El caso del fiscal Fabricio Sidoti fue debatido por el Jury de Enjuiciamiento, conformado por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y miembros del Poder Legislativo. Esta junta “estrenó” las sanciones intermedias a magistrados –establecidas en diciembre del año pasado por una ley impulsada por el senador radical Juan Carlos Jaliff– y decidió suspender a Sidoti por cuatro meses a partir del 22 de diciembre, cuando se decidió el juicio político.

Jaliff, quien comunicó a la prensa el dictamen luego de tres horas y media de debate, aseguró que se trata de la primera condena a un magistrado luego de 20 años. Curiosamente, el oficialismo cambió de postura respecto del caso de Sidoti: fue el mismo Ejecutivo el que pidió el juicio al fiscal. Incluso ante la primera dilación del proceso, el gobernador Alfredo Cornejo se quejó por la falta de dureza contra el letrado, pero luego se produjo un acuerdo entre el procurador Alejandro Gullé y el abogado defensor de Sidoti, Juan Day.

Ese acuerdo fue desestimado por el mismo Sidoti y su defensor, por lo que el Jury aplicó –y según Jaliff y la senadora justicialista Patricia Fadel fue de manera unánime– la sanción intermedia de cuatro meses de suspensión. El período máximo de esta pena es de 180 días, es decir, seis meses.

Esa inhabilitación se cumple desde el 22 de diciembre, cuando se decidió llevar a juicio político al fiscal denunciado. Sin embargo, por estar el proceso aún abierto, cobraba la mitad de su sueldo y la pena aplicada estipula que durante la suspensión el magistrado no tenga goce de haberes. Por lo tanto, Sidoti deberá devolver el dinero cobrado desde esa fecha hasta hoy.
 

El juicio abreviado y las sanciones intermedias

La situación de Sidoti debía resolverse este jueves último. Estaba acusado de negligencia en el caso de Ayelén Arroyo, la joven que había denunciado a su padre por abuso sexual. El fiscal dictó una prohibición de acercamiento que no se cumplió y no imputó al padre de Ayelén; por lo tanto, tampoco le hizo peritajes psicólogicos. El desenlace fue el femicidio de la mujer de 19 años en manos de su progenitor en septiembre del año pasado.

Artículos de Ayelén Arroyo

El Jury había decidido, en diciembre, suspender a Sidoti por dos meses y medio hasta que se decidiera el veredicto. Además, luego del femicidio de Ayelén había sido separado de su cargo como fiscal departamental en Luján de Cuyo.

El letrado se enfrentaba hoy a dos posibilidades. Por un lado, podía decidirse el juicio político “tradicional”, en el que se resolvería la absolución o destitución del acusado. La otra probabilidad era el “juicio abreviado”, que aplica las sanciones intermedias a los magistrados. Este último fue el camino seguido por los funcionarios de los poderes Judicial y Legislativo.

En este caso había habido un acuerdo entre Alejandro Gullé, querellante en la causa, y Juan Day, defensor de Sidoti –también, dicho sea de paso, está a cargo de la defensa de los rugbiers imputados por abuso sexual–. La defensa del fiscal lo desestimó, al parecer porque había desacuerdos entre el oficialismo y la oposición al respecto, por lo que fue el Jury el que decidió la condena de Sidoti.

La oposición, cuya vocera fue Fadel, dejó entrever las idas y vueltas del radicalismo en este caso: el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia denunció a Sidoti; luego el Gobierno se quejó porque el Jury “alargaba” el proceso, y finalmente, Gullé –funcionario judicial designado por Cornejo– había acordado con Day. Ese acuerdo no fue aceptado por el Jury y fue este el que estableció la pena.

Así las cosas, Sidoti ya cumplió la mitad de la suspensión, por lo que entre fines de abril y principios de mayo retomaría sus funciones como fiscal y las causas que tenía a cargo antes de ser denunciado, entre ellas, la investigación por los abusos sexuales eclesiásticos en el Instituto Próvolo.