La sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de escolarización para los niños y las niñas de tres años despertó el debate social sobre la obligatoriedad. Los especialistas en educación celebran que el Estado Nacional asegure la cobertura pero cuestionan la decisión de obligar a las familias a llevar a sus hijos a los jardines maternales. "Es una medida adecuada aunque con ciertas consideraciones", definió Mónica Castilla, decana de la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo.

Este miércoles 16 de noviembre, con 206 votos afirmativos, 5 en contra y 3 abstenciones fue aprobado el proyecto de ley que establece "la obligatoriedad escolar en todo el país a partir de los 3 años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria". La iniciativa educativa —que ahora girará al Senado— promueve el derecho a la educación inicial, atendiendo las desigualdades sociales y educativas. De esta manera, los padres, las madres y/o tutores deberán mandar a sus hijos desde esa edad a los establecimientos educativos.

En diálogo con Unidiversidad, la decana Castilla mostró su apoyo al proyecto de ley y lo definió como "adecuado", pero criticó la obligatoriedad que se quiere imponer. "La medida favorece la igualdad de oportunidades pero no estoy de acuerdo con la obligatoriedad, es un tema complejo", expresó.

La titular de la unidad académica cuestionó la definición de "escolarización" del proyecto, ya que se refiere a docentes, lo que demandaría una tarea formativa "titánica". Castilla hizo referencia a la Tecnicatura en Cuidado Infantil, dictada en la Facultad de Educación, que podría ayudar pero no estaría contemplada en la iniciativa debido a que los graduados no cuentan con título docente.

En sintonía, la docente y especialista en Educación Inicial Silvina Bascuñan consideró que la obligatoriedad debe ser del Estado Nacional para asegurar la prestación del servicio, aunque debe quedar en la libre potestad de las familias el llevar al niño o a la niña a los colegios.

En el debate de la Cámara Baja, la asignación de recursos fue uno de los puntos más cuestionados por la oposición, pero se informó que el Ministerio de Educación firmó convenios con todas las provincias para la construcción de los jardines y la incorporación de maestros y trabajadores.

Sobre este aspecto, Bascuñan se refirió a la situación de Mendoza y explicó que hay jardines maternales dependientes del Estado –antes conocidos como Servicio Educativo de Origen Social (SEOS)– con alta cobertura. A nivel nacional, la escolarización de niños y niñas de tres años arroja cifras muy dispares: en la Ciudad de Buenos Aires alcanza al 87 %, pero en Formosa solamente al 20 %. La nueva medida educativa permitirá la incorporación de más de 400 mil chicos que hoy están fuera del sistema y asegurará la igualdad de oportunidades.

La obligatoriedad de las salas de tres años fue una de las promesas de campaña de la gestión del presidente Mauricio Macri. De aprobarse en el Senado, el Estado Nacional destinará un total de $ 32 mil millones para la construcción de 11 mil salas nuevas en todo el país y para el financiamiento del personal docente, arreglos edilicios, instrumentos de trabajo y servicios.