Detuvieron y luego liberaron a una médica en Salta por garantizar una ILE

Sociedad

Barreras para acceder a la IVE

Los principales obstáculos encontrados por AI son la falta de información, las demoras en el acceso y "un mapa desigual y selectivo” de distribución de los centros de salud donde se garantiza el derecho al aborto.

En este sentido, dice AI, en las zonas alejadas de centros urbanos, aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado. Por ejemplo, tras una misión a Catamarca, Amnistía Internacional identificó muchas de estas falencias, cuyo punto álgido se observa en Andalgalá, donde directamente no hay centros de salud que garanticen el acceso. Según el testimonio de las mujeres, el aborto aún ocurre "en las sombras".

En el sur del país, quienes requieren acceder a la práctica en el sistema público de salud de Río Grande, Tierra del Fuego, encuentran barreras. El Hospital Regional, el único de la ciudad donde podría realizarse el aborto, no garantiza este derecho. En cambio, deriva sistemáticamente a las personas a un consultorio de atención primaria. Así, quienes necesitan internación deben viajar más de 200 kilómetros hasta Ushuaia.  

Amnistía señaló: “Uno de los principales obstáculos en el acceso se debe a la ausencia de campañas públicas de información. A ello se suma el colapso del 0800 de Salud Sexual, la línea de consulta sobre dónde y cómo acceder a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo”.

Para AI, con la legalización del aborto, Argentina supo posicionarse como un "país faro en la región". Sin embargo, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, remarcó: "No se ejerce un derecho que se desconoce, y en épocas complejas, más que nunca debemos estar presentes para garantizar el bienestar de mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo”.

Acciones para suspender la vigencia de la ley

Por otro lado, AI supervisa acciones judiciales en contra de la norma e interviene estratégicamente en algunos casos. De un total de 35 acciones iniciadas con el objeto de suspender la vigencia de la Ley 27610, 19 fueron declaradas inadmisibles –6 de esos rechazos están confirmados en segunda instancia y solo 7 continúan en trámite–, con lo cual “ninguna ha tenido impacto concreto en la vigencia de la ley”.

Belski explicó que su aporte consiste en brindar formación e información sobre qué hacer ante obstáculos y cómo denunciarlos, intervenir en litigios para defender y garantizar la implementación de la ley, y promover estrategias para el acceso a la IVE/ILE en cada rincón del país.