La primera sesión del año para la Cámara de Diputados de la Nación se desarolla extesamente para tratar el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri selló con los holdouts, los tenedores de bonos en default que no entraron a los canjes de 2005 y 2010.

El pleno comenzó a sesionar a las 12.24, luego de que la alianza Cambiemos -integrada por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica- consiguiera quórum gracias a la ayuda de bloques opositores. Así, con el apoyo del Frente Renovador, del bloque Justicialista, del Partido Socialista y de diputados que responden a los gobernadores de Córdoba, Chubut, Neuquén, San Luis y Santiago del Estero, entre otros, el oficialismo logró 147 presencias, 18 más que los 129 que se requieren para iniciar las deliberaciones.

Se espera que todos ellos también aporten los votos necesarios para que el proyecto del Poder Ejecutivo obtenga media sanción, gracias a las modificaciones que lograron introducir en el texto original.

La votación -que será la primera del año para esta Cámara- se realizaría en la madrugada de este miércoles, tras un arduo debate donde Cambiemos y la oposición kirchnerista se sacarán chispas por el manejo de la deuda externa.

La deliberación será clave para ambos sectores. El Gobierno apuesta a cerrar el litigio con los holdouts en Nueva York con el objetivo de tomar deuda en el mercado internacional para financiar su plan económico. Tal es así que el propio presidente advirtió que si fracasa el acuerdo en el Congreso, se verá obligado a aplicar un “ajuste” en el gasto público.

Es que a su juicio, el déficit heredado de la gestión kirchnerista no puede ser financiado con emisión monetaria porque genera inflación. La solución, entonces, sería tomar deuda en el exterior una vez que el país cierre el litigio y salga de la cesación de pagos dispuesta en 2002 tras la salida de la convertibilidad.

Para el el proyecto deroga la Ley Cerrojo y modifica la Ley de Pago Soberano, sancionadas durante el kirchnerismo, para cumplir con las condiciones que pusieron los holdouts y el juez neoyorkino Thomas Griesa. Pero más importante aún, habilita a pagarle 11.864 millones de dólares en efectivo a los fondos buitres, por medio de la toma de nuevos créditos por el mismo monto a pagar en 5, 10 y 15 años con una tasa del 7,5 por ciento anual aproximadamente.

En cambio, en su férrea oposición al gobierno de Macri, el Frente para la Victoria pone el grito en el cielo por las condiciones de pago y el monto de semejante endeudamiento para las próximas generaciones argentinas. No está solo en su batalla, dado que el Frente de Izquierda, Libres del Sur de Victoria Donda y Proyecto Sur también impugnarán el acuerdo.

Así las cosas, y antes de la discusión del proyecto, el kirchnerismo pidió interrumpir la sesión para que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante para que sea el pueblo argentino el que decida sobre el acuerdo impulsado por Macri. La propuesta fue rechazada, al contar con 165 votos negativos del oficialismo y bloques opositores, 84 positivos del Frente para la Victoria y 5 abstenciones de la izquierda.

El debate

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (Pro) abrió el debate justificando la toma de deuda, al advertir que “la falta de créditos públicos la sufre la gente, en particular los que menos tienen, los que necesitan obras de infraestructura para mejorar su calidad de vida: cloacas, hospitales, escuelas que faltan a lo largo y ancho del país”.

Laspina aseguró que la negociación del Gobierno con los fondos buitre fue “tremendamente exitosa” porque de los 18 mil millones de dólares de deuda original se acordó pagar menos de 12 mil millones de dólares.

“No queremos ajuste fiscal o inflacionario”, sentenció el miembro informante del oficialismo en línea con las advertencias de Macri sobre las consecuencias de que el proyecto fracase en el Congreso.

A continuación fue el turno del exministro de Economía Axel Kicillof, quien encaró durante los últimos años las negociaciones con los bonistas que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.

En un duro discurso, el ahora diputado alertó que Macri quiere volver al Fondo Monetario Internacional (FMI) y ante eso recordó que “el endeudamiento externo de la Argentina vino a desindustrializar el país, a generar más pobreza”.

“Es mentira que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no resolvieron el tema de la deuda”, aseguró Kicillof, quien afirmó que esas gestiones lograron que el 93 por ciento de los bonistas ingresara a los canjes de 2005 y 2010.

Además, apuntó que esas negociaciones impidieron que los fondos buitre “nos llevaran a los problemas que probablemente este proyecto nos puede llevar”, en alusión a la posibilidad de que los primeros acreedores exijan las mismas condiciones de pago que obtendrán los holdouts con este acuerdo.

En nombre del radicalismo, el diputado Luis Pastori cruzó a Kicillof al señalar que “hemos escuchado diputados que pretendieron darnos clase de cómo se debe arreglar la deuda externa del país”.

En ese marco, comparó que “el presidente Macri, en menos de 90 días de gestión, mandó al Parlamento este proyecto cuando en 98 horas el gobierno anterior arregló en 48 horas con el Club de París sin mandar una línea al Congreso de la Nación”.

Desde la Coalición Cívica –la otra fuerza aliada de Cambiemos-, Fernando Sánchez consideró que el acuerdo “ayuda a solucionar otros problemas” y “protege a los bienes argentinos mucho más estrictamente que lo que hacían todos los canjes de deuda y todas las reestructuraciones anteriores”.

Por el contrario, Carlos Heller (Partido Solidario), aliado al Frente para la Victoria, presagió que “existe una altísima posibilidad de que los acreedores de la deuda restructurada litiguen y encuentren algún juez amigo”.

El legislador reprochó que desde el oficialismo “nos hablan de que con esto van a venir todas las bondades de las inversiones” pero “el aumento de la deuda externa fue todo endeudamiento que fue a la especulación financiera”.

Marco Lavagna, vocero económico del Frente Renovador en la Cámara baja, admitió que “estamos negociando en una situación de desventaja y de apuro” con los fondos buitre, aunque destacó los cambios logrados en el texto original.

Entre estos, mencionó la limitación de la oferta a los holdouts a casi 12 mil millones de pesos para “no darle un cheque en blanco” al Gobierno.

El hijo del exministro de Economía Roberto Lavagna aclaró de todos modos que “no es un proyecto del que tengamos que estar orgullosos” dado que “marca una derrota que ha tenido la Argentina” sobre “un tema que debió haber cerrado hace mucho tiempo”.

Uno de los discursos más esperados era el de Diego Bossio, el legislador que abandonó el Frente para la Victoria para formar un bloque aparte con otros 16 diputados y es tildado de “traidor” por el kirchnerismo.

“Estamos convencidos de que Argentina tiene que dar un paso adelante y es importante que se deroguen la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano para que el Ejecutivo pueda avanzar”, afirmó el exdirector ejecutivo de la ANSES, al sostener que el de la deuda es “un tema que hay que resolver”.

En un discurso muy aplaudido, Margarita Stolbizer (GEN) reconoció que el arreglo al que se llegó con los holdouts “no es justo y encima es caro”, pero observó que “lamentablemente no hay alternativas” porque “el gobierno anterior nos dejó a los argentinos sin reservas”.

Néstor Pitrola (Partido Obrero) denunció un “pacto buitre” y habló de un “Congreso de entrega nacional que tiene como contrapartida un enorme ajuste contra los trabajadores”. También aseguró que “los gobernadores están esperando en fila este pacto colonial, pero para más endeudamiento”.