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Se reúnen en una comisión de la Cámara Baja de la Nación para tratar de emitir dictamen sobre la iniciativa que contempla implementar este sistema para delitos con penas superiores a ocho años y aquellos vinculados a la corrupción, que la semana pasada no pudo tratarse por falta de quorum.
La reunión está convocada para mañana a partir de las 14 en la sala 6 del Anexo A de la Cámara Baja y los diputados tendrán tiempo para emitir dictamen del proyecto hasta el martes 20 de noviembre, cuando concluye el plazo para la firma de despachos, de acuerdo al reglamento del cuerpo. En el último encuentro realizado la semana pasada y que no logró reunir quorum por la ausencia de varios legisladores, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), señaló que esperaba que la próxima semana “podamos emitir un dictamen para que se aplique este sistema, en un momento en el que existe un descreimiento de la Justicia". Y agregó: "Es una deuda que tiene el Congreso desde 1853".
Burgos formuló estos conceptos antes de levantar (por falta de quorum) el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, lo que impidió avanzar en el diseño del despacho de comisión sobre la propuesta de juicios por jurados. El borrador del dictamen diseñado por los asesores de todas las bancadas políticas establece que el jurado para determinados delitos será conformado por doce miembros y sus fallos deberán ser por unanimidad. Otro punto clave del texto determina que se pueden incluir causas donde las penas sean menores a ocho años cuando se trate de delitos de corrupción.
El dictamen tuvo en cuenta la docena de proyectos presentados por el presidente del bloque radical, Mario Negri; el exjefe de la bancada del FpV, Héctor Recalde; el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre; la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; la diputada Victoria Donda (Somos), el cordobés Juan Brugge y la jefa del Frente Renovador, Graciela Camaño. El juicio por jurados ya se implementa en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Neuquén y Río Negro y su aplicación se debate también en Chubut, Mendoza, Entre Ríos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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