Una nueva matanza perpetrada en una cárcel brasileña ha puesto en jaque las diferentes medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para contener los motines provocados por guerras entre facciones criminales que se disputan el manejo de la droga y en los que más de un centenar de presos han muerto durante la primera quincena del año.

Al menos dos prisioneros murieron y 28 más lograron escapar tras un motín en la Penitenciaría Estatal de Piraquara, en la región metropolitana de Curitiba, en el sur de Brasil. De acuerdo con las autoridades del sistema penitenciario de Paraná, el motín se inició a primeras horas del domingo 15 de enero.

Las autoridades dijeron que se escucharon dos fuertes estallidos en la Penitenciaría Estatal de Piraquara. En el sitio de la explosión se formó un hueco por el cual intentaban escapar los presos, mientras que afuera de las instalaciones un grupo de 15 hombres fuertemente armados los cubrían.

La Policía Militar y el Departamento de Operaciones Especiales del Departamento Penitenciario fueron llamados para atender el incidente, dijeron las autoridades. El escape de más presos se logró evitar luego de que las fuerzas de seguridad pudieran acceder al perímetro de la prisión, dijeron.

La fuga ocurrió tan solo un día después de otro motín en la prisión de Alcaçuz, en el estado de Río Grande del Norte, en el que murieron al menos 27 presos. El motín, que duró 14 horas, se originó después de que estallara un altercado entre dos bandas rivales, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Sindicato del Crimen de Río Grande del Norte.

Motín en la prisión de Alcaçuz. Foto: publicada por Mundo Político.

Las medidas del Gobierno

La primera medida inmediata tomada por el Gobierno fue el envío la semana pasada de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que pidieran el apoyo federal.

El Tribunal Supremo de Brasil también reclamó un mayor esfuerzo a los estados del país para acelerar el estudio de los procesos penales de los detenidos. El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció que el mayor problema de las cárceles del país es la corrupción. El Gobierno se ha comprometido con un presupuesto de 135 millones de dólares a instalar “dos escáneres” en todas las cárceles y a construir cinco prisiones federales, con el fin de garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento que sufren los penales.

Datos preliminares del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) señalaron que el 65 % de las prisiones del país no tiene detectores de metales ni bloqueadores de señal de celulares, que son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas. Además de las precarias condiciones de las cárceles, la superpoblación es una preocupación constante de los responsables del sistema carcelario. Con 622 mil presos, lo que supone el 67,3% sobre su capacidad, Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de EE. UU., China y Rusia.

El presidente de Brasil, Michel Temer, quien ayer en su cuenta de la red social Twitter manifestó que está “acompañando” la situación en Río Grande del Norte, afirmó días atrás que las bandas criminales “preocupan” a la nación “como un todo” porque se rigen por su propias reglas, las cuales están “fuera del Estado”.
 

Ola de violencia carcelaria

La ola de violencia de este año en las prisiones de Brasil comenzó el 1.º de enero, cuando al menos 56 personas fueron asesinadas en el Complejo Penitenciario de Anisio Jobim, en Manaos. Las víctimas fueron decapitadas y sus cuerpos, arrojados por encima de las paredes de la prisión. Sergio Fontes, secretario de Seguridad Pública del estado de Amazona, dijo que el motín fue originado por la disputa del control de la venta de drogas en la cárcel. Mientras era sofocado ese motín, cuatro reos fueron asesinados el 2 de enero en la unidad carcelaria de Puraquequara en Manaos.

En el vecino estado de Roraima, 22 personas fueron asesinadas el 6 de enero en Penitenciaría Agricultural de Monte Cristo, mientras que el 8 de enero, cuatro prisioneros fueron asesinados en la cárcel pública de Desembargador Raimundo Vidal Pessoa en Manaos. Algunos prisioneros escaparon durante los disturbios.