En 2020 hubo 251 víctimas de femicidios en el país

Sociedad

La última estadística señala algunos datos destacables. Del total de femicidas, más del 68 % eran parejas o exparejas de las víctimas —el 42,3 %, actuales, y el 26,1 %, del pasado—. Casi el 90 % de las víctimas conocía previamente al agresor. El lugar físico del femicidio sigue siendo mayoritariamente la vivienda de la víctima, que en el 28,2 % de los casos es de ella y en el 33,8 %  la comparte con el atacante. 

Las cifras vuelven a poner en cuestión la mirada social sobre esta violencia sostenida durante años, basada en que lo que pasa dentro de las casas es un asunto privado. Evidencia que, dentro del ámbito doméstico, se reproducen estructuras de violencia y discriminación. “Aunque los femicidios en la vía pública no dejaron de suceder (el 21 %), las víctimas de violencia machista están más expuestas en sus hogares con personas que conocen”, manifestaron desde el observatorio.

El 53 % de las víctimas tenía entre 21 y 40 años, y en ese rango etario también se ubica el 38 % de los agresores. La franja que menos víctimas de femicidio registró es la de menos de 20 años pero, de todas maneras, el observatorio llama la atención sobre estos 11 casos, “en un contexto en el que continuamos buscando a Guadalupe Lucero, la niña de 5 años desaparecida desde el 14 de junio en San Luis”.

De los 142 totales, 127 son femicidios íntimos de mujeres, 3 vinculados de mujeres y niñas y 12 de hombres y niños. El término “femicidio vinculado” se refiere a las personas asesinadas por el femicida para castigar o destruir psíquicamente a la mujer que agrede y domina, o que quedaron en la “línea de fuego” del atacante.

Los números revelan la inacción del Estado: 23 mujeres habían denunciado previamente y solo en 15 casos existía al menos una medida judicial. “El proceso mediante el cual una víctima de violencia machista decide denunciar es sumamente complejo; si a ello se le suman el descreimiento, la revictimización y la culpabilización de parte de funcionarios judiciales y policiales, o sea, la violencia institucional, esta complejidad se profundiza”, explica el informe. Es una muestra de la falta de acceso a la justicia de las mujeres que necesitan apoyo institucional. 

La necesidad de la correcta implementación de la Ley Micaela, de capacitación en género a todas las personas que trabajen en los tres poderes del Estado, se visibiliza en las estadísticas. En el registro de 2021, también se relevan 16 femicidios perpetrados por policías, militares y gendarmes, que tienen a disposición su arma reglamentaria todo el día.