La Cámara de Senadores aprobó el proyecto que crea la figura del Defensor del Docente que establece el agravamiento de las sanciones correccionales para ofensas a docentes y un nuevo sistema de denuncias en las escuelas, en caso de que se detecten situaciones de violencia en contra de menores.

Durante la sesión de este martes 31, se dio media sanción con 30 votos a favor, la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, más precisamente por el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, el director General de Escuelas (DGE), Jaime Correas, y los senadores Juan Carlos Jaliff y Mariana Caroglio. El proyecto tardó más de un mes en tratarse luego de ser presentado y, su momento, el SUTE lo criticó por apuntar sólo a las consecuencias de los casos de violencia y no a la prevención de esos hechos.

Esta iniciativa no sólo contempla la defensa de los maestros, sino también del personal no docente dentro del ámbito educativo, la asistencia legal gratuita, poder canalizar denuncias a través de esa figura y no tener que hacerlo a títulos personal para evitar denuncias de padres. También se busca que a través de la idea preservar a los propios niños en las escuelas, según el Gobierno.

La creación del Defensor del Docente se trata de un Órgano de Revisión Local que se encontrará dentro de la estructura del Ministerio Publico de la Defensa y Pupilar de la provincia. Este órgano tendrá el objetivo de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental, conforme lo establece la Ley de Salud Mental N° 26.657.

“Los docentes o profesionales, que por tener contacto inmediato con los menores, advierten en primer término tales indicadores y formulan la pertinente denuncia judicial, en numerosas ocasiones, son posteriormente víctimas de violencia verbal, física y/o material en sus bienes, por parte de las personas que a raíz de la denuncia pasan a ser sujetos de investigación por el Ministerio Público Fiscal”, detalla el proyecto.

Además, establece que el Ministerio Público Fiscal debe arbitrar los medios para proteger a quienes por colaborar con la Administración de Justicia corran peligro de sufrir algún daño. Ese ministerio deberá "velar por la protección integral del niño/niña y del adolescente, de acuerdo a lo dispuesto por las normas constitucionales y las leyes sobre la materia".

En relación a las sanciones para los agresores, el proyecto dice que se agravaba el carácter de las mismas. Actualmente, van hasta los $ 1.000 y 10 días de arresto, de acuerdo con el Código de Faltas. Si se aprueba esta iniciativa, se equiparan las agresiones que sufran los docentes, celadores u otros miembros de la escuela con las que podría recibir un miembro del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y se elevan las multa a $3 000 y 30 días de arresto, es decir que se triplica la sanción. En caso de que la falta sea un delito, intervendrá la Justicia penal con las consecuencias previstas en el Código Penal.