Los datos de la Dirección de Protección de Derechos, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad muestran que en la
zona norte, que incluye Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras,
Lavalle, Luján y Maipú, se concretaron a julio de este año 934
intervenciones en los servicios comunales que forman parte de la red que
vela por los pequeños.

El derecho a la salud integral de niños, niñas y adolescentes fue el más
vulnerado en lo que va del año, por lo que se concretaron 486
intervenciones por diversas causas entre las que se encuentran abuso
sexual, abandono, violencia familiar, maltrato físico y psicológico,
trastornos de conducta, prostitución infantil, adicciones y embarazo
adolescente.

En cuanto a la cantidad de intervenciones que se realizaron en los
municipios, a la cabeza está Godoy Cruz con 297, le siguen Guaymallén con
187, Maipú con 149, Capital con 101, Luján con 97 y Las Heras con 88.
La información determina cuáles fueron los derechos vulnerados por los que
se solicitó la acción estatal. Primero está el de salud integral, con 486
intervenciones, seguido por el de vivir en familia con 224, a la educación
con 121 y al esparcimiento, con 9. A esto se sumaron 94 omisiones de la
acción pública, por la que los pequeños no pudieron ejercer algunos de sus
derechos.

En cuanto a las acciones concretas que implicaron la vulneración de
derechos, en el ítem vivir en familia se incluyen los conflictos
vecinales, los problemas económicos y la deambulación; en el de educación,
la deserción escolar y la falta de escolarización y en el de
esparcimiento, el trabajo infantil. En cuanto a las omisiones del Estado
respecto de sus deberes con los pequeños y sus familias, están a la cabeza
el déficit habitacional y los problemas económicos.

En 2005 el Congreso aprobó la ley de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes, que significó un salto cualitativo en las políticas
de la infancia, ya que se dejó de tratar al pequeño como un objeto de
tutela del estado, para convertirse en un sujeto de derecho.

En Mendoza, una acordada de la Suprema Corte de Justicia frenó la
implementación de la norma, por “la imposibilidad de poner en marcha sus
aspectos procedimentales”. Finalmente entró en vigencia en 2008.
A partir de ese momento, se puso en marcha un sistema de protección de
derechos, formado por un órgano ejecutor y oficinas en las comunas de
Mendoza, que son los que reciben los pedidos de intervención de las
familias y los pequeños.

Además de las 934 intervenciones que demandaron las familias en la zona
centro norte de la provincia, los datos oficiales muestran que se tomaron
64 medidas de excepción, una de las pocas situaciones en las que
interviene el juez de familia, por ejemplo cuando el pequeño debe ser
separado del hogar. En el resto de los casos, la responsabilidad de
reparar el derecho vulnerado del niño es del Estado, ya que uno de los
cambios sustanciales de la ley es no judicializar al niño por razones
sociales o económicas.

En cuanto a las comunas donde se tomaron medidas excepcionales -que son
monitoreadas por el juez- se concretaron 21 en Guaymallén, 16 en Godoy
Cruz, 10 en Las Heras, 7 en Luján, 6 en Capital y 4 en Maipú.
Del total de medidas excepcionales se concretaron 31 para proteger los
derechos de niñas y 33 para varones.