Los cambios en el Ministerio Público Fiscal y que le otorgarían más poder regulatorio al procurador general, Alejandro Gullé, sobre los fiscales, no fueron tratados este miércoles 21 en la Cámara de Diputados. 

El cepo se lo puso el FpV al no aceptar el tratamiento sobre tablas del expediente, puesto que para esto necesitan los votos de los dos tercios de los legisladores presentes. La objeción del peronismo se planteó porque el oficialismo no quiso tocar la redacción del artículo 7 que, aseguran, coarta la libertad de prensa. Esto es porque dispone que a partir de la sanción de esta futura  ley –ya que probablemente la semana que viene se tratará y obtendrá la sanción inicial que necesita para pasar al Senado– toda la información de las causas que se encuentren en tratamiento en las más de 40 fiscalías que existen en la provincia se transmita a través de una oficina dispuesta para esta tarea y que se encuentre dentro de la órbita de la Procuración.

Hasta el martes 20 este punto no se había discutido y el hecho de que el FpV lo haya puesto como requisito para adherir a la idea del Ejecutivo exasperó a los radicales. “En el mes que hemos pasado discutiendo el proyecto, el peronismo nunca nos dijo que tenían inconvenientes con este artículo. No sé de dónde salieron a último momento estas objeciones, cuando ya nos habíamos puesto de acuerdo en el 97 % de lo dispuesto en el proyecto”, subrayó el diputado Jorge Albarracín (UCR), uno de los voceros del radicalismo en temas jurídicos.  

De todas maneras, la UCR dejó el artículo 7 intacto, sin cambiarle ni una coma. “Vamos a ver si podemos hacerles cambiar de opinión”, expresó la diputada Carina Segovia (FpV), mientras Albarracín destacó: “El fiscal está trabajando y su trabajo es muy delicado. No puede hacer el razonamiento, en el momento en que le consultan, acerca de si sus dichos pueden afectar a la investigación. Es por eso que lo mejor sería que la información la procesaran desde una oficina especial para estos menesteres”, subrayó.