Cómo se aplica la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Mendoza

Sociedad

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina destacó: “La tendencia de rechazos a las acciones iniciadas da cuenta de la poca permeabilidad del Poder Judicial a las embestidas que buscan derribar la ley. Por lo tanto, celebramos que la Justicia esté actuando como garante de un derecho consagrado en nuestro sistema legal”.

En cuanto al acceso a derechos sexuales y reproductivos, “Argentina presenta un mapa desigual” entre las distintas jurisdicciones, aseguró la organización. Particularmente en las zonas alejadas de los centros urbanos, no solo no hay recursos materiales –ni campañas de difusión de información– disponibles sino que tampoco hay personal capacitado que asesore o acompañe en temas relacionados con educación sexual, anticoncepción y aborto. 

La organización detalló que se involucra en las causas judiciales “para proteger la ley y rechazar toda iniciativa que busque derribarla”. Por eso, en las próximas horas habilitará un canal de contacto para que las personas puedan denunciar en caso de que les obstaculicen el acceso a la IVE o a la ILE.

¿Cuál es la diferencia entre IVE e ILE? 

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) establece el derecho a acceder a un aborto voluntario –sin restricciones en cuanto al motivo– hasta la semana 14 (inclusive) de la gestación. La interrupción legal del embarazo (ILE), por su parte, reconoce el derecho a acceder un aborto sin límite temporal cuando el embarazo representa un peligro para la vida o la salud de la mujer o persona gestante, o cuando es consecuencia de una violación.

Amnistía precisó algunas cuestiones pendientes. En primer lugar, la autorización de la mifepristona por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La mifepristona es un medicamento que bloquea la actividad de la progesterona, aumenta la efectividad del aborto medicamentoso y reduce los tiempos del tratamiento. Es usada junto con el misoprostol y los países donde el aborto es legal la incluyen en sus protocolos de interrupción de embarazo. 

En segundo lugar, se demandó la necesidad de mejorar la accesibilidad a la aspiración manual endouterina, conocida como AMEU. Este reclamo surge a raíz de que en casi todas las provincias se siguen haciendo legrados, un método menos seguro y más invasivo de acceder a un aborto que “debería reservarse solo para casos en que no haya disponibilidad de otras opciones”. 

En tercer lugar, se reclamó la efectiva implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles, como herramienta para que el estudiantado conozca sus derechos. La Ley 26150 fue sancionada en 2005 y establece que todos los establecimientos educativos –públicos y privados, confesionales y laicos– deben garantizar la ESI.