Dos años antes de la aprobación por unanimidad de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, en 2009, el consenso político para proyectar el desarrollo urbano parecía imposible. Los legisladores provinciales le habían dado media sanción a una norma que apuntaba claramente al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios de tipo privados para que éstos pudieran seguir ocupando áreas bien cotizables de Mendoza como lo son las productivas y del piedemonte. Esa norma vergonzante, concebida no al servicio de la comunidad sino de un sector económico, fue a parar al archivo apareciendo en cambio otra solución. En gran medida, el aporte provino de los especialistas, profesores y científicos universitarios, tanto de la Universidad Nacional de Cuyo, como de la Universidad de Mendoza, Juan Agustín Mazza, más expertos del IADIZA (CCT-Conicet), el INTA, el INA, entre otras organizaciones y técnicos que trabajaron en talleres y foros. 

Después vino la confección del Plan Estratégico Provincial de Desarrollo para Mendoza 2030, gestado por otro conjunto de acuerdos y consensos fundamentales de los que la UNcuyo es parte. Y por último, un compendio de recomendaciones del Área de Políticas Públicas, a tener en cuenta en el desarrollo del proceso de reforma institucional de nuestra Provincia.

Una suerte de Hoja de Ruta que sobre finales del 2012 exige reflexionar y actuar sobre la brecha existente en relación a la provincia que “tenemos” y la provincia que “que queremos”. Atentos a que la provincia tiene la Constitución más vieja del país y que ya transitó ese camino  con la reforma constituyente de 1948 –derogada por el golpe militar de 1955- la proyección pone en el tapete la democracia participativa como la teoría que va en consonancia con la evolución de la ciudadanía pero también como guía práctica para afrontar una inminente transformación de todo el marco jurídico-normativo de Mendoza.

¿Cómo es que la UNCuyo puede orientar el propósito reformista?

Considero que podemos hacer nuestro aporte,  el documento elaborado describe los pro, los contra y la síntesis más acotada de los temas sobre los que habrán de decidir los constituyentes. Hemos rescatado experiencias nacionales y de derecho comparado en base a las cuales Mendoza puede abordar los temas que están necesitados de modificar en el texto constitucional de 1916, actualmente vigente.  

¿La idea es involucrarse, tal como ocurrió con el Plan Estratégico?

Seguimos la línea de involucrarnos con los problemas de nuestra sociedad, por eso la Universidad participó en la Ley de Ordenamiento Territorial y en el Plan Estratégico, aunque entiendo que algunos medios han mal interpretado este punto. De manera simplista han afirmado que Universidad apoya la reelección de Francisco Pérez, eso es una distorsión del esfuerzo que se está intentando. Es importante aclararlo entonces, no es que estemos tomando partido en las alternativas que estamos presentando, estamos diciendo, como universitarios y desde el prestigio que tiene la Universidad, que llegó la hora de animarse a discutir estos temas.

Cuando se debatió la Ley de Uso del Suelo había preocupación por la relación sociedad-Estado y se diagnosticaron varios problemas…

Efectivamente, nosotros hablamos de Reforma institucional básicamente porque partimos  de lo que dice el Plan Estratégico de nuestra provincia en el sentido de que lo que está en crisis es la estructura institucional, no solamente sus leyes sino que es  todo el andamiaje político-institucional el que se encuentra agotado para cumplir con las metas de una provincia socialmente inclusiva, territorialmente equilibrada y ambientalmente sustentable. Dicho de otro modo, hoy tenemos los problemas más dolorosos como son la inequidad social y la fragilidad ambiental y no hay otra forma de resolverlo que con una profunda reflexión sobre cómo mejorar la capacidad estatal, fortalecer la institución democrática y consolidar un Estado fuerte y eficaz en el tratamiento del modelo económico de desarrollo autosustentable.

¿Cuánta relevancia tiene el tema ambiental en la reforma?

Fue uno de los temas centrales en la reforma constitucional nacional de 1994, -allí fue que se incorporó la cláusula ambiental- y creo que Mendoza tiene mucho por analizar, sobre todo ahora que el reconocimiento del derecho humano al agua ha transformado lo que antes era considerado un “recurso”. Creo que es hora de considerar si no estamos atrasados y analizar la experiencia de la privatización de la empresa de agua, para saber qué enseñanza nos ha dejado. Lo otro que hay que analizar son las políticas hídricas, cuál es la eficiencia de las distintas legislaciones que existen. Y es que si bien se ha dicho que la Constitución de 1916 ofrece una institucionalidad interesante sobre la inherencia del agua al suelo, luego el tema de los pozos de agua subterránea no está regulado, y hay que ver cómo se ha ido avanzando en la administración del agua ya que en principio se detectan problemas de coherencia y eficiencia.  

 ¿Cuándo se debatió la reforma de 1948 se proyectó el modelo socio-productivo, ese sería el espíritu de una reforma total de la Constitución en la actualidad?

A Mendoza le cuesta mucho discutir el modelo socio-productivo, parece increíble que desde 1955 la provincia no haya roto con esta tradición de no discutir qué provincia quiere ser. Esto incluso no tiene que ver con el peronismo exclusivamente, si no observa la historia se encuentra con que la ley que permitió la Reforma era de 1943, es decir, había sido impulsada por un gobierno conservador, que después retomó el gobierno peronista y ahí hubo una discusión muy fuerte sobre si mantiene la legitimidad  o no. Y es por el rol de todos los partidos políticos que se resuelve la legitimidad, todos participan activamente en las deliberaciones,  incluso uso los más conservadores.

El tema invita a ser pensado desde la sociología y la cultura, porque lo que pasó con aquella reforma es lo mismo que pasó con la experiencia del Lencinismo, son como etapas silenciadas en la memoria social.

Hay todo un trabajo por hacer en ese sentido que trasciende la ciencia política y la sociología para efectivamente trabajar la percepción de la sociedad. Por cierto, una investigadora de la UNCuyo ha realizado un trabajo de exposición sobre los mapas conceptuales de 1916 –época en la que se redactó la carta magna que nos rige- y la actualidad y resulta muy impactante. Gracias a este tipo de herramienta se registra que a principios de siglo no existía la palabra “democracia” ni “derechos sociales”, ni hablar del  término “sustentabilidad”, en esa época se hablaba de la conquista del dominio de la naturaleza. 

La reticencia a reformar la Constitución bien puede leerse como un intento porque no se pongan en evidencia los quiebres y las fisuras del llamado “modelo mendocino”

He ahí un tema bien interesante. En las discusiones que se han producido en la Legislatura y otros ámbitos ha surgido esto de que en la Constitución originaria, antigua, estaría la fortaleza de Mendoza, lo cual es incierto y por ende es un argumento por desmontar. Esto de que por haber validado la Dirección General de Escuelas y el Departamento General de Irrigación y al mismo tiempo haber consagrado la no reelección del gobernador, se haya arraigado una cierta idiosincrasia mendocina que le ha permitido ser exitosa se ha convertido casi en una muletilla para cierto sector político que no admite reflexionar en base a otros parámetros. Basta preguntarse: ¿este modelo político institucional le ha permitido ser a Mendoza más exitosa o quedó rezagada en relación a 30 años atrás? ¿Y si efectivamente quedó rezagada, no tendrá que ver con esa institucionalidad que los sectores conservadores quieren mantener?

Una de las formas de deslegitimar la labor de los académicos es apelando a la idiosincrasia de los mendocinos, ¿cómo se responde eso?

Preguntando qué es y quién lo define. ¿Hablamos de un puestero de Lavalle o de un pibe que está haciendo skaters en la plaza? No hay parámetros en verdad para definirla porque estamos hablando de la transformación de una determinada idea política investida como de sentido común. Ahora bien, yo no creo que se trate de atacar porque sí aquello de que nuestros abuelos  vinieron y conquistaron el desierto haciendo el esfuerzo, pero sí hay que animarse a poner en duda y revisar ciertas cuestiones que han quedado casi fetichizadas. Es el caso de este no poder o no querer pensar cómo queremos ser y qué tenemos que modificar porque resulta que ésta institucionalidad nos hizo como somos.

¿Está dando resultado el debate por la reforma? ¿Se está abriendo pese a los intentos por cerrarlo?

Hay discusiones bien interesantes, apareció el tema de la autarquía del Poder Judicial que es un tema que no trabajamos desde el Instituto, y se está empezando a reconocer la necesidad tan evidente de revisar cómo están organizadas las circunscripciones electorales en la provincia, en base a qué criterio -si geográfico, poblacional o económico- ya que las villas cabeceras de ciertos departamentos importantes son las que terminan  imponiendo la totalidad de la lista de representantes con la consiguiente situación de dejar a dos municipios sin representación. Ahora bien, esto contrasta con el tratamiento a la ligera de la boleta única de sufragio y el desdoblamiento electoral. Inevitablemente esto lleva a confundir los planos de la composición de las cámaras con la metodología para elegir que tendría la ciudadanía. Parecería que para algunos sectores políticos la boleta única de sufragio es la gran panacea que permitiría superar las falencias democráticas y por supuesto que no lo es, tampoco el voto electrónico, ambos instrumentos se pueden implementar, pero no solucionan otros problemas de fondo. Por ejemplo, si se mantiene como están las cuatro circunscripciones electorales ni con el voto electrónico ni con la boleta única se va a solucionar la no representación de Santa Rosa y San Carlos, dos departamentos que alcanzaron el mayor porcentaje de asistencia electoral en las últimas elecciones y sin embargo carecen de representantes en la Legislatura.

El documento que elaboraron consigna el tema de la reelección del gobernador, es correcto desde el punto de vista de la caracterización del Estado eficaz contar con esta posibilidad?

La debilidad del gobernador empieza porque en términos limpios tiene dos años de gestión, entre que llega,  se acomoda y  tiene una elección en el medio.  En esa situación, el resto de los cargos políticos, los intendentes, los legisladores nacionales, y los gobernadores de las otras provincias de la región ven pasar esa gestión y no se puede ser inocente respecto de los  intereses en juego. En sentido estricto, para los actores políticos la no reelección es un problema y la verdad es que esto es leído por los poderes corporativos, y no sólo los empresarios y los medios de comunicación saben que en 4 años se va, también el Poder Judicial, los sindicatos, incluso los propios legisladores provinciales no le reconocen tanta autoridad política al gobernador para su propia continuidad legislativa. Ahora bien, el otro fenómeno que aparece es la mirada despectiva hacia el voto popular. Como si el simple hecho de habilitar una reelección implicase que la persona fuese reelegida. No es así,  lo van a reelegir si creen que ha sido positiva su gestión, pero puede perder la elección y ha habido casos de reelección que se han perdido porque han sido malos gobiernos. El problema entonces la mirada de algún sector hacia los sectores populares, éstos quedan como si fueran manipulables. Lo mismo ocurre con el tema del voto a los 16 años,  dan por supuesto que todos van a votar al gobierno, no son considerados como cualquier otro votante. Y lo cierto es que Mendoza ha tenido gran porción de votantes apoyando a Rodríguez Saá para presidente y nadie puede desconocer que Rodríguez Saá es un reelecto en su provincia de San Luis, por lo tanto esto genera un quiebre con esa idea de que la gente detesta la posibilidad de la reelección. Por otro lado no hay que perder de vista que hay un ciclo virtuoso entre la posibilidad de la reelección y la incorporación de la revocatoria de mandatos. Y es que de revocarse el  mandato al que defrauda el voto popular, vuelve el poder a la soberanía popular, reconociéndola teóricamente como el origen.