Cuando se escribe es conveniente decir desde dónde se escribe, a menos que sea claro. En la nota de opinión de Alberto Montbrun “Reforma Constitucional: el pueblo ya votó en contra” se dice poco sobre ello. A cambio, el título –como siempre– lo dice todo. Pero mal, todo mal. Porque no es cierto que el pueblo votó en contra la reforma del 2001. 

Esa reforma constitucional obtuvo la mayoría de  los votos necesarios sobre el padrón de los efectivos electores. ¿Qué órgano jurisdiccional decidió otra interpretación para esa elección? Ninguno. Porque como sabemos no hay inconstitucionalidad erga omnes –o sea para todos los casos – sino para cada caso.

¿Que podrá haber un pronunciamiento, insistiendo en la misma interpretación restrictiva del 89? Claro que sí, puede haberlo, pero puede también confirmarse esta interpretación más favorable a la reforma, en una etapa de cambios nacionales, regionales e internacionales, donde el Estado y la Sociedad tienen nuevos roles y desafíos.

Ni las leyes son pétreas ni mucho menos lo es la jurisprudencia, donde es central su continuo avance a favor de los derechos efectivos de las personas  y las necesidades de los pueblos, como lo ha probado la Corte Nacional surgida de esta última etapa de transformaciones. Ahí está dicho desde dónde hablo.

Para que no pese demasiado este sesgo, recuerdo que en las elecciones nacionales de donde surgen los/las presidentes y legisladores que integran las instituciones que nos rigen, las mayorías y minorías resultan sólo de los votos válidos emitidos, no del total del padrón como se pretende.         

Dice un dicho popular que en la cancha se ven los pingos. Alberto dice que es reformista pero que ahora no, que no es una necesidad de los ciudadanos. Y que hablemos de cosas importantes. 

Hablemos de cosas importantes entonces: cómo plantearnos el mayor bienestar del pueblo y una mejor institucionalidad, los dos grandes componentes de toda Constitución. Hablemos de cómo asegurar una mayor efectividad de los derechos que ya tenemos con la Carta de 1994 y la incorporación a ella, con el mismo rango, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Nación a la que pertenecemos.

Hablemos de la necesidad de una mayor participación popular en las decisiones, con las mismas herramientas consagradas a nivel nacional o mejores, porque aquello es un piso, no un techo, que además se va a reglamentar acá en Mendoza.

Hablemos de la necesidad de reconocer nuevos derechos como los de las mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y tercera edad con la dimensión social que merecen a esta altura de la evolución cultural y conciencia adquirida por nuestra sociedad en este nuevo siglo. Sociedad cuya pluralidad es notoria y esencial, ya que contiene todas las diversidades.

Hablemos de nuevas instituciones, defensoras del pueblo, de los consumidores, de los internos penintenciarios para que tengan la real oportunidad de resocialización y, con ello, también de mayor seguridad pública. Hablemos de la autonomía municipal, de la reelección de todos los representantes del pueblo, de un mejor funcionamiento del servicio de justicia, y de todo lo que sea realmente importante, incluyendo la potestad del Estado para no dejar en las grandes manos de los mercados la suerte y destino de las mayorías. La protección del ambiente y fundamentalmente el resguardo del agua, tan necesaria para la vida, un derecho humano más para esta provincia.

Porque sé que Alberto es reformista escribo esta nota. Porque sé que hay muchos otros reformistas en Mendoza con los que tenemos que construir un nuevo paradigma que obligue a todos, gobernantes, legisladores, jueces, a responder a las necesidades y derechos de nuestro pueblo.  

Porque no es esta la tarea solitaria de un gobierno, ni siquiera de quienes hoy somos mayoría, digo que avancemos los reformistas todos, de cualquier color político, porque aquí no hay caprichos, hay necesidades y derechos en juego para un futuro mejor. 

Francisco Pérez necesitaría los votos que se gane con su gestión para una reelección. No basta habilitarla. Hay legalidad y hay legitimidad en “reflotar” ahora la reforma votada en el 2001 porque no hay regla legal para su caducidad. Porque ahora no tenemos, como en el 2001, circulación de bonos y cuasimonedas inventadas para salir de la crisis fenomenal en que caímos y de la que estamos saliendo con más derechos y más institucionalidad. 

Si la Suprema Corte hiciera lugar a algún interés retardatario, seguiremos intentándolo, diciendo la verdad, como dice Eduardo Galeano, ya que para caminar sirven las utopías. Pero es imprescindible verlas.