Según el informe de 2015 de Amnistía Internacional (AI), las denuncias de tortura y otros malos tratos en detenciones y cárceles de la Argentina "no se investigaron". El documento, que será publicado este jueves, advierte además sobre la demora en la aplicación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en el país y en el juzgamiento de los presuntos responsables civiles de delitos de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura.

En su informe anual, AI circunscribe esos casos de violencia institucional en detenciones y en cárceles de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut y detalla que algunos de los métodos utilizados incluían la "piscina eléctrica, la semiasfixia mediante bolsas de plástico o inmersión en agua, y el aislamiento prolongado", según consignó hoy la agencia EFE. Por otra parte, la organización internacional alerta que, a pesar del desarrollo de los juicios públicos por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el régimen militar de 1976 a 1983, "apenas" se avanzó para poner a disposición judicial a los presuntos responsables civiles, del ámbito empresario y judicial de estos crímenes.

No obstante, Amnistía –según el informe que será publicado el próximo jueves y que fue adelantado hoy por la agencia española de noticias– destaca que el pasado 23 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado un proyecto de ley que proponía crear una comisión para identificar los intereses económicos y financieros que estuvieron en connivencia con la dictadura militar.

En otro orden, advierte que, a pesar de que el Ministerio de Salud hizo público en 2015 un nuevo protocolo para la realización de abortos legales, al terminar el año aún no había recibido la aprobación ministerial. Según el informe, más de la mitad de las jurisdicciones carecían de protocolos hospitalarios "exhaustivos" que garantizaran el acceso a un aborto legal cuando el embarazo fuera resultado de una violación o cuando peligraran la vida o la salud de la mujer.

Amnistía Internacional denunció que, aunque la Constitución argentina reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y de gestión de sus recursos naturales, estos derechos "rara vez" se respetaron durante el pasado año. Uno de los casos que denuncia la ONG es el de Relmu Ñamku, líder de la comunidad mapuche Winkul Newen, en la provincia de Neuquén, que fue procesada por "cargos desproporcionados" tras resistirse a un desalojo "ilegítimo" en su territorio ancestral en octubre del pasado año.