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El Gobierno informó que logró un acuerdo con los empresarios de colectivos "para evitar la suspensión de frecuencias nocturnas". El convenio evita la medida de fuerza convocada por Sipemom.
Foto archivo (Axel Lloret)
El Gobierno de Mendoza comunicó que "ha logrado encauzar una solución junto al sector empresario a cargo de la concesión del transporte público de pasajeros, para evitar la suspensión de frecuencias nocturnas y la posibilidad de una medida de fuerza por parte de los choferes de ómnibus" para este martes 1.º de diciembre, con lo cual el servicio de transporte se prestará con normalidad a partir de esta misma noche del lunes 30 de noviembre. Según explicaron, el Ejecutivo "ha consensuado el mecanismo de disminución de la deuda con los empresarios del transporte, a la vez que trabaja en la tramitación del expediente referido a la actualización tarifaria".
La información emanada de Casa de Gobierno agrega que "ante los anuncios públicos de gremios estatales de efectuar cese de actividades, la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza ha dictado la correspondiente conciliación obligatoria, para que las partes retomen el canal de diálogo y se garantice la prestación de los servicios".
Novedades con el pago de haberes
Por otro lado, se informó que este martes los celadores tendrán acreditado en sus cuentas "un adelanto de salario correspondiente al mes de noviembre" y que también "se dará a conocer el cronograma de pago de los demás agentes estatales, recordando que ya han percibido sus salarios el personal policial, penitenciario, Empresa Provincial de Transporte (Troles) e Instituto Provincial de la Vivienda.
Ayuda a la Justicia
Ante la posibilidad de que no se destrabara el conflicto, la Dirección de Defensa del Consumidor presentó hoy una acción judicial colectiva en representación de todos los usuarios del servicio público de pasajeros de la Provincia. Se trata de una medida autosatisfactiva, es decir que no hay dos partes que se presentan ante la Justicia, sino una sola que reclama su intervención. En ella se pide la tutela judicial efectiva "conforme a la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos humanos", explicó su director, Sergio Rocamora.
La medida debe resolverse en 24 horas. Sin embargo, aún con resultado a favor de Defensa del Consumidor, quedaría in abstracto porque el servicio se garantizará por otras vías.
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