San Jorge: lo que falta para que el proyecto llegue a la Legislatura

El Gobierno ha decidido reactivar el proyecto de extracción de cobre en Uspallata denominado "San Jorge", que fue archivado el 24 de agosto de 2011 por la Legislatura ante una férrea oposición social contra la megaminería contaminante. Según informó a Edición UNCUYO el director de Protección Ambiental, Gustavo Dávila, a la declaración de impacto ambiental le faltan dos pasos antes de llegar a la Legislatura para ser avalada: la empresa debe enviar información para completarla y además, la Universidad Tecnológica Nacional será el organismo elegido por el Gobierno para hacer el informe técnico.

Quienes se oponen a esta iniciativa aseguran que se trata de un nuevo proyecto y que, por lo tanto, debe pasar por todos los pasos que exigen dos leyes: la Ley Provincial de Ambiente y la Ley 7722, que regula la minería metalífera. Es decir que con una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) no alcanza y debería seguir pasos como someter el proyecto a la voluntad popular a través de una audiencia pública.

De qué se trata el nuevo proyecto

El cerro San Jorge está a unos 40 kilómetros al norte de la localidad cordillerana de Uspallata. El proyecto que lleva hoy el mismo nombre del cerro es de capitales rusos y en este oportunidad es biprovincial, ya que propone realizar la extracción primaria de cobre en Uspallata y desde ahí la materia prima recorrerá 22 kilómetros en tren hasta llegar al departamento de Calingasta de San Juan, donde se realizará el tratamiento con ácido sulfúrico. De esta manera, la empresa salteará las exigencias de la ley 7722, que prohibió la minería metalífera con sustancias químicas contaminantes y está hace unos años en revisión de la Corte a pedido de empresas mineras.

Lo que dicen quienes buscan que la minería se instale en Mendoza (incluso fuentes del mismo Gobierno) es que el proyecto no le dejará grandes beneficios económicos a la provincia, ya que la mayor parte de las regalías las pagará a San Juan. El intendente de Las Heras, Rubén Miranda, que era uno de los principales impulsores del proyecto que se encuentra en el departamento que conduce, ha preferido guardar silencio por estos días.

Solway Industries Ltd. y Aterra Investments Ltd. son los nuevos capitales de San Jorge. La segunda minera incluye más de 10 activos de exploración, desarrollo y empresas productoras. Su abanico de commodities incluye cobre, plata, fosfatos, zinc, plomo y diamantes. Entre sus unidades de negocios se cuentan: Base Resources, productor emergente de tierras raras, con el proyecto Kwale en Kenya; Rathdowney Resources, dueña del gran depósito de zinc-plomo Olza, en Polonia; Atico Mining, productor emergente de cobre que opera la mina El Roble, en Colombia; Anatolia Energy, explorador y desarrollador de un proyecto de uranio en Turquía; GB Minerals, compañía de exploración de fosfato con el Farim, en Guinea Bissau; Finders Resources, propietaria de un proyecto de cobre Wetar, en Indonesia, y de oro-plata en Ojolali, Sumatra, y Silver Bear Resources, empresa de exploración junior del proyecto de plata Mangazeisky de nivel mundial, en Rusia.

Pérez y un proyecto que no fue

El proyecto original era de Coro Minning, una minera canadiense que no logró concretarlo. Era la campaña para gobernador del 2011 (la más reciente) y el justicialista Francisco Pérez sabía que había un escollo que no lo haría convertirse en el próximo mandatario de Mendoza. Resonaba fuerte socialmente su postura a favor de la megaminería, algo que, según las encuestas de todos los partidos, le jugaría en contra. El mote de “prominero” no venía sólo de una posición ideológica a favor de la actividad sino que el estudio de abogados donde trabajaba el por entonces ministro de Infraestructura provincial defendía los intereses de los dueños de la minera Coro Minning.

En el justicialismo evaluaron la situación y acordaron que el candidato del PJ tenía que pedir a sus legisladores/as provinciales que archivaran la iniciativa minera. Así, el 24 de agosto de 2011 el proyecto fue archivado y del asunto se habló poco y nada durante estos años, mientras se espera la definición de la Corte por la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la megaminería y que las empresas cuestionan. “A partir del rechazo social, vengo a pedir a mis diputados que rechacen de plano del proyecto San Jorge”, fueron las palabras del funcionario en ese momento.

Ahora, con estos “cambios”, Pérez apoya la iniciativa. “Mendoza avanza de 20 años en 20 años. Me parece que los dirigentes políticos nos tenemos que poner los pantalones largos y estar a la altura de los acontecimientos”, dijo Pérez el martes ante el empresariado local durante la cena por el Día de la Industria, luego de describir los cinco proyectos mineros en carpeta. Aclaró, además, que el proyecto San Jorge está en una etapa de "exploración".

Llegar a la Legislatura

“No tenemos fecha de envío a la Legislatura, pues le falta el dictamen de la UTN”, advirtió a Edición UNCUYO Guillermo Elizalde, ministro de Tierra, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de Mendoza. Dávila, Director de Protección Ambiental y, de acuerdo a la ley, la autoridad junto al Director de Minería que debe rubricar la declaración de impacto ambiental, aseguró: “La empresa aún no envía información sobre algunos aspectos ambientales que les hemos solicitado. Eso puede demorarse una semana o un mes, no sabemos porque no depende de nosotros”. Después, explicó el funcionario, la Universidad Tecnológica Nacional se encargará de emitir dictamen para acompañar la DIA.

“El proyecto entra dentro de la 7722 por lo que incluye cobre”, dijo. Además, opinó que “no habría un gran consumo de agua”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, dijo al ser consultado por Edición UNCUYO: “No tenemos fecha de envío de la DIA a la Legislatura. Nosotros le hemos pedido al Ejecutivo que venga lo más pulida posible la DIA, porque el proyecto anterior tenía más de 100 observaciones”. Dávila agregó: “Lo importante es que se dé un debate serio en la Legislatura”.

Llegar a Macedonia

Como la DIA debe ser aprobada por la Legislatura, Sulway Group, actual dueña del proyecto San Jorge, invitó a viajar a Macedonia, para conocer cómo trabaja la empresa con minas de ese país, al ministro de Energía, Marcos Zandomeni, y a dos diputados radicales: Néstor Parés y Martín Kerchner. Esto generó mucho malestar en agrupaciones y dirigentes. Pérez salió a defender el viaje: “El lobby es legal y legítimo”, y aseguró que las críticas eran “una opinión particular”. Al viaje, que incluyó una visita guiada de la empresa, también fueron invitados funcionarios de San Juan. Según pudo saber este portal, en el radicalismo las opiniones están divididas, pero la mayoría daría los números al Ejecutivo para apoyar al Gobierno.

Dentro de la dirigencia política, quien volvió a ponerse en contra del proyecto es el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), quien siempre ha tenido una postura contraria a esos emprendimientos, que en 2004 fueron impulsados en su departamento por el anterior jefe comunal y generaron una amplia movilización social para ponerles punto final.

El Frente de Izquierda también se opone. El diputado del FIT Héctor Fresina (PO) presentó dos pedidos de informes: uno, dirigido al Poder Ejecutivo; el otro, a la presidencia de la Cámara baja para que el ministro Zandomeni y los diputados Parés y Kerchner, respondieran sobre los objetivos del viaje, quién lo pagó y si el periplo estuvo vinculado a la reactivación del proyecto minero San Jorge.

Decir que no

El profesor de Geografía de los Espacios Mundiales y profesor asociado de Problemas Ambientales de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud, aseguró ante este portal que: “La empresa está presentando sólo la traza ferroviaria, es decir, cómo hará para llevar el mineral a San Juan. Tienen que presentar todo un proyecto nuevo. El anterior, que está archivado, eran 30 cuerpos de expedientes, más de 7000 hojas”, dijo, y agregó: “Están usando todo el tiempo la palabra cantera; en realidad es una mina a cielo abierto en la que no me queda claro si harán flotación”.

Por otro lado, el profesor universitario aseguró: “El proyecto debe ser remitido a la opinión de organismos como la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y hay que darle participación a representantes de las cuencas del Río Mendoza”. También expuso que hay que saldar baches del anterior que no están solucionados, como el cuidado de especies como el cóndor y el hábitat.

El acta final de la CEIAM del proyecto anterior de San Jorge recomendaba: “Se ha establecido la obligatoriedad de actualizar y ampliar las líneas de base cero del IIA, que deberán ser evaluadas y aprobadas por la Autoridad de Aplicación antes del inicio de las actividades. Asimismo, serán auditadas por la Unidad de Gestión Ambiental a ser creada al aprobarse el proyecto, conformada por los organismos miembros de la CEIAM. A fin de no afectar el recurso agua, se solicita que toda la superficie del proyecto donde se depositarán el dique de colas, las escombreras y la playa de maniobras sea protegida con al menos una doble barrera impermeable con sensores de alerta temprana entre las mismas. Para no afectar el recurso aire se consideró conveniente establecer un estricto monitoreo de emisiones, con sistema de alerta temprana que suspenda el desarrollo del emprendimiento si se alcanza la mitad de los límites de emisión establecidos como peligrosos en las normativas vigentes. Asimismo se estipula que el proyecto comience funcionando en una etapa piloto con una producción acotada y auditada externamente a fin de constatar que los parámetros críticos se encuentren por debajo de los valores establecidos para poder habilitar la etapa de explotación en régimen nominal”.

Giraud señaló: “Las importantes deficiencias y faltas de información en el IIA elaborado por la consultora Vector y presentado por MSJ motivaron también que la Autoridad de Aplicación del procedimiento de evaluación (direcciones de Protección Ambiental y de Minería, en forma conjunta), la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN, que tenía a su cargo la elaboración del Dictamen Técnico), y el Departamento General de Irrigación (DGI) se vieran obligados a solicitar reiteradamente a la empresa nuevos estudios complementarios. La  progresiva incorporación de los mismos al expediente tornaba a este cada vez más voluminoso (luego de dos años y medio llegó a tener más de 7000 fojas) y difícil de analizar y comprender de manera integral”.

La organización Oikos Red Ambiental y la Asamblea Popular por el Agua también pusieron reparos a las iniciativas, tanto a la vieja como a la nueva. Oikos hará un planteo administrativo para que se realice una nueva Declaración de Impacto Ambiental para autorizar el proyecto San Jorge y no solo una "actualización" de la misma. Mientras tanto, desde la Asamblea están realizando actos en todos los departamentos con la consigna de defensa de la ley 7722.

La alternativa: Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas

“Llama la atención que, mientras el Gobierno está apurado por aprobar San Jorge, duerme en la Legislatura un proyecto que fue acordado por toda la comunidad, que es la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”, sostuvo Giraud.

El proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas consiste en la implementación de un área natural protegida, ubicada en la Provincia de Mendoza, para conservar el ambiente natural singular del faldeo occidental de la Cordillera del Tigre y el Valle de Uspallata, donde conviven tres ecorregiones: el monte, la puna o cardonal y los altos Andes.

El proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas lleva 20 años de tramitación desde que fuera formulado por primera vez; actualmente se está tramitando en el expediente N.° 65858/2014 y tomó nuevamente estado parlamentario el 26 de febrero de este año, bajo la denominación "Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas", con el acompañamiento de gran parte de la población de Uspallata, que considera que también es necesaria la validación social de este tipo de iniciativas. De concretarse, los proyectos mineros no serían posibles en la zona.

Normas ambientales y económicas que afectan a la minería

En caso de concretarse, el proyecto San Jorge se verá afectado por dos tipo de normas: las económicas y las ambientales. Las primeras le son totalmente favorables a la empresa. Argentina está entre los países que tienen una menor carga tributaria para la actividad minera y entre los beneficios que posee se encuentran: tope de regalías del 3 por ciento (artículo 22, Ley 24196); congelamiento de impuestos nacionales, provinciales y municipales por 30 años y 5 años de gracia sin pagarlos (art. 8, Ley 24196); descuento del Impuesto a las Ganancias en tareas de exploración, compra de equipos, maquinarias y vehículos (art. 12, Ley 24196); descuento del 100 por ciento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966); devolución anticipada y financiamiento del IVA (Ley 24402); reembolsos por las exportaciones embarcadas en puertos patagónicos (Ley 23018); exención del impuesto al cheque (Decreto 613/2001); devolución de los créditos fiscales de IVA (Ley 25429); eliminación de gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad e impuesto a los sellos (Ley 24228).

Con respecto a las normas ambientales, estas son dos, ambas provinciales. Por un lado, la ley provincial del ambiente, la 5961, y la ley que prohibió el uso de sustancias químicas en la minería metalífera. Esta última establece en su artículo 3: “Para los proyectos de minería metalífera, obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley. Los informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación y de otros Organismos Autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley 5961”.

La Ley de Ambiente sostiene como procedimiento en el artículo 29: “El procedimiento de evaluación de impacto ambiental estará integrado por las siguientes etapas: a) la presentación de la manifestación general de impacto ambiental y, en su caso, la manifestación especifica de impacto ambiental; b) la audiencia pública de los interesados y afectados; c) el dictamen técnico; d) la declaración de impacto ambiental. Las etapas individualizadas como c) y d) se cumplirán en forma simultánea”.