Hoy se retomará la sesión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que pasó a cuarto intermedio el miércoles pasado. En esa oportunidad y luego del paso del ministro de Seguridad Gianni Venier, quien intentó despejar las dudas de los legisladores –sobre todo de los del Frente para la Victoria–, se acordó que el oficialismo introduciría “pequeños cambios” sobre todo en lo relacionado con términos utilizados en la redacción del texto, que no modifican el espíritu de la iniciativa.

Si los justicialistas logran que se concreten estas modificaciones, firmarán el único despacho con el que la idea del Ejecutivo recibirá sanción del Senado y, como ya se ha trabajado entre la comisión de LAC y la bicameral de Seguridad, su paso por Diputados no será pedregoso. Este sería el camino ideal. aunque podría haber un obstáculo relacionado con la oposición.
 

Posibles escollos

La semana pasada los miembros justicialistas de la comisión de LAC designados como voceros en el tratamiento del proyecto de prisión preventiva –Luis Böhm, María José Ubaldini y Eduardo Bauzá– lo dejaron en claro: por un lado, no tendrían inconvenientes en firmar el despacho si el oficialismo aceptaba los cambios propuestos, pero con un requisito más: convocar a una mesa de diálogo para elaborar una política de Estado en materia de Seguridad; un espacio donde ponerse de acuerdo no sólo entre los tres poderes del Estado, sino con una convocatoria ampliada a los intendentes. En este sentido, Böhm subrayó que no sólo lo iban a proponer “in voce” sino que lo concretarían a través de un proyecto de declaración que también será presentado mañana en la sesión del Senado. Si el proyecto no llega a aprobarse, o si no tiene el visto bueno, al menos de palabra, del gobernador, podría surgir un inconveniente de la oposición en el momento de avalar el proyecto de reforma del Código Procesal Penal pedido por el Ejecutivo.

El otro problema que puede surgir sobre la marcha es la aprobación del proyecto para modificar el directorio de la Inspección General de Seguridad (IGS). Los peronistas lo consideran un avance de Cornejo por sobre los derechos de control de la oposición en los organismos públicos que así lo permiten. El punto es que el radicalismo y sus socios del frente Cambia Mendoza cuentan con los votos para convertir en ley la intención del Ejecutivo de contar con la mayoría de los lugares en el directorio de la IGS. Pero no es diplomáticamente conveniente avanzar con esta iniciativa justo en la misma semana en la que se pide a la oposición que se sume a respaldar el proyecto de prisión preventiva. Este sería también un instrumento de negociación en la discusión entre partidos.

 Las definiciones de estas peleas puertas adentro de los bloques se concretarán mañana durante el debate por la ley Cornejo.