El Juicio por Jurado tuvo su primer ensayo en Mendoza, aunque esta vez sólo se trató de un simulacro llevado adelante por la Subsecretaría de Justicia de la provincia, el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno y la Asociación pensamiento penal de la Argentina. 

La actividad se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí doce personas especialmente elegidas para esta experiencia debieron dictar sentencia ante un caso ficticio pero con una gran dosis de realidad, en el que se juzgaba a una mujer acusada de matar a su esposo de dos disparos. Cinco actores oficiaron de testigos e imputada, y cumplieron sus roles ante el trabajo de un fiscal, (el Dr. Marcelo Altamirano, Fiscal de Cámara en la provincia de Córdoba), un abogado defensor, (El Dr. Pablo Salinas, abogado mendocino) y un juez que presidió el debate, (el Juez Mario Alberto Juliano, Juez de Cámara de Necochea y presidente de la Asociación de pensamiento penal).

Al finalizar el simulacro, el juez Juliano, se mostró conforme con la experiencia en Mendoza. Y aseguró que “es importante ver el Juicio por Jurado en funcionamiento. Generalmente la experiencia que nos llevamos de todas partes es que el público que presencia estas actuaciones se lleva realmente una imagen muy positiva. Es un juicio muy diferente a los que vemos habitualmente y con un gran protagonismo del fiscal y del defensor ya que los jueces técnicos nos limitamos a ordenar el debate y es luego el jurado quien decide”.

Que es el Juicio por Jurado

Según los referentes de la Asociación Pensamiento penal, el Juicio por Jurado está contemplado en la Constitución Nacional como una garantía de los habitantes y como una obligación para administrar justicia desde 1853, en los artículos 24,75 y 118. 

Básicamente es una forma de juzgamiento en el que un grupo de vecinos deciden sobre dos cuestiones, si el hecho realmente existió y si el acusado o acusada es culpable. 

Después de las actuaciones conforme a lo reglamenta la Ley, el Jurado delibera en un lugar aislado y decide si el acusado es o no culpable, para lo cual se necesitan al menos 10 de los votos de los miembros. Una vez terminada la deliberación, el presidente del Jurado comunica en nombre del pueblo al Juez la determinación tomada por el cuerpo. 

Si el acusado es declarado inocente, el veredicto es obligatorio para el Juez, con lo que se pone fin al juicio, en tanto que si es culpable, el monto de la pena corre por cuenta del magistrado interviniente. 

Para Pablo Salinas, integrante de la Asociación, “Un proyecto de estas características producirá una transformación socio cultural enorme y vinculará a la gente con sus instituciones, ya que la obligación de los ciudadanos no estará solo en la elección de sus representantes, sino en la participación en la elaboración de la justicia, con el gran deber de juzgar a otro”.

Según el abogado, “la democratización de la justicia es una deuda pendiente y Mendoza puede avanzar como ya hicieron otras provincias en el sentido de mayor democracia, Mendoza puede hacerlo por que la tradición jurídica mendocina le debe mucho a Córdoba que esta marcando el camino y que formó a muchísimos profesionales del mundo jurídico”.

Otro letrado que ve con interés la aplicación de este tipo de procedimientos es el miembro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Mario Adaro. 

Para el juez, “el Juicio por Jurado no es la única respuesta, pero sin duda sería un salto cualitativo hacia el camino de la legitimidad de las decisiones judiciales. Tiene que ver con un mandato constitucional. Cuando los fundadores del país construyeron jurídicamente la constitución ya lo habían previsto, sobre todo en el Preámbulo, en el hecho de afianzar la Justicia, y la posibilidad de que la sociedad construya su ciudadanía a través de este tipo de decisiones m e parece que es una experiencia interesante”. 

Para Adaro, “el Juicio por Jurado legitima y democratiza muchas de las decisiones que se toman. Históricamente este tipo de herramienta apareció cuando a partir de la división de poderes, en la Justicia se comenzaron a dar una serie de decisiones arbitrarias, o corruptas o que no estaban acordes a la exigencia popular. Es un poco la sociedad y el pueblo retomando el mandato que le dio al Estado, y recuperándolo en un proceso de legitimidad”. 

Según el letrado, esta medida “es una cuestión de construcción de ciudadanía. Es también es darle legitimidad a las decisiones de la Justicia, y es que cada uno de los miembros de la ciudadanía entienda el funcionamiento y se comprometa con algo que es un pedido a voces que es tener una Justicia más transparente y eficaz. No hay una sociedad moderna que no tenga una justicia creíble. Y hoy ésta transita por caminos complejos en cuanto a la credibilidad”.