Ley de Salud Mental: radiografía de la implementación en Mendoza

Sociedad

La mamá de Charpentier habló durante el debate que se realizó en el Senado de la Nación sobre la reglamentación de la ley. Contó lo que vivió para internar a su hijo que tuvo una recaída, teniendo en cuenta los temores de la familia, ya que en 2016 el joven recibió un disparo cuando la fuerza pública acudió a su casa para intentar trasladarlo a una clínica.

En su exposición, la mamá del cantante planteó dos aspectos. El primero, las dificultades que enfrenta una familia para encontrar ayuda cuando una persona adicta tiene una crisis, está en su casa y no quiere ser trasladada, ya que si bien existen protocolos y mecanismos para recurrir a los servicios de emergencia e incluso a la fuerza pública, a veces no funcionan, como en su caso. El segundo, fue el de las internaciones involuntarias, ya que la ley las permite cuando el equipo de salud determina que existe un riesgo para la propia persona o los demás, pero una vez que pasó ese riesgo y la persona fue compensada, esa privación de la libertad solo puede continuar con su consentimiento.  

La Ley de Salud Mental  (26657) se aprobó en noviembre de 2010 y se reglamentó en mayo de 2013 y prevé la sustitución de los hospitales monovalentes (solo con especialidad de psiquiatría), tanto públicos como privados, por un sistema de atención de salud mental de base comunitaria. Esto, por entender que  los primeros eran lugares de encierro sin respeto por los derechos humanos. El cumplimiento de la norma es dispar en el país y en Mendoza se avanzó con la apertura de servicios de salud mental en los hospitales generales, pero la apuesta es contar con estos mecanismos en la atención primaria y permanecen abiertos los dos centros sanitarios monovalentes, El Sauce y el Pereyra.

De acuerdo a informes oficiales del ministerio de Salud de la Nación, en especial a los que se concretaron en el período de pandemia, una de las causas de consulta en los servicios de Salud Mental, fueron los padecimientos derivados de la adicción a distintas sustancias.

Internaciones previstas en la ley

Si bien Prado explicó a Unidiversidad que no escuchó la exposición de la madre de Charpentier, hizo algunas aclaraciones respecto de la letra de la ley, porque aseguró que se habla sobre la misma, pero no se la lee. Dijo que no prohíbe las internaciones involuntarias, sino que las regula, que el equipo de salud es el que debe determinar la necesidad de esa privación de la libertad cuando existe un riesgo para la propia persona o los demás y, que en manos de la Justicia queda el control de legalidad de la medida. Antes, esto lo decidía un juez o jueza o un único profesional de la salud.

La psiquiatra subrayó que lo que  prohíbe la ley son las internaciones de índole social, que no están fundadas en una enfermedad mental que se ha agudizado, sino que son personas que no tienen dónde estar, ni con quien quedarse. Antes, en muchos casos, terminaban internadas en hospitales psiquiátricos.

Prado consideró que no es factible realizar modificaciones sustanciales a la ley por dos razones. La primera es que su letra está unida a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional del que Argentina es parte; y la segunda, es que está en línea con el Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que cualquier cambio que se realice debe ser compatible con ese plexo normativo.

La psiquiatra consideró que el problema no es la letra de la ley, sino que en algunos casos los mecanismos puestos en marcha para cumplirla no sean eficaces. Por ejemplo, ante la necesidad de una internación por una situación de peligro a causa del consumo de sustancias, que fue la situación que algunas familias plantearon durante el debate en el Senado.

El problema de fondo: las adicciones 

La psiquiatra dijo que el problema de fondo es el de las adicciones, es decir cuando a raíz de ese consumo las personas necesitan tratamiento y especialmente cuando padecen un brote psicótico o se tornan violentos contra sí mismos, los demás o existe ese riesgo, por lo que es necesaria una intervención de los servicios de salud mental y en algunos casos la internación.

“El problema de las adicciones es gravísimo, que no es un problema de salud solamente, sino un problema muy complejo que tiene la sociedad humana a nivel global y que nadie sabe cómo resolver. La gente cree que encerrando a la persona durante un año o dos se va a mejorar y, por eso, están pidiendo eso, creyendo que esa es la solución”, explicó.

La profesional dijo que el pedido de algunas familias es que las personas enfermas a raíz de su adicción permanezcan internadas de forma prolongada en comunidades terapéuticas cerradas, aun cuando ya fueron compensadas, es decir cuando pasó ese riesgo cierto e inminente que determina el equipo de salud. En ese caso -expresó- la persona debe seguir el proceso en forma voluntaria.

Prado comentó que existen diversas  posturas respecto de si una internación prolongada permitirá que una persona supere su adicción. “La verdad es que están divididas las aguas, personalmente opino que aunque tengas internada dos años a una persona, cuando salga si quiere seguir consumiendo lo va a hacer. Es decir, las adicciones no son posible superarlas si no tenés la voluntad de la persona, si la persona tiene la voluntad de dejar, ahí se lo puede ayudar con medicamentos, con internación, pero si no quiere, lo podés tener encerrado diez años que cuando salga va a volver a consumir. Entonces, esa falacia de que el encierro va a curar la adicción, es lo que me parece que está en juego en este momento”.

La psiquiatra consideró que privar de libertad por mucho tiempo a una persona con el objetivo de que supere su enfermedad adictiva, tendría implicancias jurídicas que no se consideraron. Para explicarlas, planteó el supuesto de que el sistema de salud y jurídico argentino considera que las personas adictas no saben lo que hacen y que no son libres para elegir, entonces -dijo- cuando alguien que padece una adicción comete un delito debería ser declarado inimputable.

“La gente que hoy pide el encierro de los adictos va a estar dispuesta a que cuando cometan un delito sean inimputables, porque creo que no están viendo las consecuencias que tiene su propia forma de pensar. Yo creo que los adictos son enfermos, pero que cuando un adicto está compensado, aun consumiendo, es decir está compensado y no está intoxicados bajo el efecto de la sustancia, son responsables de lo que hacen. De hecho, la cárcel está llena de adictos porque todos consumen, todos deberían haber sido declarados inimputables y ninguno debería estar en la cárcel, según la manera de pensar de que quienes apoyan encerrarlos contra su voluntad, porque dicen que no saben lo que hacen. El tema es muy complejo y la gente mira muy pocas jugadas para adelante y la siguiente se viene en contra. Este tema es meduloso, así como las implicancias jurídicas de lo que están planteando”.