El Senado debatía esta noche las leyes de reforma previsional y responsabilidad fiscal, además del consenso acordado entre el gobierno nacional y 23 provincias para limitar el gasto público, en una sesión que, se espera, se extenderá hasta las primeras horas del jueves.

La discusión comenzó alrededor de las 16 tras un áspero debate sobre la posibilidad de que los acuerdos entre las provincias y el Ejecutivo Nacional sean girados también a la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.

Luego de que el oficialismo logró sortear esa dificultad por amplio margen en una votación nominal, la oposición cuestionó que los dictámenes de las tres normas no cumplían con el plazo entre su dictamen (el jueves pasado) y su llegada al recinto que establece el Reglamento del Senado. “Se hizo un acuerdo en Labor Parlamentaria. Los proyectos tienen seis días. Acá se han tratado temas con menos de siete días”, comentó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, y reclamó al oficialismo que se defienda solo al reclamarles efusivamente en pleno recinto: “Expliquen, expliquen, expliquen”.

Además, cuestionó que el acuerdo con los gobernadores fuera enviado en tres proyectos en lugar de hacerlo en uno solo. “El Gobierno, como siempre, comete tonterías. Los acuerdos debieron haber venido en un solo proyecto. Tienen problemas en el funcionamiento neurológico. Hacen todo mal”, se enojó el rionegrino.

Sin embargo, en lugar de responderle, el jefe del interbloque Cambiemos, el radical formoseño Luis Naidenoff, decidió no forzar la interpretación del Reglamento de la Cámara y pidió la habilitación sobre tablas con una votación que terminó arrojando una amplia mayoría de 62 votos a favor de debatir las iniciativas y ocho en contra.

La discusión de los proyectos se llevó a cabo en conjunto, pero su votación, cerca de la medianoche, se realizará por separado. Aunque tanto el proyecto de ley de responsabilidad fiscal como el consenso cuentan con amplio respaldo, la iniciativa más cuestionada es la que introduce cambios a la Ley Previsional.

Esa iniciativa fue rechazada por varios senadores, en su mayoría del peronismo, muchos de los cuales sí van a votar los acuerdos fiscales. El representante del Movimiento Popular Neuquino, el gremialista petrolero Guillermo Pereyra, integrante de la CGT, adelantó que iba a votar el consenso fiscal y la ley de responsabilidad, pero no la reforma previsional.

“A través de los años vamos a ver un salario del jubilado cada vez menor”, expresó Pereyra, tras lo cual el peronista chaqueño Eduardo Aguilar pidió que se vuelva a cambiar la fórmula de aumento jubilatorio contenida en el proyecto de ley para que las jubilaciones “se muevan en la misma proporción que los trabajadores activos”.

La chubutense kirchnerista Nancy González, en tanto, resaltó que el interbloque Cambiemos (compuesto por el PRO y la UCR) “va a pasar a la historia por bajarle, de nuevo, el sueldo a los jubilados”. Por el contrario, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, defendió la iniciativa porque servirá para “establecer un parámetro de previsibilidad en toda la Argentina y va a redundar en un proceso de crecimiento sostenido que va a beneficiar a todas las provincias y al Estado Nacional”.

La radical Silvia Elías de Pérez, en tanto, cuestionó a la oposición y pidió “ratificar el consenso arribado entre los gobernadores y el gobierno nacional en pleno”. “Es fácil decir que ratifican una cosa y no ratifican otras. Y me rebelo cuando me hablan de que hubo un apriete”, sentenció.

El proyecto de ley previsional incluye propuestas sobre aumentos de haberes por encima de la inflación, 82 % móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años. Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo sufrió algunas modificaciones en su discusión en comisión.

El planteo, hecho por Pichetto, establecía que el cálculo se hiciera con base en una combinación de "un 70 % del índice inflacionario y un 30 % de la variación de salarios", en lugar de tener en cuenta sólo la inflación y el crecimiento del PBI, como establecía el texto original que también incluía una actualización de haberes cada tres meses, indicación que quedó en el dictamen.

Mientras tanto, el proyecto de consenso fiscal firmado por el gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, excepto San Luis, incluye modificaciones tributarias y previsionales acordadas con los 23 distritos que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional. Entre los puntos acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores se destacan la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen antes del 30 de junio de 2018 y consensuar una nueva ley de coparticipación federal.