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22 DE JULIO DE 2024
La vicegobernadora presenta su Ley de Ética Pública.
Laura Montero rodeada por los medios. Fue el sábado en General Alvear durante la Fiesta de la Ganadería de las Zonas Áridas. Foto de Facebook.
Advertencia: el protagonismo que cobrará la vicegobernadora Laura Montero hoy lunes 9 se impondrá en la agenda pública por lo menos en la primera parte de la semana. Esta acción de Montero “competirá” con los títulos renovados de los #PanamáPapers cuando, a las 15.00 (hora local), se conozca la segunda liberación de datos sobre las empresas off shore que impactará en Argentina. También coexistirá con el tratamiento de la ley antidespidos y las tribulaciones de Mauricio Macri quien infructuosamente le sigue rogando a Sergio Massa que no apoye la norma (aunque lo hará) y hace lo mismo con los empresarios para que no despidan más trabajadores, por lo menos en los próximos 80 días. Además, lo que ocurrirá con los colegios de la UNCUYO y la idea de los padres de los alumnos de mandar a sus hijos a clase (el viernes hablaron con el rector Daniel Pizzi para que intercediera), pese a que habrá una semana más de paro de los profesores.
La audiencia que marcó la cancha
Primero se mostró como una activa militante de la transparencia contra la opacidad peronista cuando, antes de asumir, anunció que habría una investigación de la Auditoría General de la Nación para conocer el estado de las cuentas públicas. Lo concretó el 11 de enero en la Legislatura, al mes de asumir junto al gobernador Alfredo Cornejo. En aquella oportunidad, Montero se mostró como un ariete de un gobierno que asomaba a un escenario escombroso y pantanoso dejado por el peronismo.
Las declaraciones del escándalo
Aquel acto de gobierno transparente contrastó con la revelación de los datos de las declaraciones juradas exigidas por un decreto dejado por Paco Pérez días antes de terminar su mandato.
Montero fue una de las cuestionadas de la semana que pasó por las valuaciones de sus propiedades registradas en su declaración jurada ante la Fiscalía de Estado. Son muy recordados los 70 centavos que declaró como valor de un terreno. Y, para colmo, quedó más en evidencia cuando se mostraron los datos que la misma vicegobernadora entregó a la Oficina Anticorrupción cuando era senadora nacional. Fue el miércoles 4, cuando se notaron las incongruencias en las disímiles cifras adjudicadas en cada documento para el mismo patrimonio.
Dos días después, la vice reaccionó con una carta y con una agenda que se precipitará este lunes 9 dando su segundo acto de transparencia, pero en este caso con un proyecto para redimirse ella misma de la neblina institucional en que quedamos inmersos los mendocinos tratando de descifrar las DD.JJ. Tanto desquicio público fue sazonado con rezongos de Cornejo porque el periodismo le dio importancia a un detalle “anecdótico”, como son las valuaciones fiscales absurdas tomadas en cuenta en las declaraciones juradas que receptó la Fiscalía de Estado.
La olvidada Ley de Avalúo y el PJ en paracaídas
En realidad, que la dirigencia política no haya previsto el impacto que generarían las valuaciones fiscales deja ver lo poco que le importa ese tópico a la hora de definir una de las tres leyes financieras más importantes de cada año que definen lo que quiere hacer un Gobierno. Son precisamente, Avalúo (la norma en que, por determinación política, sólo se ajustan las alícuotas y no las valuaciones), Impositiva (la ley que define los tributos provinciales y los ingresos y que es definida en base a la primera) y finalmente la ley de Presupuesto.
También trascendió el espasmo peronista que, como caído de la estratósfera, corporizó el expresidente de la Cámara de Diputados durante los 8 años de gestión del PJ, quien ahora decidió presentar un proyecto de ley y denunciar que, progresivamente, en las últimas dos décadas se produjo un atraso entre el avalúo fiscal con respecto a los valores de mercado de las propiedades inmobiliarias. Un verdadero resquicio para mirarnos como responsables del Estado del cual todos renegamos.
La decisión ejecutiva de Laura junto a Despouy
Ahora la vicegobernadora retomará la iniciativa pública y, por segunda vez en lo que va de esta gestión radical, concentrará la atención mediática, incluso por encima del gobernador. Y seguramente relegará, otra vez, de la agenda la discusión pública por el endurecimiento de las prisiones preventivas que Cornejo instaló el domingo 1.º –justamente– frente a la Asamblea Legislativa.
Lo anticipó el viernes 6 en una carta abierta desde su perfil de Facebook. Allí Montero expresa: “Tomé la decisión”. Lo hace imperativamente como parte del Gobierno y ante la urgencia de haber quedado como una de las apuntadas del escandalete.
Dice Montero: “En la propuesta, dejo en claro cómo deben presentarse, a mi criterio, los bienes de ahora en más para que no haya dudas al respecto y resulten transparentes a la hora de la interpretación ciudadana. Se deberán consignar los mismos en tres columnas conforme a: valor en el momento que ingresan al patrimonio, valor de avalúo fiscal y valor de mercado. Como mi situación personal se prestó a confusión y puede haber generado dudas sobre mi integridad y honestidad, enviaré a Fiscalía de Estado los datos de mis bienes con el valor conforme a este proyecto; es decir: valor al ingreso del patrimonio, valor de avalúo fiscal y el valor de mercado. Así quedará perfectamente aclarada esta situación”.
Concretamente Montero dispuso:
1- “Cambiar la normativa vigente para que esto no suceda más presentando un Proyecto de Ley de Ética Pública”.
2- “Entregaré las diferentes valuaciones de mis bienes a Fiscalía de Estado”.
Resta la escenografía y el coprotagonista, que será nuevamente el extitular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy.
Se supone que la idea de Montero es personal, dado que no toma en cuenta, por ahora, los otros ocho proyectos de ética pública que ya están en algún rincón de las cámaras legislativas.
De hecho, se nota que la iniciativa es un impulso unipersonal de Montero, ya que el mismo Cornejo mencionó que deberían reflotar el proyecto de su heredero en Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, quien siendo diputado fue uno de los más activos para empujar un proyecto con esta característica. Además, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, el mismo viernes pasado había admitido que el mandatario le ordenó hacer una recopilación de los proyectos y generar uno nuevo para dentro de un mes.
Sin caer en el dislate de la interna, en situaciones como esta es cuando se ve la divisoria de aguas entre Cornejo y Montero.
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