Denunciaron penalmente a Mauricio Macri en Comodoro Py. Concretamente, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) lo hizo en la mañana de este martes 29. La denuncia alcanza también a tres ministros, a dos secretarios y a cinco jefes de la Gendarmería. ¿El motivo? La "desaparición forzada" del joven Santiago Maldonado el pasado 1.º de agosto en Esquel, Chubut.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias DyN que la presentación también pidió que "oportunamente" se cite a prestar declaración indagatoria a Macri y al resto de los denunciados para que, posteriormente, se disponga "su procesamiento en orden a los delitos tipificados en la presente denuncia". La denuncia fue hecha ante la Cámara Federal porteña y, tras el sorteo de rigor, recayó con el número 12445/2017 en el juzgado federal 6, de Rodolfo Canicoba Corral, según replicó, hace instantes, diario El Sol.

Además de Macri, la presentación alcanzó al jefe de Gabinete, Marcos Peña; a los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, respectivamente, y a los secretarios de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y de Seguridad, Pablo Noceti. También abarcó al director de Gendarmería, Gerardo Otero; a los comandantes de la fuerza en Chubut, Fabián Méndez, Pablo Badie y Conrado Balari, y al jefe del Escuadrón 36 de Esquel, gendarme Juan Pablo Escola.

En nombre de la LADH firmaron la presentación su presidenta y secretario, Graciela Rosenblum y José Schulman, respectivamente, con el patrocinio letrado de los abogados representantes del Instituto Arturo Sampay, Eduardo Barcesat, Arístides Corti y Jorge Cholvis.

"Los integrantes de la Comunidad Pu Lof vieron cómo entre varios efectivos agarraron un cuerpo, presumiblemente el de Santiago Maldonado, y lo subieron a una camioneta de Gendarmería", sostuvo la denuncia, y agregó que "nada se ha sabido ni esclarecido sobre la vida, libertad, integridad física y psíquica" del joven.

Para la LADH, se debe investigar si los presuntos hechos descritos en la denuncia constituyeron los delitos de "desaparición forzada de personas", "encubrimiento", "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad". "Está probado por diversos testimonios volcados en la causa judicial (...) que Santiago Maldonado participó de un reclamo en solidaridad con integrantes de la Comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, próximo a la Ruta Nacional 40", indicó el escrito.

Los denunciantes sostuvieron que "más de 30 efectivos" de la Gendarmería Nacional reprimieron "de forma severa y brutal" la protesta "con empleo de armas de guerra" e "invadieron el lugar iniciando una persecución con ribetes de cacería, bajo las consignas de 'Fuego', 'Disparen', 'Cacen a uno', 'Atrápenlos', por orden emanada del juez federal Guido Otranto".

"La estampida de los mapuches ante este ataque brutal e indiscriminado llevó a correr hacia un río cercano. Santiago Maldonado corrió también con ellos y se refugió en arbustos linderos al río, pero no lo cruzó, se presume que por no saber nadar y desconocer también que era un río, en ese paraje, no muy profundo ni correntoso", añadió.

Y aseguró que "Santiago se había refugiado de la cacería humana, con las piernas sumergidas hasta las rodillas en el río, tomado de un arbusto, cuando su cuerpo fue aprehendido por los efectivos de Gendarmería", a la vez que resaltó que "los gendarmes formaron una pantalla tras el cuerpo de Santiago y lo cargaron en un vehículo de Gendarmería". "Tras esa aprehensión del cuerpo de la víctima, nada se ha sabido ni esclarecido sobre la vida, libertad, integridad física y psíquica de Santiago Maldonado; nuevamente el "noche y niebla" se ha enseñoreado sobre la suerte y paradero de un ser humano", consideró.  

El Gobierno nacional quiere ser querellante

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, fue muy duro contra los organismos de derechos humanos tras la polémica reunión de la semana pasada, motivada por la desaparición de Santiago Maldonado. Además, ratificó que pretende ser querellante en la causa para poder acceder al expediente, más allá de que la fuerza sospechada es la Gendarmería Nacional.

"Los organismos de DDHH grabaron ilegalmente nuestra reunión, en una actitud propia del espionaje", lanzó Garavano en declaraciones a Radio La Red, enojado por la difusión de la discusión que tuvo con las organizaciones cuando reclamaron la aparición con vida del joven desaparecido en Chubut.

Contrariamente a su par de Seguridad, Patricia Bullrich, que niega de manera terminante que gendarmes tengan que ver con la desaparición, el titular de la cartera de Justicia enfatizó que el Gobierno está "un poco a la espera" de saber "qué pasó, si intervino, como dicen algunos testigos", esa fuerza de seguridad, "o eso no se verifica y hay que buscar otras hipótesis".