Las desigualdades salariales que se registran en los diversos sectores del Estado provincial son significativas. Si bien es escasa la información pública con la que se cuenta, se observan remuneraciones promedio muy elevadas en determinadas jurisdicciones y grandes disparidades entre poderes y organismos públicos.

Mercedes Llano, diputada por el PD, dialogó con Unidiversidad sobre el pedido de informe. Dejó en claro cómo se advierte una incongruencia entre las jerarquías retributivas formales y el salario promedio registrado por las distintas jurisdicciones. “En el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, los organismos están obligados a publicar trimestralmente ciertos datos. Estos datos se pueden visualizar en la página del Tribunal de Cuentas de la provincia, donde se pueden visualizar distintos datos, como los referidos a contratación de personal y los gastos, en nóminas salariales, realizados por la provincia”, señaló Llano.

“Lo que nosotros hicimos fue tomar el gasto informado de personal sobre el total de empleados temporarios y de planta –no se han incorporado gastos ni personal contratado–. De esta manera, hemos calculado un promedio por trimestre y armamos este ranking salarial”, continuó.

Estos datos son publicados en la página del Tribunal de Cuenta de la provincia y en la página de la Legislatura

“Lo que este ranking nos da son indicios genéricos de la existencia de disparidades salariales y que se vislumbra un salario promedio elevado en algunos organismos. De hecho, según el BID –Banco Interamericano de Desarrollo–, uno de los principales problemas que existen en América Latina es la alta fragmentación de los escalafones y desigualdades ocurridas dentro de un mismo organismo o poderes”, remarcó la diputada.

Por otra parte, este organismo destaca que en América Latina, los sistemas salariales del sector público tienden a presentar un bajo nivel de desarrollo asociado a la existencia de inequidades horizontales y verticales, problemas de competitividad externa y coherencia estratégica.

“Esas asimetrías suelen vincularse con la fragmentación escalafonaria y la distribución de una diversidad de suplementos y adicionales, producto, en ocasiones, del imperio de la discrecionalidad y el peso corporativo”, señaló la legisladora en los fundamentos de su proyecto.

“Dado que estos datos nos arrojan ciertos indicios sobre desigualdades, hemos pedido presentar desde la Cámara un pedido de informe a estos tres organismos –Caja de Seguro Mutual ($ 379 655), Fiscalía de Estado ($ 325 357) y Tribunal de Cuentas ($ 301 802)–, con información detallada sobre la nómina salarial", finalizó Llano.

Estos datos son publicados en la página del Tribunal de Cuenta de la provincia y en la página de la Legislatura

Fundamentos del proyecto presentado

Al contrastar el salario promedio de los distintos poderes y organismos, tomando como base los datos publicados por el Tribunal de Cuentas, según lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal N.° 7314, se observan significativas desigualdades interjurisdiccionales.

La Ley 4322 fija la escala salarial de magistrados y autoridades del Tribunal de Cuentas, estableciendo que tanto presidente como vocales de este último organismo percibirán una retribución equivalente al 95 % de la remuneración que, por todo concepto, corresponda a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. A la vez, las variaciones de los salarios de los magistrados y equiparados están atadas a los incrementos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el convenio suscripto entre la Provincia de Mendoza, la Asociación de Magistrados y la Suprema Corte de Justicia, aprobado mediante el Decreto 838/08 y ratificado a través de la Ley 7854/08.

Asimismo, la Ley 5811 regula la pirámide remunerativa aplicable a autoridades superiores del Poder Ejecutivo, Legislativo y del Fiscal de Estado y Asesor de Gobierno. Según esa normativa, en el tope de la escala se posiciona el gobernador y, a partir de ese monto máximo, se calculan porcentajes menores para los restantes altos cargos: vicegobernador (el 98 %), legisladores (el 95 %), fFiscal de Estado y asesor de Gobierno (el 95 %), ministros y director general de Escuelas (el 94 %), secretario legal y técnico y subsecretarios (el 90 %).