"La seguridad no debe estar pensada desde la lógica del «enemigo», donde el respeto y ejercicio de los derechos humanos aparecen como obstáculos, y queda limitada a un tema punitivo y represivo", se lee en la convocatoria del Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular que se realizará el jueves 8 de mayo a partir de las 10.00 en el Congreso Nacional, para celebrar el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional.

La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y el Movimiento Evita son las organizaciones encargadas de convocar a este encuentro abierto y participativo. En esta ocasión se debatirán las actuales políticas de seguridad y el trabajo que se lleva adelante desde 2012 para visibilizar los miles de casos de impunidad policial que afectan principalmente a los jóvenes de barrios populares en nuestro país. Para ello participarán familiares de las víctimas, que darán testimonio de la lucha realizada en la búsqueda de justicia. 

El 3 de mayo de 2013, en la Plaza de los Dos Congresos, se llevó a cabo el primer encuentro de este tipo; fue histórico, pues reunió por primera vez a los familiares de las víctimas con funcionarios del Estado responsables de dar respuesta a esta problemática. Mendoza tuvo una destacada participación a través de la presencia de las madres de chicos muertos por el gatillo fácil en la provincia. Este año se reeditará, ya que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos ultiman los preparativos de la delegación que viajará en representación de la provincia, encabezada una vez más por Miriam Medina (la madre de Sebastián Bordón, asesinado en 1997 por la policía de San Rafael); Romina Ronda, subsecretaria de Justicia, y los referentes de la mesa local de la Campaña, Lorena Rubio Diotto y Lautaro Cruciani.


Según datos aportados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, en Argentina, entre 2000 y 2012, murieron 1893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad. El 49 por ciento de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio.


“Del territorio a la pelea jurídica” es una de las máximas que impulsa para este evento el referente nacional de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, Leonardo Grosso (diputado nacional del FpV). En comunicación con Edición UNCUYO, el coordinador señaló que"la idea es generar un espacio de debate para hacer visible que tenemos un programa de seguridad que se viene aplicando. Lo mejor es abrir la discusión y no cerrarla, para evitar confundir a la sociedad”, como referencia a la actitud de Sergio Massa de deslegitimar la reforma del Código Penal y avalar los llamados “linchamientos” que se sucedieron en las últimas semanas. En este contexto, vale mencionar también la reactivación del tema “inseguridad” tras el pedido del senador del justicialismo bonaerense, Mario Ishii, de analizar la posibilidad de abrir nuevamente el Servicio Militar: “Todos estos intentos de avivar los fantasmas de la demagogia punitiva traen como resultado  el aumento de pibes muertos en manos de las fuerzas de seguridad, y nunca mayor seguridad", cuestionó el diputado.

En este sentido, la campaña trabaja a través de una red abogados y estudiantes de derecho, promotores y voluntarios que han ido conformando mesas locales en cada una de las provincias. A través de ese trabajo se asesora jurídicamente a las familias de las víctimas en su reclamo de justicia, y se realizan tareas territoriales dedicadas a la prevención. El fin es conformar una política integral que permita reformular el rol de las fuerzas de seguridad en el contexto democrático.

Grosso contó a este medio en qué consistirá el segundo encuentro de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, que recibirá a miles de ciudadanos dispuestos a construir un cambio de paradigma en materia de seguridad:

“Hemos decidido que este segundo encuentro se llame ´Por una Seguridad Democrática y Popular´ porque vemos que en Argentina últimamente se agitan muy fuerte los fantasmas de la mano dura y la demagogia punitiva, que se plasman en las supuestas repuestas de ´seguridad´ basadas en el aumento de penas y la cantidad de efectivos policiales, recetas que en Argentina ya han fracasado y que en general han provocado muchos más daños colaterales: violencia institucional, abuso policial, muertes por gatillo fácil, represión.

El encuentro tendrá dos instancias: una de diagnóstico, en la que se hablará de violencia social y los mal llamados "linchamientos", acceso a la justicia, situación carcelaria y seguridad o “inseguridad”,  tal como plantean los medios hegemónicos a la problemática. En una segunda etapa, más propositiva y con lineamientos de acción, se debatirá sobre reforma judicial, Código Penal y Código Procesal Penal. "También, acerca de reformas en términos más ejecutivos de las fuerzas de seguridad provinciales; la reforma policial, que es tan necesaria y que se ha trabajado muy poco en los últimos años. Y después, la prevención como eje fundamental en cualquier política de seguridad", explicó Grosso.

"Todo preso es político", "La policía dispara, la Justicia también", "Ni un pibe menos", son algunos de los paneles previstos para la jornada.

¿Qué balance hace del trabajo realizado por la Campaña durante sus dos años de historia, especialmente en lo que tiene que ver con lo territorial?

En general es positivo porque hemos organizado y articulado con una serie de organizaciones sociales, y con familiares de víctimas, que han encontrado un espacio donde plantear sus problemas, para poder construir un camino distinto al del dolor y la angustia. 

La Campaña Contra la Violencia Institucional ha logrado territorializar la organización popular de una demanda que estaba en nuestro pueblo y que desde el poder se ocultaba. Existían distintas experiencias de acción jurídica, organizaciones de derechos humanos que se dedican al litigio, de acción social y política en el territorio. Pero anteriormente no había nada que articulara todo este trabajo. La Campaña vino a cubrir ese hueco y a convertirse en un brazo articulador de todas esas experiencias: la del territorio, la de la acción jurídica, la de la política y la pública, todas juntas y encaminadas. 

Ese laburo tiene sus frutos, no es por casualidad que en el encuentro de este jueves vayan a participar referentes de la Justicia como Estela de Carlotto (titular de Abuelas de Plaza de Mayo), Alejandra Gils Carbó (Procuradora General de la Nación), Horacio Verbitsky (periodista y representante del Cels), Milagro Sala (dirigente social de Jujuy), Juan Carlos Molina (titular de Sedronar), León Arslanián (exjuez y especialista en Seguridad Democrática), Marcelo Saín (legislador y director del Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad), Agustín Rossi (ministro de Defensa), Martín Fresneda (secretario de Derechos Humanos de la Nación), entre muchos otros.

Por supuesto, las madres que marcan la lucha en la búsqueda de Justicia por los crímenes policiales, como Rosa Bru (por Miguel Bru, asesinado en La Plata en 1993), Miriam Medina (madre de Sebastián Bordón, Mendoza, 1997) Viviana Alegre (por Facundo Alegre, desaparecido en Córdoba en 2012), Raquel Witis (en nombre de Mariano Witis, asesinado en 2010) y varias más que vendrán desde distintos puntos del país a contar su lucha contra la impunidad. Es decir, todas las personas que están vinculadas con la construcción de una sociedad distinta.

Teniendo en cuenta la avanzada de la derecha, ¿cómo se articula este trabajo desde lo político respecto de tu lugar en el Congreso de la Nación?

Cuando yo asumí la banca, con el Movimiento Evita decidimos claramente que el lugar que yo ocuparía en el Congreso –además de que no es mío individualmente, sino de la organización– sirviese para dar voz a los que no la tienen. Que fuese útil para perforar la institucionalidad caduca, burocrática y que no representa en términos reales los intereses de la mayoría popular. Por eso, desde el parlamento, aprovechando la amplificación de la palabra que te da una banca nacional, empezamos a desplegar lo que es la Campaña Contra la Violencia Institucional. 

Es una forma de ir incorporando esos pibes al parlamento. Me acuerdo de cuando hicimos el lanzamiento, que el Congreso se llenó de pibes, de pibes con visera y zapatillas “Nike”: los pibes que son perseguidos por la policía y hostigados por el poder de turno. Era y es nuestro objetivo que sean ellos los que estén adentro del Congreso, diciendo y cantando su realidad para que otros la puedan escuchar. Eso es también es el encuentro de este jueves.

Con respecto a la discusión de leyes y normas, siempre es más complicado porque hay que construir otro tipo de consensos. Sucede que la institucionalidad está hecha también para que no sea muy fácil expresar los intereses populares. Sobre eso se trabaja.