Para los más de 46 mil habitantes de Río Tercero, 110 kilómetros al sur de la capital cordobesa, aquella serie de explosiones marcaron un antes y un después para el resto de sus vidas y para la propia fisonomía del lugar, que quedó devastada. Así lo demuestran las primeras imágenes de esa trágica jornada, similares a las de una ciudad en guerra.

Este no será un aniversario más, no solamente por los 20 años, sino porque será la primera conmemoración anual tras conocerse la sentencia del fallo judicial que condenó a 13 años de prisión a los militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino; y a 10 años a Marcelo Diego Gatto. En todos los casos, las penas fueron por el delito de estrago doloso agravado por muerte de personas.

El juicio finalizó en diciembre de 2014 y el expresidente Carlos Menem no figuró entre los acusados. Es que si bien fue incluido en el proceso en 2007 por su presunta responsabilidad política, la Cámara Federal de Córdoba le dictó en 2010 una falta de mérito que lo dejó fuera de la causa.

Al conocerse los fundamentos de las condenas, lo que surge de la investigación y el proceso de enjuiciamiento es que la explosión sucedió a partir de una acción "intencional, programada y organizada", que tuvo origen en el "incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga, ubicado en un tinglado existente en la Planta de Carga de la FMRT". Ese fuego se expandió y, en pocos minutos, se generaron explosiones simultáneas, en tanto que una explosión de mayor magnitud tuvo lugar en los depósitos de Expedición y Suministro situados hacía el sector sur de la Planta de Carga, tinglados que en su interior contenían gran cantidad de explosivos, municiones y proyectiles, que generaron la onda expansiva que dispersó de manera violenta proyectiles y esquirlas sobre la población de la ciudad de Río Tercero. El expediente de la investigación sostiene que el objetivo fue el "ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos".

En septiembre, el Gobierno nacional promulgó la ley para indemnizar a los damnificados en la tragedia de aquella mañana de noviembre de 1995. Las indemnizaciones, que alcanzarán a 10 691 personas, estarán dirigidas a herederos de fallecidos, a quienes sufrieron lesiones graves, daño moral y/o psíquico y a quienes han tenido perjuicios por daños materiales o desvalorización de las propiedades.

Los herederos tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a "la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, multiplicado por 100". Los que sufrieron lesiones gravísimas cobrarán el mismo monto reducido en el 30 %. La indemnización será de 40 % menos para las víctimas con lesiones graves; 96 % menos para quienes hayan demandado al Estado Nacional por reparación de daño moral o daño psíquico y 97 % menos para los que demandaron al Estado por la reparación de daño material.

Como consecuencia de los hechos, perdieron la vida Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.