El jefe del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Pablo Alonso, aseguró que no recibió ninguna comunicación del gobierno local ni nacional respecto de cambios en las políticas que lleva adelante el área. Por eso, entendió que sólo se concretaron modificaciones en el organigrama del Ministerio de la Nación, aunque estas encendieron las alarmas sobre el futuro del Programa.

Alonso reconoció que la incertidumbre se generó a raíz de que en el nuevo organigrama del Ministerio de Salud de la Nación no se nombra específicamente al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como sí se hace –por ejemplo– con los que atienden al cuidado bucal y oftalmológico.

El decreto 114/16, publicado el 12 de enero en el Boletín Oficial, detalla el nuevo organigrama del Ministerio de Salud de la Nación. En uno de los puntos se enumeran los objetivos de la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria y uno de ellos es “entender en los temas relativos a la salud sexual y procreación responsable”. La novedad encendió la alarma entre organizaciones y referentes que trabajan en el área de la salud sexual y reproductiva, no sólo porque el programa pasó de depender de una secretaría a otra, sino porque en ningún momento se lo nombra.

Una de las voces críticas que se escuchó fue la de Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y una de las juristas que participó en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial Unificado de la Nación. En una entrevista que concedió a la agencia Télam, la abogada dijo que “depender de otra área ministerial más general afectará al Programa, que se caracteriza por tener una autonomía funcional y especialización reconocida por su trabajo de campo con muy buenos resultados". En la nota, la doctora en Derecho explicó que el Programa de Salud Sexual y Reproductiva “funcionaba muy bien por su trabajo de campo” y que si lo sacan del área al que pertenecía habría que preguntarse por qué y para qué.

En el mismo sentido, el diario Página 12 publicó los dichos de la secretaria de Género de la CTA e integrante del consejo consultivo del programa, Estela Díaz, quien advirtió que “peligran la continuidad de suministro de insumos como métodos anticonceptivos, las capacitaciones que se venían llevando adelante y la formación de equipos de salud”. Frente a estas declaraciones, la agencia Télam consultó a Patricio Ancarrolla, vocero del ministro de Salud, Jorge Lemus, quien aseguró que el programa no fue dado de baja, sino que a partir de ahora depende de la Dirección Nacional de Atención Comunitaria, de la Subsecretaría de Atención Primaria.

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva fue creado en 2002 por la Ley 25673 y puesto en marcha un año después. Su objetivo central es que la población alcance un alto nivel de salud sexual y procreación responsable, adoptando decisiones libres de discriminación y violencia. También prevé disminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados y promover la salud sexual de los adolescentes.

En Mendoza, el programa también se puso en marcha por ley, siguiendo los lineamientos de la norma nacional. El área atiende a una gran cantidad de población, y cualquier cambio en la política nacional afectaría especialmente a los ciudadanos que están en situación más vulnerable, teniendo en cuenta que los que tienen más poder adquisitivo pueden acudir a un médico en forma privada y pagar los métodos anticonceptivos.
 

Dependencia nacional

El médico Pablo Alonso, que está al frente del programa provincial desde hace tres años, aseguró que por el momento ni la Nación ni el Ejecutivo local le comunicaron cambios. A su entender, se trata de una reestructuración en el Ministerio de Salud, algo similar a lo que pasó en Mendoza, con los cambios dispuestos en la organización de los ministerios por el gobernador, Alfredo Cornejo. Alonso aceptó que las modificaciones provocaron cierta incertidumbre, porque en el nuevo organigrama no se nombra específicamente al programa, como sí se hace con otros.

Tal como a nivel nacional, en Mendoza el programa brinda consejería e información relacionas con la sexualidad y la reproducción, así como el acceso a todos los métodos anticonceptivos en forma gratuita. El médico recalcó que el objetivo con el que trabajan es que las personas puedan disfrutar de una sexualidad plena, libre de enfermedades y de violencia y que puedan acceder en forma gratuita a métodos de control de la natalidad, siempre que así lo decidan.

Alonso advirtió que cualquier modificación sustancial a nivel nacional puede afectar al plan provincial. La razón es que presupuestariamente, el fuerte proviene de la Nación. En 2015, por ejemplo, el Ejecutivo local, a través del Instituto de Juegos y Casinos, aportó para estas políticas unos 296 mil pesos, mientras que todos los métodos anticonceptivos corrieron por cuenta de la Nación.

En 2015, por ejemplo, el Ministerio de Salud envió a Mendoza distintos métodos anticonceptivos para su distribución gratuita: 72 235 ampollas mensuales, 3540 trimestrales, 170 mil pastillas, 800 mil preservativos masculinos, 1800 implantes subcutáneos, 2000 DIU comunes y 34 mil tests de embarazo.

El médico explicó que de los 383 efectores que tiene la Provincia, entre lo que se cuentan hospitales y centros de salud, algunos de los cuales dependen del Ministerio y otros de las comunas, en 303 reciben los métodos anticonceptivos directamente de la Nación, a través del programa Remediar.