hayan adulterado documentos. “La aparición de sujetos que están desempeñando sus tareas en una comisaría en especial aparece en el libro de novedades como cumpliendo sus tareas. Y a la vez, están desarrollando servicios extraordinarios en otra parte”, señaló. Pero remarcó que este proceder de las fuerzas de seguridad “cuenta con la connivencia de los jefes”.

En cuanto al futuro de la estructura policial, señaló que “es decisión del ministro de Seguridad o del Gobernador”. “Nuestra obligación es investigar, controlar, sumariar administrativamente y llegar a una sanción”, añadió. “Le proponemos al Poder Ejecutivo algunas soluciones respecto de cómo controlar los servicios extraordinarios, cómo controlar el tema combustible, cómo controlar el tema de los repuestos de los automóviles”, admitió el funcionario.

En relación con la investigación deslizó: “Tenemos la obligación de informar, de hacer un informe periódico a la bicameral de seguridad de lo que estamos haciendo. La semana que viene sale el informe de este semestre”. Con respecto al cuestionamiento del PJ, Puertas fue contundente: “Tienen que ver el expediente, están hablando sin conocer”.