El titular de Oikos Red Ambiental, Eduardo Sosa, dijo que el trabajo de un grupo de investigadores de la UNCUYO y del CCT Conicet sobre la presencia de un contaminante industrial en el ambiente de Mendoza en bajas proporciones es una oportunidad para que el Gobierno, la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil analicen y elaboren proyectos de ley sobre sustancias peligrosas.

Sosa señala que existe un vacío legal respecto de la utilización de sustancias contaminantes, ya que las leyes vigentes se refieren al tratamiento de los residuos pero no prohíben su uso ni especifican controles. Aunque Argentina adhirió al convenio de Estocolmo, que define pautas sobre el uso de estos materiales, Sosa está convencido de que es necesario contar con una norma específica.

La investigación

La oficina de prensa de la UNCUYO informó que un grupo de investigadores de la casa de estudios y del Conicet realizaron un estudio que detectó la presencia de Retardadores de Fuego Bromados (BRFs) en el ambiente mendocino, aunque en bajas proporciones que no representan un riego inmediato para el ser humano. De todas formas, los científicos advirtieron que es una señal de alerta y que es necesario prohibir su utilización.

Estos retardadores del fuego son compuestos químicos incorporados en materiales plásticos, como electrodomésticos, circuitos electrónicos y hasta en muebles, con el objeto de retardar o inhibir el desarrollo de las llamas. Los retardadores se liberan al ambiente cuando entran en contacto con una fuente de calor.

El grupo de investigadores, compuesto por Jorgelina Altamirano, Néstor Ciocco, Paula Berton, Juan Manuel Ríos y Belén Lana, realizó mediciones ambientales a partir del 2010 en el agua, en el aire y en los sedimentos, donde detectaron la presencia  de estos contaminantes. 

De acuerdo al comunicado, los investigadores destacaron que químicamente esta sustancia es muy parecida al aceite de los transformadores y que produce efectos similares en el ser humano. Estos son: alergia e hipersensibilidad, cáncer, daño al sistema nervioso central y periférico, desórdenes reproductivos y alteraciones en el sistema inmune.

Pese a que las concentraciones que detectaron son bajas y no revisten peligrosidad, los científicos alertaron sobre la necesidad de prohibir su utilización. Esto ya se concretó a nivel mundial pero en nuestro país no están regulados por ninguna normativa, pese a que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo, que los incluye en la lista de contaminantes persistentes.

El grupo de profesionales continúa con su trabajo, realizando mediciones en la cuenca del Río Mendoza, desde la Cordillera hasta Lavalle.


Una señal de alerta

El titular de Oikos Red Ambiental recalcó que los resultados de la investigación representaban una señal de alerta respecto de la situación de los contaminantes presentes en el territorio mendocino. Sosa recalcó que si bien los niveles de la sustancia que está presente en muchos elementos de nuestra vida cotidiana no resultaron elevados, eran un puntapié para tomar medidas. Dijo que se podía trabajar en la identificación de los lugares donde existen focos y remediar el daño, así como en los proyectos de legislación necesarios para prohibir su utilización.

Es por eso que el titular de Oikos planteó que el estudio era una oportunidad para que el Ejecutivo, la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil trabajaran en conjunto en distintas propuestas en la búsqueda de soluciones a un problema concreto.

En materia de normativa, está reglado el tema de los residuos de contaminantes por la ley nacional 24051, que a su vez está contenida en la ley provincial 5917 y en su decreto reglamentario, explicó Sosa. Sin embargo, el bache se produce en la reglamentación respecto de la utilización de esta sustancia, que es nula en Argentina.

El ambientalista señaló que, si bien Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo, donde la sustancia está incluida en la lista de contaminantes persistentes, no existe una ley específica que regule su uso y los controles que se deben realizar, por lo que entiende que existe un verdadero vacío legal.

“Es una oportunidad para la provincia para legislar sobre un montón de sustancias tóxicas que al ser expuestas al ambiente podrían ocasionar daños a la salud humana y al ecosistema. El Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales es un actor fundamental, así como las universidades, las ONG y el Colegio de Abogados, a través de su comisión de ambiente. Creo que es la posibilidad de hacer algo juntos, advertidos por la ciencia”, comentó Sosa.