El estudio de las doce denuncias presentadas por el concejal Antonio Ponce (PD) contra el intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, puede llevar "mucho tiempo", advirtió la presidenta del Concejo Deliberante, Norma Trigo, el pasado 20 de enero. Sin embargo, 22 días después de su declaración, la concejala aseguró que ya existen pruebas suficientes para suspender al funcionario.

Una vez más, los diez miembros de la comisión investigadora del Concejo Deliberante que analiza las causas presentadas por Ponce contra el cacique justicialista se reunirán mañana, viernes 12, para comenzar a elaborar el dictamen que podría conocerse la semana que viene. Mientras tanto, ayer, miércoles 10, un nuevo incidente interfirió en el trabajo de la comisión: el dueño de La Salada, Jorge Castillo, difundió irregularidades cometidas por la Municipalidad. El comerciante aseguró que la comuna de Santa Rosa se llevó $ 10 millones por la explotación del estacionamiento del predio y que cobraba un canon "extra" a los feriantes locales luego de que el intendente declarara que el megapolo debe unos $ 2 millones en concepto de impuestos.

Según contó Castillo a Unidiversidad, cuando llegó a Santa Rosa para comenzar su emprendimiento acordó con el jefe comunal que, a cambio del pago del canon municipal, le concedería a la Municipalidad la explotación de la playa de estacionamiento. El arreglo se mantuvo intacto durante más de dos años, a pesar de la insistencia semanal de Castillo en conseguir la habilitación municipal y de obtener siempre la misma respuesta: no hay una ordenanza que regule este tipo de emprendimientos. El dueño de La Salada comentó que “el trato era cordial” hasta que se enteró –vía alerta de Google– que Salgado le recriminaba el pago de $ 2 millones en concepto de impuestos. “Está bien la jugada que hace, es pícaro. De este modo cambia la atención”, señaló Castillo ante el posible juicio político que se le avecina al intendente.

El empresario aclaró que él siempre estuvo dispuesto a pagar los impuestos y que fue la Municipalidad la que prefirió continuar con el acuerdo tácito. “Si pago a la Provincia, ¿cómo no voy a querer pagarle al municipio?”, expresó, aunque en rigor de verdad, si Castillo le pagara a Santa Rosa, ni siquiera desembolsaría el dinero de su bolsillo, puesto que este gasto ya está incluido en el canon mensual que le cobra a los puesteros. “Se están quedando con la plata”, denunció con respecto a la ganancia de $ 10 millones que ha tenido la comuna por administrar el estacionamiento durante 200 fines de semana.

Además, Castillo dijo que demostró ante la comisión investigadora, con comprobantes, que empleados municipales recaudaban a través de "flores" –un eufemismo para no decir "pesos"– sumas de 30, 50 y 100 pesos por distintas tareas. Por ello, pretende hacer una denuncia penal ya que utilizaban el membrete de La Salada.

Por su parte, Norma Trigo, presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa, aseguró que no existen datos oficiales que confirmen el ingreso de dinero por la explotación de la playa de estacionamiento del predio. También manifestó que Castillo enfatizó que "la Municipalidad obtuvo mucho más dinero que el que debería haber recibido si pagaba el canon correspondiente”. De este modo, las irregularidades de La Salada se sumaron a la denuncia contra Salgado.
 

¿Aparecerá?

En tanto, el encuentro que mantendrá este viernes la comisión coindice con la fecha de la fiesta de la Vendimia departamental, situación en la que el cacique no podrá evitar exponerse públicamente.

La semana próxima, la comisión presentará un dictamen que podría suspenderlo por 15 días, siempre y cuando haya dos tercios de los votos de los concejales para tal fin. Ese tiempo es el que Salgado tendría para reunir pruebas que demuestren lo contrario a las denuncias que pesan sobre él. Una vez vencido el plazo, se analizará la defensa del intendente y se fijará una nueva sesión especial. En este último encuentro, se someterá a una votación final: si la denuncia cuenta con los dos tercios de votos positivos, Salgado será destituido; caso contrario, deberá volver a su puesto.

El bloque opositor, conformado por cinco concejales, necesita siete votos en ambas sesiones especiales, tanto para suspender como para destituir a Salgado. Es decir, el juicio político de Salgado no será posible si la oposición no consigue dos votos del oficialismo.

Por otro lado, en el departamento del Este persisten los problemas salariales: aún quedan por cobrar las categorías más altas y a todos les adeudan noviembre. Además, a concejales y funcionarios se les deben cuatro meses de sueldos y aguinaldo. Por estos días, un grupo de empleados municipales se mantiene en huelga frente al municipio.