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05 DE DICIEMBRE DE 2024
El miércoles 20, una comisión investigadora decidirá si le da curso al pedido de suspensión del jefe comunal más cuestionado del PJ. Por asistencia de la Provincia, se pagarán sueldos adeudados por un monto total de 8 millones de pesos.
Foto publicada en el perfil de Facebook de Sergio Salgado.
La que empieza será una semana clave para la continuidad del intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, frente a esta comuna. Es que el miércoles 20, la comisión investigadora, formada por los diez ediles que constituyen el Concejo Deliberante, decidirá si le da curso al pedido de destitución por las posibles irregularidades cometidas por el justicialista o lo vuelven a perdonar, como ya sucedió en dos oportunidades anteriores en sus tres períodos consecutivos de gestión.
La comisión investiga al intendente por 12 puntos complejos que lo involucran. Entre otros, por la liberación de 300 cheques rechazados por el Banco Nación por falta de fondos, la demora en el pago de sueldos a los trabajadores municipales, que en algunos casos alcanza los cinco meses, y el cierre del municipio por su propia voluntad, primero, y por no haber acatado la ordenanza dictada por el Concejo para que reabriera sus puertas, después.
Lo cierto es que tras ganar las elecciones en su departamento –situación que le otorga un punto a favor frente a su partido, ya que, cuestionado y todo, logró lo que otros seis exintendentes peronistas no lograron: mantener a la comuna bajo la gestión del PJ–, Salgado ingresó en un verdadero atolladero político que ha llevado a Santa Rosa a transitar una crisis política y social muy compleja.
En primer lugar, hay una superpoblación de empleados públicos tan importante que la pauta salarial (6 millones de pesos mensuales) supera ampliamente la recaudación (4 millones de pesos, en carácter de coparticipación). Luego, hay trabajadores a los que se les adeudan entre tres y cinco meses de sueldo. Por lo tanto, muchas dependencias del municipio no funcionan.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta la particular discusión política que se da en este municipio. Los ediles del PJ no se llevan bien con el intendente de su mismo signo político pero no les queda más remedio que sostenerlo, a riesgo de perder otro territorio. Mientras, los radicales están que arden. Al frente de la columna de concejales que quieren ver a Salgado destituido, se encuentran Norma Trigo –la presidenta del Concejo– y Débora Quiroga, una de las concejalas del partido radical que no son cornejistas. Por su parte, el concejal demócrata Antonio Ponce, exintendente y enemigo acérrimo de Salgado, también lo quiere fuera de la intendencia. Luego hay radicales que le responden a Cornejo que no lo culparán para no provocar una grieta en la relación que el Gobernador ha establecido con los jefes comunales de la oposición. Por último, los ediles peronistas, a pesar de que no tienen una buena relación con él, lo deberán apoyar por presión de los demás caciques del partido. Una demostración de esto fueron las declaraciones públicas realizadas por Jorge Omar Giménez, el intendente de San Martín, quien dijo que lo de Santa Rosa era un verdadero golpe institucional.
El respiro esperado
A pesar de que Salgado tiene una reputación cuestionada, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a asistirlo monetariamente, con adelantos de la coparticipación por 8 millones de pesos, que se depositaron directamente en las cuentas de los trabajadores a los que se les adeudan sueldos.
Esto descomprimirá los ánimos, y al menos, los municipales volverán a sus puestos de trabajo. Sin embargo, la asistencia financiera no servirá para pagar todas las deudas que la comuna tiene, sino solo una parte de salarios. A cambio, Salgado presentó un plan para ahorrar y mejorar su administración en dos meses.
En Santa Rosa hay un empleado público cada 6 habitantes
2700 estatales en un pueblo de 16 300 habitantes es un número poco creíble pero real. Este es el motivo por el cual la pauta salarial de 6 millones de pesos mensuales pesa más que los ingresos de coparticipación, que apenas son de 4 millones. Este desfasaje ha provocado que se acumulen entre 3 y 5 meses en sueldos adeudados.
La protesta de los trabajadores provocó la semana pasada disturbios que derivaron en una situación insólita: el intendente peronista Sergio Salgado cerró el municipio porque corrían peligro su seguridad y la de los trabajadores.
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