La noticia, conocida la semana pasada, sobre la cercana extradición del ex camarista fue celebrada por los organismos de Derechos Humanos. A casi dos años de su fuga a Chile, las expectativas de los y las sobrevivientes de la última dictadura y abogados querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad giran en torno a la posibilidad de que Otilio Roque Romano pase a integrar el grupo de ex magistrados que, próximamente, será enjuiciado por haber favorecido sistemáticamente la represión ilegal durante la última dictadura y por obrar en pos de la impunidad sobre estos crímenes a partir de la llegada la democracia.

Luego de más de treinta años de búsqueda de Justicia, Luz Faingold, ex presa política y actual directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Capital, manifiesta sentirse “tranquila” con la nueva oportunidad de que la Justicia toque definitivamente al ex camarista que avaló su secuestro y los tormentos a los que fue sometida durante 1975: “Es lo que más tarde o más temprano debía pasar. Hemos sido muchísimas las víctimas de esta gente. Lo que sucedió son esas cosas del destino en que uno guarda un documento, un recuerdo, una marca, y finalmente se hace justicia a través de eso”.

Para que Romano pise suelo argentino en calidad de imputado, resta esperar a que la Sala Penal de la Corte Suprema del país vecino confirme la decisión, pronunciada el 18 de junio por el juez chileno Sergio Muñoz, de aceptar la petición de extradición presentada por la Justicia argentina en febrero de 2012. Según informaron fuentes judiciales trasandinas, la confirmación surgirá de un momento a otro en cuanto se concluya con la formalidad de los trámites.

Faingold es reivindicada como una gran promotora de los procesos de Verdad, Memoria y Justicia cumplidos –y por cumplirse– en Mendoza, en especial en lo que respecta al inédito enjuiciamiento a cómplices civiles con el terrorismo de Estado que se concretará en los próximos meses.

Si bien la fecha de inicio de este juicio estaba estipulada para agosto, es posible que se dilate hasta octubre con la intención de sumar a Romano a la patota de ex magistrados a los que se imputa por haber omitido denunciar e investigar desapariciones, secuestros, torturas, violaciones de domicilio, robo de bienes de desaparecidos y homicidios entre 1973 y 1983: Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.

El aporte de Luz como testigo en el jury de enjuiciamiento que atravesó  el ex camarista en el Consejo de la Magistratura durante 2011 fue central. El mismo culminó el 24 de agosto de ese año con la resolución de su destitución, aunque Otilio Romano había huido un día antes a Chile.

El Estado chileno le denegó el pedido de asilo político que tramitó en cuanto arribó, pero le otorgó una visa transitoria de permanencia. Luego de que la Justicia argentina extendiera su pedido de extradición, el camarista destituido fue detenido en febrero de 2012 y desde entonces permanece bajo la figura de “arraigo” y con el régimen de arresto domiciliario nocturno.

Faingold también tuvo una destacada participación en el contingente de víctimas y testigos que a finales del año pasado viajó al país trasandino para brindar más elementos que finalmente permitieran al juez Muñoz fallar a favor de la extradición.

El caso de Luz es considerado por fiscales y abogados que intervienen en los juicios de lesa humanidad como un símbolo de la participación civil dentro del plan sistemático de personas que comandó el terror. En 1975, cuando todavía no había cumplido los 18 años, fue secuestrada en el mayor centro clandestino  de Mendoza, montado en el D2. La orden de su captura fue emitida por el entonces juez federal Luis Miret, en la actualidad también destituido.

La sistematicidad de las torturas y las violaciones que sufrió en ese lugar fueron descriptas en primera persona y confirmadas por sus compañeros de cautiverio durante el jury de enjuiciamiento contra Otilio Romano y en el primer juicio contra represores que se realizó en Mendoza. Pero 30 años antes, durante su detención ilegal, también habían sido denunciadas por ella misma ante Miret, quien justificó cada uno de esos tormentos por considerarla “subversiva”.

En ese contexto, Otilio Romano ocupaba el rol de fiscal federal y juez subrogante. Luz cuenta que en reiteradas ocasiones la visitó en su calabozo y que se mostró indiferente a las condiciones deplorables que padecía física y psicológicamente. La misma indiferencia que presentó Luis Miret ante su madre, quien no cesó en reclamarle la aparición con vida de su hija.

El caso de Luz es solo uno de los 103 por los que próximamente Otilio Romano deberá rendir cuentas a la Justicia argentina como “partícipe primario” del plan de exterminio, capítulo Mendoza.

¿Por qué creés que costó tanto que se hiciera factible esta posibilidad de que Romano volviera a la provincia para ser juzgado?

Cuando yo llegué a Mendoza, luego de mi exilio en Europa, me presenté en el juzgado federal  para decir que ya no estaba más prófuga y que me sometía ante la Justica bajo la ley 20840 de “Actividades Subversivas”.  Ese mismo día, hablando con quien en ese momento era mi abogado defensor, Luis Leiva, le dije: “¿Qué habrá sido de la vida de Miret?”. Me contestó lo peor: “Es camarista federal”. Yo ahí me olvidé completamente de la justicia, habían pasado tantos años y todo seguía igual: la complicidad judicial gigantesca, bancada ideológicamente. Por eso costó tanto tiempo y esfuerzo para llegar a este momento.

"En el caso de Romano hay que señalar, además de su poder, su propia personalidad. Ha sido históricamente un déspota en la Justicia, un unipersonal. De esa misma manera, cuando le llegó la obligación de presentarse ante la Justicia dijo: “No. Para mí esto no va", y se fugó.

Existe la posibilidad de que Romano sea reincorporado a la causa de la banda de jueces represores. Incluso se plantea la posibilidad de hacer una megacausa en la provincia con los cómplices civiles y lo que resta del D2. ¿Cómo ves esta oportunidad, más allá de que se alargue la fecha del juicio?

Me parece bárbaro. Ojalá que se haga pronto y que se incluya a Romano. Debe hacerse lo más grande y completo posible para agilizar el proceso. A los testigos nos cuesta mucho dolor y mucha energía participar en ellos. Son reparadores para nosotros, pero fundamentalmente para la sociedad. Como dice el juez Omar Palermo: “Son democratizantes”.

"Es algo que hacemos pensando no en nosotros mismos, si lo hiciéramos desde la individualidad quizá nos alcanzaría con la condena social o simplemente con que sean imputados. Pero ir a cada audiencia, escucharnos, escucharlos,  tener que volver testimoniar, es algo que nos cuesta emocional y afectivamente muchísimo.

"Tanto testigos como abogados hacemos un gran esfuerzo. Yo creo que los militantes de derechos humanos lo hacemos pensando en la Argentina, en la única manera que tiene la humanidad de salir adelante, que es respetándonos a nosotros y a los demás, respetando los derechos humanos, respetando el planeta. En realidad, lo que hacemos es trabajar por el futuro.

¿Cómo vivís en lo personal los avances en derechos humanos en materia de lesa humanidad que se vienen dando en el país?

Como que se está dando lo que se tiene que dar, que las cosas comienzan a llamarse por su nombre, que estos tipos están en la cárcel, donde deben estar. Es un momento en que las víctimas debemos sacarnos ese rótulo, pero teniendo las cosas claras…

¿De víctimas a sobrevivientes? Han sido ustedes mismos los que han conseguido la llegada de la justicia a partir de la vigencia de la memoria.

Sí, es verdad. Hemos salido de esa posición de víctimas, no nos sentimos más víctimas. Fuimos partícipes de un momento histórico del país en que perdimos porque se usaron métodos asesinos para con nosotros, los delitos de lesa humanidad. Pero sobrevivimos para contarlo, para que se haga justicia.

"La verdad es que toda mi vida esperé este momento de justicia; no para mí, para todos. En realidad, en los juicios penales no se resarce el daño,  no se devuelve la vida de nadie, pero sí hay una afirmación ante la sociedad de que la ley existe, de que los delitos de lesa humanidad no solamente no prescriben, sino que son los más graves de todos y esto para la sociedad es importantísimo. A mí, la felicidad que me causa hacer un bien es muy grande. Todo lo demás, todos los dolores por lo que pasamos, no importan.

Esta nueva época de la que hablás, época de reparaciones, te encuentra como funcionaria. Desde ese lugar, ¿qué opinión te merece el reciente fallo de la Corte en contra de la popularización de la Justicia?

Pienso que la sociedad todavía no advierte la falsedad de la Justicia independiente.  Lo lamento, porque el Consejo de la Magistratura ya es un órgano sumamente político, y funciona políticamente en este momento con la oposición, con los partidos políticos. El consejero Alejandro Fargosi es del PRO, por ejemplo. Yo fui cuatro veces a la Magistratura por el caso de Romano, y pude ver que funciona directamente como un órgano político. La elección directa de esos consejeros pronto deberá democratizarse porque es lo que la sociedad necesita. Se encontrará alguna otra forma, quizá no sea en elecciones directas. La elección de los jueces y los abogados debería ser popular, porque de lo contrario se frena todo tipo de avances en la Justicia.