Según ordenó la Cámara Federal de Apelaciones, el camarista Otilio Romano, acusado de omitir investigaciones en 94 casos de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, debe presentarse nuevamente para brindar declaraciones a cerca de las acusaciones que lo señalan como “autor secundario” de los delitos en los que incumplió su tarea como fiscal federal, durante 1976 y 1983. 

La cita  se debe a que la Cámara Federal declaró nula la separación al juez Walter Bento al frente de la causa Romano, ordenada por los jueces Julio Petra, Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez, aliados del camarista. El documento emitido indica además, que Bento deberá retomar la instrucción en lo inmediato para tratar de recuperar el tiempo que se perdió mientras la causa estuvo paralizada.

Pero Otilio Romano, no es el único miembro de la justicia mendocina que está siendo investigado por ser partícipe de violaciones a los derechos humanos. El segundo es Luis Francisco Miret , también miembro de la cámara, quien ya fue suspendido en su función y espera el jury en su contra, por haber colaborado en crímenes contra la humanidad durante el último gobierno de facto. El tercero es Julio Petra Fernández, también está comprometido por encubrir los delitos de sus camaradas.

Las pruebas que demuestran sus actitudes colaboracionistas durante la  dictadura y el sistemático encajonamiento de causas en los años de democracia fueron los fundamentos  para que el Consejo de la Magistratura de la Nación ordenara una intervención  en la justicia local que, según declaró el organismo, atraviesa una grave “crisis institucional”.

De esta manera la justicia mendocina está esperando ser observada por la Corte Suprema de Justicia a pedido del Consejo.

Fiel a su conducta, Romano ha emprendido una campaña para sortear el proceso judicial. Según trascendió en los últimos días el camarista intenta negociaciones para que el juez Bento baje la imputación en su contra a cambio de levantar los impedimentos que demoran su juicio político.

Sin embargo, el giro dado en el interior de la justicia mendocina parece ser un proceso sin retorno que además cuenta con el apoyo y el impulso de organismos superiores que aspiran a que se dé una reconstrucción de la justicia a nivel país, oxigenando los magistrados que impiden el normal ejercicio de la democracia.