Dos casos que coparon los medios de la provincia y del país, el de una pareja chilena detenida en agosto en el aeropuerto con un bebé recién nacido y el de la pareja de Buenos Aires que dispuso de su material genético para concebir un bebé en el cuerpo de una mendocina, revelaron la urgente necesidad de regular la denominada gestación por sustitución, conocida comúnmente como "alquiler de vientre". La figura había sido incluida en el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial pero fue retirada por las fuertes presiones de la Iglesia Católica y otros sectores.

Este vacío legal pretende ser cubierto a través de un proyecto de ley presentado por la senadora Laura Montero (UCR). La legisladora convocó en el Senado a una audiencia pública para analizar y discutir detalles de la iniciativa, de la cual participaron Eleonora Lamm y Marisa Herrera, dos investigadoras del CONICET. La presencia de Lamm fue clave puesto que, además de ser Subdirectora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es quien más ha sostenido que debe regularse la situación.

“El proyecto presentado define los derechos tutelados, quiénes son los sujetos de derecho, establece un procedimiento de gestación por sustitución con autorización judicial y fija una figura penal para quien incumple”, describió Montero. A pesar del esfuerzo de Lamm, la gestación por sustitución quedó fuera del Código Civil por presiones de la Iglesia y organizaciones feministas. Para no repetir la experiencia, Montero pretende que se permita la práctica pero bajo la órbita de la Justicia.

Además propone crear un registro de gestantes en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, en el que se toma razón de las personas que actúen como tales en los acuerdos de gestación por sustitución y articula con los Registros que se creen a nivel provincial, quienes, al igual que los bebés y demás integrantes del proceso, tendrán todas las garantías jurídicas. Asimismo, un equipo multidisciplinario evaluaría la aptitud psicofísica de la mujer antes de concederle la autorización legal para avanzar en el tratamiento, siempre y cuando ya haya sido madre. Por último, la mujer podrá participar del proceso hasta en dos oportunidades; recibirá cobertura de una obra social y una compensación económica. De este modo, se lograría “brindar urgente protección a la mujer y a los niños” y frenar el negocio que subyace.

“Se ha sentado jurisprudencia con casos concretos en Mendoza, y lo cierto es que hoy dependemos de la interpretación de los jueces. Es por esta razón que es importante sancionar una norma que establezca claramente el procedimiento legal, avanzar en la conquista de derechos humanos en general y mantener a raya la economía del delito”, advirtió la vicegobernadora electa.

Argumentó: “En esta audiencia pública insistimos con la necesidad de aprobar esta norma porque están en juego aquí los derechos del niño, de la gestante y de quienes tienen voluntad procreacional. Hablamos de regular una actividad que ya se hace en el país y la cantidad de personas que toman este tratamiento no para de crecer. Hoy, la gestación por sustitución no ha sido prohibida y la ciencia médica ha avanzado, permitiendo la práctica, sin quedar garantizados los derechos de quienes la adoptan y de los niños por nacer, por lo que el tema queda sujeto frente a cualquier tipo de conflicto a la discrecionalidad judicial que sienta jurisprudencia a partir de un caso particular. Entonces, nada mejor que dar un debate legislativo que dé como producto un marco legal”.
 

Palabra experta

“La gestación por sustitución es una forma alternativa de acceder a la paternidad o maternidad en el marco de las técnicas de reproducción humana asistida”, explicó Lamm. Desde su rol de investigadora del CONICET, la especialista se ha ocupado de poner sobre el tapete la gran cantidad de jurisprudencia nacional e internacional existente, las distintas opciones legales que recoge el derecho comparado y de buscar la solución a los posibles conflictos que pueden suscitarse debido a la falta de regulación.

En este sentido, recalcó que “es importante hacer dicha regulación en forma explícita para conciliar los derechos en juego y ser acordes al interés superior del niño nacido bajo esas circunstancias. Para un grupo de personas, la gestación por sustitución es la única oportunidad real de tener un hijo, por lo que el rol del Estado debe ser crear un ámbito que maximice las posibilidades de éxito para las personas que quieren formar una familia, en lugar de establecer desventajas o estigmatizarlas”.

Por esta razón, Lamm considera que se trata de promover un marco jurídico que privilegie y represente una garantía para el ejercicio de los derechos, que respete y promueva el derecho de las personas a una maternidad o paternidad libre y responsable y que reconozca la diversidad con la cual está integrada nuestra sociedad.

Montero aprovechó la oportunidad para plantear una serie de interrogantes. “¿Qué pasa si, luego de nacido el niño, los padres que recurrieron a esta técnica se arrepienten? ¿O si el pequeño nace con problemas graves o enfermedades? ¿Y si se divorcian o fallecen? Como verán, el único camino es dar repuestas”, reflexionó la legisladora.
 

Sanciones

La propuesta de ley presentada además pretende sancionar a cualquier persona que oficie de intermediario entre una pareja o una persona que busque criar a un niño y una mujer que acepte gestar una vida en su vientre para luego entregarle el bebé a los futuros padres. Además, se aclara que las penas se duplicarán cuando estos hechos se hayan cometido con carácter habitual o con un fin lucrativo.
 

Antecedentes en Mendoza

En julio, el juez de Familia de Mendoza, Carlos Neirotti, falló avalando esta práctica en el caso de una pareja de Buenos Aires que llegó a la provincia hace tres años con el objetivo de contactar a una joven que se había ofrecido a ayudarla a tener un hijo. El magistrado aceptó que se celebraran contratos para que una mujer recibiera dinero a cambio de prestar su cuerpo para la gestación de un embrión. De este modo, rechazó el pedido de nulidad del convenio que había solicitado la asesora de Menores.

Los primeros días de agosto de este año, una pareja homosexual de chilenos fue retenida por la Policía de Seguridad Aeropuertaria (PSA) en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo con una beba de 38 días en brazos. Inmediatamente tomó intervención la Justicia de Familia y, finalmente, la Fiscalía de Delitos Complejos, que inició una causa de oficio e investiga el accionar de la agencia Argentina Maternity, una empresa no inscripta que se define como una organización de padres que asesoran a personas con dificultades para concebir hijos.

Con el correr de los días se descubriría que efectivamente se trataba de un caso de gestación por sustitución. La madre gestante –una mujer de 32 años de escasos recursos económicos de Godoy Cruz– explicó a la Justicia que luego de dar a luz no mantuvo contacto con el bebé y simplemente firmó la autorización para que abandonase el país. Hasta el día de hoy, el caso continúa irresuelto. "Lo más importante es poner un freno a este turismo gestacional. Estamos frente a una economía del delito que ni siquiera está penada", señaló Montero en agosto, cuando se descubrió el caso.