Fue una incursión insólita. La policía de la provincia de Jujuy entró al predio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, situada en esa provincia, durante la noche. Había una actividad social de bienvenida a nuevos estudiantes. Con la excusa de "ruidos molestos", los agentes se llevaron -a la rastra y por la fuerza- a dos estudiantes, uno de ellos presidente del Centro de esa Facultad.

Luego costó lograr que se reconociera que los apresados estaban en dependencias policiales, y se demoró hasta el día siguiente para liberarlos. Denunciaron haber recibido maltratos.

La reacción ha sido enérgica: el CIN (Consejo de Rectores) repudió la acción policial, violatoria de la ley. La universidad es territorio federal, y no pueden entrar fuerzas provinciales. Tampoco existió orden judicial alguna; por cierto que se trata de una flagrante falta a las garantías correspondientes a la autonomía universitaria. Por ello se sumaron rechazos de autoridades de varias universidades, a la vez que las de la misma Universidad Nacional de Jujuy, en boca de su Rector (que ha sido designado nuevo presidente del CIN). También la FUA -con una conducción de color político afín al gobernador jujeño- ha denunciado vivamente la acción policial. En el mismo sentido se han manifestado autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, así como el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 La declaración de ese Consejo Directivo hace mención a la responsabilidad que compete a las autoridades gubernativas. En el caso del gobernador jujeño, este hizo una curiosa y tardía afirmación -dos días luego de los hechos- según la cual él mismo repudiaba lo realizado por quienes dependen de sus órdenes. Pero no se ha removido al Ministro de Seguridad de la provincia, ni siquiera al jefe de policía, por lo que está claro que no existe voluntad de castigo a los responsables; y se confirma que la invasión del espacio universitario no es un hecho aislado en relación a lo que ocurre en la provincia norteña, que ha hecho a esta objeto de protestas internacionales en relación con la prisión de Milagro Sala.

Salvemos la institución de la autonomía universitaria, que forma parte de las conquistas democráticas de nuestras universidades, y que las dictaduras y los gobiernos autoritarios han arrasado en otras épocas.

Y salvaguardemos la paz social; no aceptemos el juego en que cree algún sector de la clase media argentina, según el cual la represión es el remedio a la protesta social. Reprimir la protesta es preparar una olla a presión que, en cualquier momento, puede saltar por los aires. La experiencia de la Argentina de hace cinco décadas es muy elocuente sobre qué ocurre cuando se pretende resolver temas sociales con recetas policiales.-