La historia te condena

La historia comienza así.  En 1995 se inicia el período de gobierno de Arturo Lafalla. Todas eran loas hacia la destacada tarea de los órganos jurídicos locales para la defensa de los intereses de la Provincia frente al Gobierno Nacional. Sin embargo, el gobernador que asumía estaba convencido de un gran déficit hasta la fecha, como lo era el nulo ejercicio de la función de contralor del Poder Ejecutivo.  

Sin autonomía real -en la letra de la Constitución sí es claro que el control es extra-poder-, los funcionarios que asumían la Fiscalía de Estado se convertían en simples asesores del gobierno, actuando o interviniendo según las instrucciones del poder turno. Fue entonces que Lafalla impulsó a Aldo Giordano (fundador del Partido Fiscal y senador del Partido Demócrata) como titular, formando equipo con Joaquín De Rosas que era un funcionario de carrera desde 1982, a cargo de las investigaciones administrativas.

“Giordano y De Rosas favorecieron al grupo Vila  cuando le tocó actuar por los problemas legales que habían sobre terrenos del loteo Dalvian y la Universidad Nacional de Cuyo”, escribió bien clarito el ex gobernador en un libro presentado en 2010 con el objetivo de repasar los hechos y asumir una mirada reflexiva sobre aquel período. La secuencia de cómo fue esa primera maniobra a favor de uno de los grupos económicos más importantes de la provincia puede ser reconstruida de la siguiente manera: La empresa Dalvian, propiedad de Daniel Vila, le hizo a la Universidad Nacional de Cuyo un juicio en la Justicia Federal reclamándole la propiedad de unas 32 hectáreas situadas al oeste de la Avenida Champagnat.  Dalvian pretendía que la Dirección de Catastro de la provincia le aprobara los planos de una fracción de terreno ubicada al sur que no tenía los hitos ya existentes en la cartografía de la Provincia que debían servir como referencia para trazar el histórico “Polígono de Tiro”,  llamado así por el Ejército antes de ser traspasado desde el Estado Nacional a la alta casa de estudios.

En ese momento, el director de Catastro era Mario Valencia. En cuanto éste le reclamó a Dalvian la presentación de la documentación cartográfica que respaldara la particular medición que hacían del Polígono de Tiro,  aparecieron las primeras acciones coordinadas. Mientras Dalvian enviaba carta documento a Valencia responsabilizándolo de las consecuencias de no aprobarle los planos, Joaquín De Rosas y Aldo Giordano metieron tal presión que finalmente Valencia presentó su renuncia “hostigado y perseguido por la Fiscalía”.  Según Valencia, por lo bajo, el organismo de control ordenó y fue muy insistente en que se aprobaran dichos planos mientras que a la opinión pública se le dijo que era un inútil, que no cumplía su función y que además había defraudado al fisco por un asunto de viáticos de un viaje como funcionario.

Al cabo de los cuatro años de gestión de Lafalla, Giordano renunció. Pero De Rosas continuó de manera intermitente como Fiscal Adjunto. Los intereses de minorías poderosas y privilegiadas volverían a ser custodiados desde el mismo organismo. No hay más que esperar el turno del gobierno de Roberto Iglesias, y con él el capítulo de la “compensación” de una deuda de Daniel Vila con el Banco de Mendoza de $4 millones.  El escándalo fue blanqueado en marzo de este año mediante un fallo de la Suprema Corte de Justicia que  resolvió mandar a la Justicia Penal las actuaciones del Fiscal de Estado.

Distinta vara

El caso también ha sido admitido formalmente por los integrantes del Jury de Enjuiciamiento. Tiene su origen en un decreto del gobernador declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación unas hectáreas de terreno con el fin de crear allí una Reserva Natural denominada “Divisadero Largo”. El puntapié inicial lo dio el empresario Daniel Vila quien había solicitado y le habían concedido una quita importante de lo que éste le adeudaba al Banco de Mendoza. Con la quita, la deuda de $4 millones de se redujo a un millón medio que Vila no ofreció pagar. En su lugar, se presentó en la Fiscalía de Estado con  otra petición concreta a la que el organismo accedió. Se trata del acuerdo por compensación de deuda. Todo lo que el Estado debía hacer era negociar un monto indemnizatorio por la expropiación de los terrenos de Vila en el Divisadero Largo. Aunque él no era el único propietario a indemnizar, sí era el que más dinero pretendía ya que sostenía que si bien sus tierras estaban en el piedemonte, sin superficies aplanadas ni factibilidad de agua potable, tenían un alto valor residencial, no sólo potencial, ya que en la zona aledaña ya él había desarrollado un negocio inmobiliario de alta gama.  

A todo esto, el gobernador Roberto Iglesias firmó otro decreto paralizando la cobranza que llevaba a cabo la empresa tercerizada Asset Recovery Trust (ART) desde la quiebra del banco luego de la aventura del banquero Raúl Moneta. Los fundamentos de tal decisión fueron que los reclamos de deuda y pedidos de embargo a Dalvian, causaban un perjuicio grave a dicha empresa lo que representaba un obstáculo para “los mayores beneficios” que traería aparejada la negociación por los terrenos.  La empresa ART había ganado por licitación la  gestión de cobro a deudores de los ex bancos oficiales y entendía que no se podía impedir el cobro a una empresa que había mostrado no tener intenciones de pagar y cuestionó no sólo la legalidad del decreto sino también la intervención de Fiscalía de Estado. 

Esta situación derivó en un nuevo decreto para sacar a ART definitivamente del tema. Así el gobierno pudo habilitar a otra empresa que sí dejó definitivamente paralizado el cobro judicial a Dalvian. Allí fue que toda la discusión se trasladó a la Fiscalía de Estado, en el marco de un acuerdo de compensación.

Y hubo dos expedientes de expropiación, tramitados en la justicia de manera paralela a los referidos a los otros propietarios. El gobierno había depositado una suma ínfima de $3.000 por casi 22 hectáreas de Daniel Vila, pero era algo transitorio, hasta que la justicia determinase una valuación. El empresario pretendía una cotización de 15 dólares el metro cuadrado y aportó un experto que recomendó al Tribunal Provincial de Tasación tener en cuenta la “importancia socioeconómica del Dalvian y su proyecto constructivo en el oeste, o sea, en el piedemonte”. Según consta en el expediente, la prueba que resultó fundamental para estimar cuánto valen los terrenos del piedemonte, resultó ser el criterio del experto para quien los terrenos debían ser evaluados según los precios de otros inmuebles cercanos teniendo en cuenta que “son parte de la proyección futura de un gran proyecto constructivo de la provincia de Mendoza, con más de 30 años de antigüedad desde el año 1983….constituyendo una alternativa socio-económica importante para el oeste mendocino”.  

A finales de 2007 se pudo establecer el valor de los terrenos, y por tanto, el monto de la indemnización. En uno de los expedientes la sentencia ordena pagar a Dalvian $3.558.342 y en el otro, $134.767. Se valuó en $17,07 el metro cuadrado en la parte que es “inmobiliariamente aprovechable”, que era el 58% del total. El resto, que era terreno irregular (monte) se valuó en $13,39 el metro cuadrado.

Como se ve, en total, la suma es equivalente a la deuda reconocida por Dalvian sin el beneficio de la quita. El monto fue ratificado en segunda instancia. A los jueces no les llamó la atención que a esa porción de piedemonte sin servicios se les haya otorgado un valor equivalente a una hectárea cultivada con uvas de la variedad Malbec en el terruño vitivinícola más caro de Mendoza. 

Pero sí llamó la atención de la Suprema Corte de Justicia quien revisó todos los expedientes del Divisadero Largo. Ahí fue que se topó con el caso iniciado por Alberto Thomé S.A. y Carlos Roberto Thomé observando que la Fiscalía actuó bien al pelear para que se bajara el precio de la expropiación para los otros cuatro dueños. Esa misma actitud no se vio en los expedientes vinculados a Daniel Vila, es por eso que el más alto Tribunal resolvió mandar a la Justicia Penal las actuaciones del fiscal de Estado ante la posible comisión de delito.

El capítulo del agua

Es sin duda uno de los más graves escándalos de la Fiscalía de Estado. Porque como dice la Constitución, el fiscal tiene que comparecer en cualquier juicio o instancia para defender el interés del Estado provincial. Con todo lo referido a la concesión de la empresa Obras Sanitarias Mendoza, donde uno de los operadores privados aunque accionista minoritario era Dalvian, la provincia no tuvo quién la defendiera de los incumplimientos, las ineficiencias y las distintas maniobras que realizaron los empresarios para no desvincularse del contrato y seguir teniendo como “activo” a esa empresa esencial para los mendocinos.

Durante el gobierno de Julio Cobos pasaron dos cosas. El gobernador renegoció el contrato mediante un Acta-Acuerdo o Carta de Entendimiento que nunca llegó a aplicarse. Fiscalía de Estado se negó a controlar los términos de ese acuerdo señalando que eran “cuestiones de oportunidad”. Hoy la empresa está reestatizada y por intervención de la Suprema Corte, la famosa Acta-Acuerdo fue declarada perjudicial para los intereses de la provincia. En rigor, tal omisión compromete más al  titular de Fiscalía –Pedro Sin- que al entonces adjunto De Rosas, pero en el 2006, ante una resolución del EPAS –Entre Provincial de Agua y Saneamiento- quien favoreció al grupo Vila fue el adjunto al actuar como fiscal de Estado Subrogante.

La situación fue la siguiente. Toda la provincia vivía graves problemas con los servicios básicos de agua y saneamiento. Muchísimos barrios reclamaban por algo de presión en las cañerías ya que llegado el verano, el agua directamente dejaba de subir a los tanques de las casas. Dalvian pretendía beneficiarse con un “servicio en bloque” , para ello ya había dispuesto la construcción de un acueducto desde la planta de Obras Sanitarias hasta la urbanización privada. Y entonces el Ente Regulador resolvió actuar e intervenir en los detalles de lo que pretendía realizar allí la empresa concesionada, entendiendo con toda lógica, que una obra semejante ponía en riesgo la continuidad del servicio de suministro de agua potable de todos los usuarios del sistema. 

Como el fiscal de Estado vivía en Dalvian, decidió apartarse. Quien tomó las riendas del asunto fue De Rosas ordenando la “nulidad” de la Resolución del Ente Regulador por considerarla un acto de arrogación contrario a los intereses de la provincia”.  El tema generó una crisis muy fuerte que debilitó aún más al Ente Regulador. Ningún funcionario se animaba a reconocerlo, pero todos sabían que también De Rosas tenía un terreno ubicado en el barrio Dalvian. Eran 800 metros cuadrados, valuado en $470 mil. El fiscal que le negaba competencia al Ente Regulador también tenía un interés particular en el agua para Dalvian.

Contra los débiles

De Rosas fue promovido como fiscal titular en 2010, a instancia del gobierno de Celso Jaque. El senado le dio su aval con el ominoso y vetusto sistema de voto secreto de bolillas blancas y negras. Sólo la senadora Alejandra Naman asistió a la Audiencia Pública previa e hizo pública su intención de votar en contra del pliego de De Rosas. Para entonces, además de estos escándalos se sumaron los cuestionamientos de la Asociación XUMEX, de Promoción de los Derechos Humanos. Uno de ellos se refería a que la Fiscalía de Estado no había alcanzado a cumplir con las obligaciones asumidas por la Argentina ante la comunidad internacional y en ocasiones había actuado en contra de la vigencia de los Derechos Humanos.

Se remarcaron dos actuaciones puntualmente. Una, la asumida durante el juicio por la muerte de Sebastián Bordón en San Rafael. Allí, la Fiscalía de Estado  había actuado en connivencia con  la defensa penal de los responsables de las violaciones de derechos humanos, es decir, en contra de las víctimas. El otro caso fue el relativo a la salvaguarda de los derechos de las comunidades Huarpes de Mendoza ya que la Fiscalía de Estado fue quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de la ley 6.920 aprobada en el 2001 por unanimidad. Dicha ley ordenaba que se les restituyera al pueblo Huarpe Milcayac que habita en el desierto lavallino unas 870 mil hectáreas. Para el Fiscal eso representaba demasiada tierra para tan poca gente.

En los últimos años, por iniciativa de la Secretaría de Ambiente se decidió que el Estado avanzaría en las expropiaciones y a la par se comenzó un diálogo con las diferentes  organizaciones representativas de los pueblos originarios. Y surgió un dato que vale la pena mencionar. De acuerdo a las estimaciones realizadas por una Comisión Evaluadora de Catastro se  determinaron los siguientes valores para el precio de la tierra a expropiar en Lavalle. La mayor parte del área a expropiar se determinó en $2,80 la hectárea; mientras que en algunos lugares con algún grado de infraestructura el monto se eleva a $100 la hectárea. Es decir, los terrenos rústicos del piedemonte expropiados para hacer una reserva natural fueron valuados diez mil veces más que los terrenos rústicos de Lavalle que tienen como finalidad hacer justicia con quienes originariamente tenían su tierra para vivir y trabajar.

Asuntos pendientes

Hay cuatro denuncias en Jury contra De Rosas por mal desempeño al no defender a la provincia. Se lo acusa de no haber reclamado a la Nación recursos descontados a la provincia sin ley que lo respaldara, por no accionar en la liquidación de regalías petroleras que la Nación calcula con un criterio diferente al del precio internacional del tambor de crudo. Se lo acusa de un hecho grave en la renegociación de los contratos de tragamonedas en el Casino de Mendoza, donde las máquinas las presta la empresa Mendoza Central Entretenimientos que es parte del grupo Vila.

Esto ocurrió el año pasado, al firmarse un acuerdo por el cual el canon de la concesión fue elevado del 26% de la recaudación de las máquinas al 47% y todo con el aval del fiscal. Muy ligado a esto, también se le reprocha el tema Divisadero Largo. Ahora bien, hay varios asuntos que fueron dejados de lado por los miembros del Jury.

Nos referimos a omisiones en tiempos de titularidad de Joaquín De Rosas al frente del organismo. Durante la gestión de Eduardo Frigerio, el Departamento General de Irrigación concedió una serie de permisos de agua de manera irregular. Es decir, pese a las restricciones para perforar en la margen derecha del río Mendoza, el organismo le dio el agua a un grupo de siete emprendimientos inmobiliarios privados. Todos con proyectos de viviendas de lujo, extensas parquizaciones, piscinas y canchas de golf que sumaban 7.000 hectáreas, en una zona donde la superficie irrigada para la producción vitivinícola es de 6.000 hectáreas. Ante esa resolución del Departamento General de Irrigación, la Fiscalía de Estado no interpuso la acción de lesividad, una facultad que sólo este órgano extra poder puede hacer valer frente a una decisión de otro órgano extrapoder como lo es DGI. De haber interpuesto dicha acción ante la Suprema Corte de Justicia, lo resuelto por Irrigación podría haber sido declarado nulo y perjudicial para los intereses de la provincia.