En Mendoza continuaron los alegatos en el megajuicio por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar. En esta segunda etapa, el representante de la querella por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Pablo Salinas, dio los argumentos por los que cree que se debe encontrar culpables a cuatro exfuncionarios de la Justicia Federal: Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren.

En la mañana del lunes 15, Salinas señaló a los exjueces Romano y Miret por manipulación de expedientes, archivo de causas, rechazos de Habeas corpus e interrupciones de los procesos judiciales. El abogado repasó el caso de desaparecidos, puntualmente el de Virginia Adela Suárez, quien fuera secuestrada a manos de militares. Al respecto, el especialista manifestó cómo actuó la Justicia. Aseguró que "no hubo un proceso de investigación por parte de Romano y Miret, pese a las denuncias presentadas por los familiares" y denunció la impunidad de ellos por "cerrar los expedientes y truncar el proceso legal".

El letrado aseguró que hubo irregularidades en materia de expedientes. Dentro de las alteraciones, se producía la repetición de sellos entre expedientes, modelo que incluso se reitera en otras resoluciones, de manera que en la Justicia se manejaba la misma sistematicidad. “Parecía que se utilizaba una fotocopia y sólo se le cambiaba la fecha. El plan era que no tuvieran entidad, que fueran números y que se archivaran rápidamente”, dijo Salinas.

Otro de los puntos que abordó entre sus argumentos involucró la Ley 21267, “que declaraba que todo el personal de las fuerzas policiales y penitenciarias quedaba bajo la jurisdicción militar”. Con respecto a esto, el abogado informó que esta normativa, que respaldaba la actividad militar del momento, no fue utilizada como correspondía.

"Los militares no declaraban la incompetencia entre jueces, por lo que el plan criminal del terrorismo de Estado no necesitaba que los expedientes fueran a la justicia militar ni a la provincial, sino que querían que el expediente quedara cerrado. Para ello acudían a la Justicia federal penal, para que los cerrara”, agregó Salinas.

“Miret y Romano no se declararon incompetentes, sino que se declararon competentes. No usaron la 21267 en su momento y la pretenden usar ahora. Acá, directamente se cerraron los expedientes y tomaron el camino de la impunidad, cuidándose las espaldas", sumó el letrado.

Salinas hizo hincapié en la trayectoria de los jueces. Dijo que eran personas calificadas, aceptadas por la sociedad, y se convalidaron permitiendo que la represión siguiera produciéndose.