Actualmente en Argentina hay alrededor de 25.000 personas detenidas en centros de internación -66,7% en el sistema público y 33,3% en el privado. La mayor parte de estas personas se encuentra segregada de la vida en comunidad. Más de un 80% son encerradas durante más de un año, y muchas lo son de por vida. Dos tercios de estas personas se encuentran en el sistema público, de las cuales, el 75% permanecen detenidas en instituciones de 1.000 camas o más. Entre el 60 y 90% de las personas detenidas permanecen institucionalizados en hospitales psiquiátricos porque el sistema de salud mental en Argentina no cuenta con los servicios y el apoyo en la comunidad necesarios para evitar la prolongación indefinida de su internación o para lograr su reinserción social.

La investigación que realizó el CELS entre 2004 y 2007 registró graves hechos de abuso y negligencia en las instituciones psiquiátricas argentinas, e incluso, casos de personas que murieron incineradas en celdas de aislamiento, exposición a privación sensorial mediante el aislamiento por un largo período de tiempo y actos de violencia física y sexual. También observamos condiciones de vida peligrosas e insalubres, tales como la falta de agua en los baños, ausencia de cloacas, amenazas a la seguridad y riesgos de incendio en las instituciones. La gran mayoría de las personas detenidas en las instituciones psiquiátricas argentinas deben sobrevivir en condiciones de casi total inactividad y con insuficientes posibilidades de rearmar su vida por fuera de las instituciones.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce a las personas usuarias de los servicios de salud mental, como sujetos de derecho. La sanción definitiva del proyecto de ley nacional de salud mental, con media sanción en la Cámara de Diputados/as del Congreso de la Nación, es un significativo paso en este proceso.

En este contexto el Presidente del INADI, entre otras acciones de importancia, ha enviado al Presidente del Senado de la Nación una carta para expresar adhesión a los proyectos CD-60/09, sobre Régimen de Salud Mental y CD-109/09, sobre Plan Federal de Asistencia Pública de las Adicciones en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Los avances sustantivos que plantea este proyecto de ley:

• adecuación de la legislación interna a los estándares internacionales de derechos humanos,
• revisiones judiciales periódicas de las internaciones psiquiátricas involuntarias,
• derecho a contar con asistencia legal gratuita desde el inicio del procedimiento,
• derecho a la integración en la comunidad, a la rehabilitación y al consentimiento informado para todo tratamiento, en pos del respeto de la voluntad de la persona usuaria de los servicios de salud mental y su reconocimiento real como sujeto de derecho;
• creación de un órgano independiente e intersectorial de revisión de las internaciones forzosas, la fijación de reglas claras que establecen el carácter excepcional de esta medida,
• prohibición de crear nuevas instituciones manicomiales y la consecuente y progresiva desinstitucionalización mediante la atención integral en hospitales generales,
• creación de dispositivos comunitarios de atención ambulatoria
• reconocimiento de manera explícita el respeto de la voluntad de la persona en todo tratamiento de salud mental.
  establece que: “Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de la Salud Mental”. Los/as usuarios/as de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías establecidos en el proyecto de ley, según sus términos, en relación con la atención de su salud.

Analía Martin