Comenzó de forma virtual el segundo juicio por los abusos en el Próvolo

Sociedad

En este proceso se juzga a nueve personas: las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y las exdirectivas y trabajadoras del Instituto Graciela Pascual Ivars, Gladys Edith Pinacca Andrade, Cristina Fabiana Leguiza Funes, Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela, Laura Alejandra Gaetan Sicardi, Cecilia Alejandra Raffo Andreotti y Noemí del Carmen Paz Torrez.

La denuncia

Érica explicó a Unidiversidad que en el juicio, presido por Gabriela Urciuolo, Rafael Escot y Belén Salido, se revictimiza a los sobrevivientes. Explicó que, por ejemplo,  son citados a las 9 y comienzan a declarar a las 12, por lo que una de las chicas fue trece veces a Tribunales.

La joven también pidió celeridad en el proceso, ya que aseguró que si continúan las demoras, el juicio podría llevar años antes de llegar a una sentencia.

Érica comentó también que la actuación de los defensores de las religiosas es una de las razones que ralentiza el proceso, ya que presentan innumerables escritos que solo retardan el juicio.

Otro de los aspectos que marcó la joven es que el Ejecutivo provincial no cumplió con las sugerencias que el Tribunal del primer juicio incluyó en la sentencia. Básicamente, se le pedían medidas para restituir derechos, como brindar posibilidades de estudio, de trabajo y de acceso a vivienda de los y las sobrevivientes.

En este sentido, la mujer explicó que, pese a los reclamos y las solicitudes de reuniones, no obtuvieron respuesta por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la cartera que debería resolver estas demandas.

Ampliación de denuncia en ONU

Por su parte, Peccinetti explicó que Xumek ampliará la denuncia que realizó en 2020 ante distintas relatorías de la ONU, donde expondrán “la nula colaboración y la obstrucción del proceso judicial por parte de las autoridades de la Iglesia Católica”.

Según la perspectiva de Peccinetti, esta falta de colaboración de las Iglesia Católica en el proceso se vislumbra en la actuación del equipo de defensores de las dos religiosas acusadas, que, a su entender, buscan obstruir y demorar el juicio.

Si bien estas relatorías solo tienen la potestad de sugerir cambios, la letrada consideró esencial que tengan conocimiento de la actuación de las autoridades eclesiásticas.

Primer juicio

La investigación judicial del caso Próvolo se inició en noviembre de 2016, cuando un integrante de la comunidad de personas sordas de Mendoza concurrió a un encuentro sobre niñez en la Legislatura y le pidió ayuda a la senadora Daniela García para que exestudiantes pudieran hacer las denuncias con todas las garantías del proceso. Por el caso, un acusado fue declarado inimputable y otros cuatro fueron condenados. En septiembre de 2018, Jorge Bordón aceptó su culpabilidad y fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez recibieron condenadas de 42, 45 y 18 años respectivamente, al finalizar el primer juicio el 25 de noviembre de 2019.