El segundo juicio por los abusos en el Próvolo será largo y complejo

Sociedad

En el segundo proceso, se juzga a nueve personas: las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y las exdirectivas y trabajadoras del Instituto Graciela Pascual Ivars, Gladys Edith Pinacca Andrade, Cristina Fabiana Leguiza Funes, Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela, Laura Alejandra Gaetan Sicardi, Cecilia Alejandra Raffo Andreotti y Noemí del Carmen Paz Torrez.

La religiosa Kumiko Kosaka es una de las nueve imputadas en el segundo proceso judicial por los abusos en el Próvolo. Foto: Unidiversidad

Un proceso complejo

El segundo juicio fue complejo desde su inicio a raíz de la pandemia. Luego de las adecuaciones tecnológicas necesarias, comenzó el 3 de mayo de 2021 y fue presido por Horacio Cadile, Gabriela Urciuolo y Rafael Escot como vocales, y Belén Salido y Belén Rena como suplentes. Quince días más tarde, Cadile se apartó del proceso, luego de que la defensa lo denunciara por entender que, en una serie de chats, se refería de una forma inadecuada a una de las religiosas acusadas, por lo que la jueza Urciuolo asumió la presidencia.

Además de las dificultades por la pandemia, se sumó la gran cantidad de imputadas y profesionales que las asisten, y de quienes realizan lo propio con sobrevivientes y sus familias. A este abultado número de personas, se sumaron intérpretes en lengua de señas y especialistas propuestos por las partes, que fueron algunas de las razones por las que se alargó el proceso.

En todos los casos, el órgano administrativo del Tribunal Penal Colegiado extendió la fecha propuesta para realizar el juicio, que en una primera instancia se estableció en cuatro meses. De acuerdo a esos aplazamientos, el proceso debía terminar el 29 de julio de 2022, pero, frente a la reducida cantidad de testigos y reproducción de cámaras Gesell que vio el Tribunal en relación con el total propuesto, es que se determinó un nuevo plazo, hasta el 30 de diciembre. En la resolución, se deja constancia de que existe la posibilidad de extender nuevamente los plazos debido a la “complejidad probatoria” del proceso.

Cuatro condenados

La investigación judicial del caso Próvolo se inició en noviembre de 2016, cuando un integrante de la comunidad de personas sordas de Mendoza concurrió a un encuentro sobre niñez en la Legislatura y le pidió ayuda a la senadora Daniela García para que exestudiantes pudieran hacer las denuncias con todas las garantías del proceso. La legisladora informó del tema a la entonces vicegobernadora, Laura Montero, que se puso en contacto con autoridades judiciales que facilitaron el proceso.

Por el caso, un acusado fue declarado inimputable y otros cuatro fueron condenados. En septiembre de 2018, Jorge Bordón aceptó su culpabilidad y fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez recibieron condenadas de 42, 45 y 18 años respectivamente, al finalizar el primer juicio el 25 de noviembre de 2019.

El 14 de junio de 2021, murió el sacerdote Nicola Corradi, que cumplía su condena en modalidad domiciliaria, debido a su edad –tenía 85 años– y a su estado de salud.