Subió la pobreza en Argentina: alcanza al 39,2 % de las personas

Sociedad

El objetivo del trabajo fue analizar el acceso a la justicia en causas civiles, teniendo en cuenta distintas variables, como la situación social, económica y el nivel educativo, entre otras, para analizar las características de quienes accedieron a algún mecanismo para resolver los problemas, ya sea en instituciones formales o en sedes de tipo informal, como centros comunales o religiosos.

El estudio se realizó durante el segundo semestre de 2022 y abarcó 5740 encuestas que se concretaron  en los 20 principales conglomerados urbanos del país, incluyendo el Gran Mendoza.

Brecha de acceso

El informe detalla en su introducción que esta problemática es global, teniendo en cuenta que, según datos del "Reporte Justicia para Todos", dos tercios de la población mundial (5100 millones personas) se encuentran privadas de justicia. De ese total, 1500 millones tienen problemas que no pueden resolver y 4500 millones están excluidos de las oportunidades sociales, económicas y políticas que brinda la ley.

Si bien se resalta la dimensión global del problema, se detalla la necesidad de analizar y comprender las brechas de inequidad en el acceso a la justicia en los contextos de cada nación, con el objetivo de proponer herramientas de intervención que permitan hacer realidad los compromisos de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Además, se detalla que el PNUD propuso participar al Observatorio de la Deuda Social de la UCA con el objetivo de avanzar en la comprensión del acceso a justicia, en contextos de creciente desigualdad social, aumento de la pobreza y de múltiples vulnerabilidades sociales.

Conflicto y forma de resolución

El informe determina que seis de cada diez personas (el 61,3 %) encuestadas se vieron implicadas en una controversia civil en los últimos dos años. De ese total, 8 de cada 10 personas pudieron acceder a un mecanismo formal de resolución y solo 1 de cada 10 personas pudo acceder a uno informal.

En cuanto al tipo de conflicto: el 24 % se debió a rupturas familiares (divorcios, herencias, responsabilidad parental o cuotas alimentarias); el 11 %, a inconvenientes laborales (despidos injustos, trabajo en negro o falta de pago); el 4 %, a peleas por deudas, y el 3 %, a problemáticas ambientales en su lugar de residencia.

Otra de las conclusiones del trabajo fue la brecha de acceso a la justicia entre quienes se encuentra en mejores condiciones sociales y económicas (el 61,3 %) y quienes se encuentran en la franja de indigencia (es decir que no acceden a alimentos básicos): el 22 % menos que en el grupo anterior.

En cuanto a la materia del reclamo, el informe advierte que las personas viviendo en condición de indigencia son las que más problemas tienen en cuanto a las relaciones de vida (el 41,7 %) y, en menor medida, en relación con prestaciones de servicio. En el otro extremo, las personas sin condición de pobreza son las que presentan las mayores propensiones a tener disputas por prestaciones o servicios (el 33,1 %).

El informe también muestra que, a mayor estrato socio-ocupacional, mayor fue el acceso a la justicia. En este sentido, ocho de cada diez profesionales lograron acceder a mecanismos de solución de disputas, mientras solo seis de cada diez accedieron entre quienes se ubican en las clases media tradicional, trabajadora integrada y trabajadora pobre.

Diferencias etarias y de género

En cuanto a las diferencias etarias, el informe muestra que el grupo conformado por quienes tienen 29 años o menos acceden en una proporción menor a la justicia (el 55,1 %) en comparación con los de más edad.

En cuando a la variable género, la investigación no determina una relación dominante respecto a la posibilidad de acceder a un mecanismo de solución de controversias. Si se analizan los datos cruzando las variables género y edad, se observa que la menor probabilidad de acceso del grupo más joven se da tanto en los varones como en las mujeres, con mayor fuerza en los primeros.

Otro aspecto relevante fue el nivel educativo formal, específicamente relacionado con el secundario. En este sentido, el grupo que no terminó el ciclo reporta un acceso del 59,3 %, mientras que el que lo completó llega al 62,7 %.

También el informe muestra que el 51,9 %  de las personas con alguna condición de discapacidad accedieron a mecanismos de resolución de conflictos, mientras que las personas que se autoidentificaron sin discapacidad accedieron en el 62,1 %; es decir, una diferencia de 10,2 puntos porcentuales.

También se visualiza que 53,3% de las personas migrantes accedió a algún mecanismo para resolver su conflicto, mientras que ese porcentaje alcanzó 61,9% entre las no migrantes.