El Mapeo Legal Trans 2019 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo) dio cuenta de que la identidad transgénero sigue siendo castigada como delito en 13 países de las Naciones Unidas. Se detalló que la población trans de Argentina es criminalizada a través de un número significativo de casos presentados en su contra por delitos de tenencia de estupefacientes y trata.

“Según informes de la sociedad civil nacional y de organizaciones internacionales de derechos humanos, este tipo de maltratos ocurren en el marco de tareas de prevención policial, en las cuales las personas trans reciben insultos, amenazas e intimidación por parte de la policía. También son objeto de requisas y desnudez forzosas llevadas a cabo por personal masculino y ‘violencia de terceros’ incitados por agentes de la policía”, sostuvo el informe.

Argentina y Costa Rica lideran la región en materia de reconocimiento legal de la identidad autopercibida. El mapeo apuntó que la Ley 26842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas confunde la trata con el trabajo sexual e impide que las trabajadoras sexuales ejerzan de manera colectiva y organizada, ya que todos los lugares donde se puede ejercer el trabajo sexual son criminalizados.

Sobre Argentina, respecto de la tenencia de estupefacientes, consignó que los términos amplios en que está redactado el fallo Arriola producido por la Corte Suprema en 2009, que reconoció la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado, y su carácter de no vinculante en tribunales inferiores, han permitido que algunos jueces sigan procesando a los consumidores de drogas.

Acá se puede acceder al informe de ILGA.

No obstante, valoró el sentido progresivo en el que actúan algunos funcionarios judiciales, como el caso del fiscal que en 2018 pidió desestimar una causa contra cinco mujeres trans acusadas de vender drogas por “vulnerabilidad estructural”, y en 2019 hizo lo mismo respecto de una mujer trans inmigrante peruana a la que se acusaba de vender drogas. Además, ponderó la suspensión de un juez en septiembre de 2019 por presuntamente agravar la condena de una mujer trans que había emigrado desde Perú y en 2016 fue sentenciada a 5 años y 3 meses de prisión por la tenencia de 1,5 gramos de cocaína.

Reconocimiento legal del género

Respecto a este punto, el informe subrayó que Argentina no solo permite el cambio de nombre e indicador de sexo sin requerimientos quirúrgicos sino que también reconoció dos opciones más además de ‘masculino’ o ‘femenino’. Esto, porque una Resolución de 2018 le ordenó al Registro Civil asignar solo una línea (“-”) al indicador de género de una persona, mientras un Juzgado ordenó rectificar el documento de identidad de una persona para que consignara "femineidad travesti".

La tercera edición del mapeo que analizó las leyes que criminalizan a las personas trans y los procedimientos que se deben llevar a cabo para cambiar legalmente el nombre y el marcador de género en documentos oficiales en 143 países reconoce que al menos en 13 de estos Estados es delito ser una persona trans, en su mayoría en virtud de leyes sobre "cross-dressing" (vestirse como lo haría el género opuesto), que penalizan las expresiones de género. Se trata de Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga y Emiratos Árabes Unidos.

“La evidencia obtenida por parte de comunidades locales destaca cómo las normas relativas a la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres, el merodeo, los delitos relacionados con el trabajo sexual y las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, entre otras, se utilizan activamente con el mismo propósito”, sostuvo Zhan Chiam, coordinador y coautor del informe. Por otro lado, en 96 Estados miembros de la ONU se permite el reconocimiento legal de la identidad género y en 25 de ellos “sin requisitos prohibitivos”, nueve de los cuales registraron este avance desde 2018: Australia (algunos estados), Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal.