Mientras que la Municipalidad volvió a atender con normalidad desde el día lunes 18, los trabajadores permanecen en reclamo, algunos desde sus puestos de trabajo, disconformes con su situación económica, y mantienen expectativas con respecto a lo que ocurrirá este miércoles 20, cuando se reúna la comisión investigadora del Concejo Deliberante que debe analizar las denuncias que pesan sobre el intendente Sergio Salgado.

Según el cacique, se ha vuelto a trabajar normalmente y se han restablecido los servicios que durante varios días estuvieron cortados. El lunes, los empleados municipales obtuvieron sus salarios del mes de diciembre gracias a la ayuda financiera del Gobierno provincial, aunque aún resta el mes de noviembre. También cobraron funcionarios y concejales.  

Además, ante la sorpresa de muchos, y a pocas horas del mencionado posible pedido de juicio político, Salgado ofreció entrevistas a dos medios de la Provincia (Canal 7 y Radio Nihuil) y aprovechó para defender su gestión. Se mostró sereno y convencido de querer seguir en su cargo. Reconoció haber tenido errores, invirtiendo en cuestiones que no eran de índole municipal, como por ejemplo haber construido jardines escolares con plata de la comuna, haber comprado terrenos para la construcción de barrios a través del plan Procrear, o haber donado un espacio, comprado por la comuna, para la sucursal de ANSES, pagando incluso la luz.

También dijo que presentó un informe ante la Subsecretaría de Trabajo para establecer la legalidad de las manifestaciones de los trabajadores santarrosinos, las cuales había calificado la semana pasada como peligrosas para la integridad física de cualquiera que asistiera al edificio municipal, y fueron motivo suficiente para un cierre temporal.

Para Salgado, hay grandes sumas de dinero que el Municipio ha puesto y nunca se devolvieron, como también ciertos servicios que no están pagando sus impuestos. Dio como ejemplo a la feria comercial La Salada, asegurando que el dueño no paga lo que debe e iniciará acciones judiciales. Otro ejemplo que dio fueron las antenas telefónicas, las cuales, asegura, deben tributar un monto importante. “Estamos en vía de cobro. Si no es a través de lo formal, será a través de lo judicial. Ya hemos iniciado todas las gestiones para poder cobrar”, adelantó. También señaló al gobierno de la Provincia y de la Nación: según Salgado, son $ 20 millones los que adelantó Santa Rosa con sus fondos y la gestión de Paco Pérez nunca los transfirió.  

“Jamás pensé en renunciar porque no he hecho nada malo”, fueron las palabras con las que Salgado se defendió. “No creo que sea casualidad que un intendente gane cinco elecciones, y las gané trabajando”. Además de la recaudación de la soja, confía en Alfredo Cornejo para la solución de los problemas, manteniendo el nivel de coparticipación.
 

La crisis

Este contexto caótico en el que se encuentra el departamento del Este de la provincia se originó aproximadamente tres meses atrás, cuando empezaron a escasear los servicios que brinda la municipalidad y, según la presidenta del Concejo Deliberante, Norma Trigo, ni el intendente ni los empleados acudían al trabajo con regularidad. Pero la gota que rebasó el vaso fue la decisión que tomó Sergio Salgado de cerrar el municipio mediante un decreto que no fue presentado formalmente ante el gobierno provincial, el día 13 de este mes.

¿Qué lo llevó a tomar esta medida? Las continuas protestas de los trabajadores frente al edificio municipal de Santa Rosa, puesto que les adeudaban dos, tres y hasta cinco meses sin cobrar. Se quemaron cubiertas y se arrojó basura y, para Salgado, estas no eran condiciones para acudir a trabajar de manera normal. Incluso hubo gente encadenada a la puerta. Sin servicios (por ejemplo, el agua potable), sin sueldos, sin trabajo, y sin autoridad que diera el presente, Santa Rosa dejaba ver su peor postal.  

Ese mismo miércoles, el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Kerchner, ofreció una conferencia de prensa donde le pidió a Salgado un plan contundente para afrontar la situación, donde incluyera los gastos del municipio. En ese momento se le pidió hacerse cargo de la administración de la intendencia.

A la par, salieron a flote ciertas irregularidades en la gestión de Salgado: durante dos años el Concejo Deliberante intentó llevarlo a juicio político dos veces, y ha realizado más de 10 denuncias ante Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Delitos Complejos, y nunca se tomaron medidas al respecto. A pedido del  exintendente y actual concejal Antonio Ponce, se formó una Comisión Investigadora con base en 12 denuncias que él mismo había realizado. El jueves 14 se nombraron las autoridades de la Comisión y desde el viernes se dedican a reunir las pruebas necesarias para poder emitir un dictamen, y así poder suspenderlo. Entre las denuncias más importantes se encuentra la emisión de 300 cheques sin fondos, la falta de respuesta ante los requerimientos de Fiscalía de Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la firma de convenios considerados irregulares.

El viernes 15 la Provincia giró 8 millones de pesos para cubrir los sueldos de los empleados municipales y el lunes se reabrieron las puertas de la municipalidad.