La Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto de Ley de Jorge Sosa (UCR) por el cual se pretende brindar herramientas para la regularización dominial aplicables a los loteos públicos denominados villas de emergencia o asentamientos, en los cuales se certifique la presencia de familias ocupantes, con acciones de mejoramiento y consolidación en su mismo sitio de emplazamiento y que cuenten con financiamiento estatal o de organismos internacionales.

La media sanción de este miércoles dispone que estos loteos y/o fraccionamientos deberán ser priorizados por el municipio correspondiente conforme a las normas previstas en sus procesos de ordenamiento territorial, enmarcando sus acciones en las previsiones del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y los programas y subprogramas que el mismo determine.

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27 de marzo de 2019

“Esta iniciativa viene a reemplazar la Ley 7751, que permitía los asentamientos o villas de emergencia que no tienen regularización dominial ni un loteo aprobado y registran una serie de inconvenientes para que esos loteos sean aprobados y tengan una escritura”, explicó el diputado Sosa. 

“Por otra parte, estamos hablando de emprendimientos, esta ley lo aclara específicamente, que son intervenidos desde organismos estatales, por lo que los loteos privados no están incluidos en ella”, agregó Sosa.

Además, el diputado mendocino detalló: “Esta ley funciona específicamente para aquellos asentamientos o villas de emergencia que tienen muchos años de existencia, para evitar que alguien piense en hacer un asentamiento nuevo y luego gozar de los beneficios de esta nueva norma”

En tal sentido, se establece también que los municipios, juntamente con el Instituto Provincial de la Vivienda, elaborarán un amplio informe técnico que contendrá todos los datos necesarios para determinar la situación dominial y parcelaria del loteo y/o fraccionamiento comprendido en la presente normativa.

En particular, el informe deberá contener sus parcelas y el estado de los servicios prestados a ellas, el trazado de calles y/o pasajes y las construcciones existentes, aún cuando fueren precarias, las medidas de mitigación ambientales y territoriales que el sitio del emplazamiento demanda y confeccionará un plano demostrativo de la propuesta de regularización. Este informe se elevará a conocimiento y consideración del Consejo de Loteos.

Foto: Prensa Diputados

Junto a este informe, deberá presentarse también la memoria descriptiva del proyecto y/u obras a realizarse y la constancia de su financiamiento. Se aclara que no se podrá transferir el dominio hasta que no se complete la totalidad de obras básicas de infraestructura.

Una vez cumplimentados los trámites, el Consejo de Loteos remitirá el expediente administrativo conformado a la Dirección General de Catastro para que emita la resolución que declare la aprobación del loteo. En ese caso, autorizará el desglose de las parcelas en los registros provinciales y municipales que correspondan, facultando a los municipios a inscribir las donaciones de calles, ensanches, caminos para peatones, ochavas, espacios libres y de equipamiento, estableciendo el régimen por el cual se dotará de servicios públicos al núcleo habitacional existente conforme al plano de proyecto de urbanización acompañado y que haya merecido tramitación ante la citada repartición.

A los fines de la escrituración de las parcelas otorgadas bajo este régimen, los poseedores de lotes con vivienda y el titular registral del inmueble de que se trate quedan eximidos del pago de impuestos, sellos, aranceles, deudas por impuestos, servicios, tributos y/o sellados, así como del pago de cualquier otro sellado, arancel, impuesto o tributo provincial o del Departamento General de Irrigación que fueren aplicables al empadronamiento y/o transferencia, y de las multas que el incumplimiento de disposiciones legales en materia tributaria o de loteos hayan causado, con el objeto de producir la primera inscripción de la escritura traslativa de dominio a favor del beneficiario.

Asimismo, se autoriza a escriturar existiendo reconocimiento de deuda por la prestación de servicios públicos provinciales por parte de organismos estatales o privados y de empresas prestadoras de servicios públicos.

El Estado provincial, los municipios y las empresas prestadoras de servicios públicos y sus entes reguladores podrán celebrar convenios a fin de instrumentar subvenciones y realizar obras de urbanización e infraestructura no comprendidas en el financiamiento originado en el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba), el Programa Nacional de Hábitat y/u otros programas de financiamiento estatal o de organismos internacionales cuyos lineamientos involucren acciones de regularización dominial en favor de los ocupantes del loteo y/o fraccionamiento, con intervención del Instituto Provincial de la Vivienda si fuere factible la construcción de viviendas, debiendo, en tal caso, conciliarse las garantías a aplicar a cada adjudicatario poseedor.

En la misma normativa, se deroga la Ley 7751 y se invita a los municipios, entes descentralizados, autárquicos y autónomos y prestadoras de servicios públicos a adherir a estas disposiciones.

“La ley anterior hablaba solamente del Promeba y del plan Mejor Vivir, que eran planes nacionales. Ahora se amplían estos planes a los que puedan surgir de Nación, de la provincia e incluso de los municipios para que puedan intervenirse estos asentamientos y, de esta manera, aprobar los loteos y darles títulos de propiedad a las personas que allí viven”.

Finalmente, Jorge Sosa reconoció que el Gobierno ya está trabajando en departamentos de la provincia y el panorama es alentador de cara al futuro.

“Hay varios loteos, sobre todo en Ciudad y Godoy Cruz, que ya están siendo intervenidos. Nos parece que la gente que vive allí merece tener el título de la propiedad. Estamos hablando de familias que viven en esos lugares desde hace más de 30 años”.