El proyecto de reforma fiscal que maneja el Gobierno nacional propone un verdadero programa de premios y castigos de la Nación a las provincias, al contemplar un estricto régimen de control de cuentas del gobierno central al interior y al apuntar a regular el esquema de fondos que se giran desde la Casa Rosada a los gobernadores. Según una copia del borrador de la iniciativa a la que accedió Infobae, el Gobierno busca ejercer un fuerte control del gasto público de las provincias, así como instrumentar un régimen de recaudación compartida entre la Nación y las provincias.

Macri lanzará el plan de reformas estructurales para esta segunda etapa de su mandato el lunes próximo en el Centro Cultural Kirchner ante legisladores, empresarios, gobernadores, sindicalistas, universidades y todo su gabinete nacional, pero el 8 de noviembre está convocada una reunión del Presidente con todos los gobernadores. En esa ocasión, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentarán lo que será el proyecto oficial de reforma fiscal.

"Hay una firme intención del Presidente de aprovechar este envión político que le dieron las urnas para cerrar consensos con los gobernadores y marchar a fondo hacia un nuevo esquema de responsabilidad fiscal con las provincias", expresó a ese portal un destacado funcionario de la Casa Rosada.

El proyecto de ley de responsabilidad fiscal se basa en el acuerdo que firmó la Casa Rosada el 2 de agosto de 2016 con los ministros de Hacienda de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estos son los ejes centrales del borrador:

1. Resultados y proyección: el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal deberá recibir cada año los resultados previstos –resultado primario y financiero– para el sector público de cada nivel de gobierno. Además, esperará contar con las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por régimen y por provincia.
2. Presupuestos provinciales: las leyes de presupuesto general y de la Administración Pública Nacional contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados, descentralizados, de las instituciones de la seguridad social y los flujos financieros de los fondos fiduciarios.
3. Ejecución del presupuesto: el proyecto prevé que con un rezago de un trimestre se deberá difundir la información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios.
4. Recaudación: los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional calcularán "parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en materia de gasto público". Estos indicadores deberán ser aprobados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
5. Gasto público: la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación y de las provincias "no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal".
6. Límites del gasto: se prevé un esquema de limitaciones severo para que las provincias cumplan con las políticas de gasto. Así, se establece que "la tasa nominal de aumento del gasto público primario neto no podrá superar la tasa de incremento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional".
7. Empleo público (ítem planta): el Gobierno nacional y las provincias se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción. Solo aquellas provincias que hayan alcanzado un resultado financiero superavitario o equilibrado podrán incrementar la planta de personal.
8. Final de mandatos: para evitar el despilfarro de gastos de los gobernadores que dejen sus cargos, durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente, exceptuando los que trasciendan la gestión de gobierno.
9. Política tributaria: el proyecto sostiene que "se acordará la adopción de políticas tributarias, tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida en que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas".
10. Endeudamiento (ítem deuda): se busca que el nivel de endeudamiento de las jurisdicciones sea tal que "en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15 %) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios". Las jurisdicciones que superen ese porcentaje no podrán acceder a un nuevo endeudamiento.
11. Sanciones: el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de responsabilidad fiscal dará lugar a sanciones que irán desde la restricción del derecho a voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal a la limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno nacional y las limitaciones de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional.