Siete de cada diez personas con esquizofrenia no logran acceder a tratamientos adecuados en Argentina, a pesar de que hace once años fue sancionada la Ley de Salud Mental que les garantiza ese derecho, según coincidieron especialistas consultados al recordarse este lunes el Día Internacional de esa enfermedad.

El psiquiatra Pedro Rafael Gargoloff (MP 14.372) es asesor profesional de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia (AAFE) y coordinador de la mesa de trabajo de Salud Mental de la secretaria Relaciones Institucionales de Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Las cifras
En diálogo con Télam subrayó que más del 69% de las personas con esquizofrenia no reciben la atención adecuada. Se trata de "un aspecto pendiente de resolver y esencial para una recuperación efectiva". Y señala que un aspecto a tener en cuenta es que "aún hoy no se observa una verdadera alianza terapéutica entre el paciente, los profesionales de la salud mental y los familiares con roles de cuidado".

Por eso, organizaciones que acompañan a familiares y personas con esquizofrenia remarcaron la necesidad de más recursos para los dispositivos sanitarios de salud mental, y de políticas públicas construidas a partir de escuchar a los pacientes y sus familias

Gargoloff sostuvo que "si bien no hay un estudio de prevalencia de la esquizofrenia en población general de Argentina", sí hay numerosas investigaciones internacionales que permiten "hacer una extrapolación de datos". De esta manera, es posible estimar que entre el 0,55 a 1,1 por ciento de la población es susceptible de padecer este trastorno.

El especialista explicó que esta variación es "atribuible más a factores ambientales en la génesis de la enfermedad que a los biológicos".

Así, sobre la base de una población total en Argentina de 45.808.747 de habitantes, el total de personas afectadas de esquizofrenia se ubicaría en el rango de 300.000 a 500.000, según estimó Gargoloff.

Cecilia Decaminada, trabajadora social y secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que Padece Esquizofrenia y su Familia (APEF), dijo a Télam que "tomando en cuenta la población argentina del último censo del 2010, cuyos números por supuesto se encuentran desactualizados, podríamos estar hablando de entre 200.000 y 600.000 personas".

Pero Decaminada también agregó al entorno dentro de las personas afectadas por la enfermedad. "Es importante incluir a las familias y las comunidades que rodean a las personas, ya que nadie es una isla ni vive en una burbuja. Si pensamos que cada persona puede llegar a tener 4 personas en su comunidad que le acompañan ese número salta a 800.000 o 2.400.000 personas", sostuvo.

Se calcula que las tres cuartas partes de las personas con esquizofrenia desarrolla la enfermedad entre los 16 y los 25 años de edad, y que, de acuerdo a estadísticas internacionales, cada tres mujeres hay cuatro hombres con el trastorno.

"Una herramienta esencial para enfrentar este trastorno es la psicoeducación familiar, considerada con el abordaje psicofarmacológico y las terapias psicosociales, como uno de los tres pilares esenciales del tratamiento de la esquizofrenia", subrayó Gargoloff.

La externación
Sin embargo, tras once años de vigencia de la ley 26.657 de Salud Mental y ocho de su reglamentación, Gargoloff aseguró que todavía resulta imposible pensar en el "cierre de los hospitales y clínicas con internación monovalentes sin poner en riesgo aún mayor la brecha terapéutica para las personas en riesgo cierto e inminente".

"Una demanda frecuente de los familiares hacia los profesionales de la salud mental es la percepción que tienen del muy escaso apoyo que reciben de éstos, ya que no les brindan psicoeducación y su involucramiento en las consultas y el tratamiento es insuficiente", añadió.

El psiquiatra recordó que "el estigma y la discriminación que sufren las personas que padecen trastornos mentales, particularmente la esquizofrenia, tiene importantes consecuencias negativas en el paciente, en su familia, en quienes brindan tratamiento, impactando negativamente en quienes deciden políticas sanitarias, constituyéndose en una barrera para el acceso a la salud física y mental, además de implicar menores chances de poder ejercer sus derechos, como persona y como paciente".
 

Decaminada también se refirió a que que la ley de Salud Mental establece "que para todas las personas existirán dispositivos de internación, de externación, intermedios y de reinserción en su comunidad; sin embargo, la implementación de estos dispositivos se encuentra absolutamente impedida por la falta de presupuesto y por los mitos y estigmas que existen alrededor de la salud mental".