A 270 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe se halla un yacimiento llamado "Silvinita". Su origen se remonta a los tiempos prehistóricos, a cuando el Océano Atlántico cubrió el norte de la Patagonia y se extendió sobre el sur de Mendoza. En el mar, como todos sabemos, hay enormes cantidades de cloruro de sodio, entre otros minerales, y eso es lo que abunda en ese rocoso y árido paisaje malargüino. 

Claro que la sal no es visible. Está convertida en rocas. Los geólogos las denominan rocas evaporíticas y, para que nos demos una idea de cómo se formaron, suelen invitamos a imaginar la acción de dejar un vaso de agua salada expuesto a las condiciones de un clima seco durante muchísimo tiempo. 

Un proceso similar ocurrió durante millones de años con el mar que se evaporó, quedando, como vestigios de su existencia, unas enormes extensiones de paquetes en la cuenca del Río Colorado que contienen sal y potasio.

De estos minerales, solo el cloruro de potasio se considera una riqueza a ser explotada. Es un compuesto que se aplica a los suelos como fertilizante, con lo cual lo demanda la agricultura a gran escala. El problema es que solo se lo puede extraer del agua salada; la operación en el medio natural no es muy compleja, pero requiere de una inversión millonaria.

Hace unos años, quien le echó el ojo a la explotación de este yacimiento fue la empresa angloaustraliana Río Tinto, una de las mayores empresas mineras del mundo. Ya había formalizado su petición al gobierno de la provincia de Mendoza y había conseguido una autorización legislativa para utilizar agua del Río Colorado, cuando fue jaqueada por la crisis financiera internacional. Fue entonces que el proyecto Potasio Río Colorado se vendió a la empresa brasileña Vale. Esta lo compró con la finalidad de abastecer la demanda de potasio que hay en los cultivos de la zona del Mercosur. El proyecto Potasio-Río Colorado se presentó así como un emprendimiento destinado a a la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y expedición de cloruro de potasio durante cuarenta años.

Evaluando el impacto ambiental 

Para que todo el proceso llegase a destino, la empresa Vale contempló construir un corredor ferroviario hasta el Puerto de Bahía Blanca. Surgió entonces la llamada "ruta del potasio". Como es de suponer, una explotación de estas características requiere de un muy cuidadoso estudio de impacto ambiental. No sólo hay recursos naturales en juego: hay procesos industriales con consecuencias en el medio ambiente, residuos o pasivos ambientales que mitigar y controlar y, –si bien la explotación asegura beneficios económicos para la provincia porque tributa regalías e impuestos–, esta es sólo una razón más a considerar por parte de la autoridad ambiental. 

De acuerdo con las leyes que nos rigen, hay minería si hay una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que ha de ser el resultado de un análisis y de una discusión sobre todos los aspectos involucrados desde el punto de vista del desarrollo sustentable. En el caso de Potasio Río Colorado, se formó un expediente con más de 30 cuerpos y hacia 2009, la discusión llevaba dos años, aun cuando no se trataba de un emprendimiento minero de los controvertidos, es decir, de los que emplean sustancias químicas o provocan explosiones a cielo abierto. De todos modos, la extracción de los depósitos salinos –mediante disolución– fue mirada con lupa, sobre todo en atención a que junto al río se depositaría una pila de sal residual de unas 210 hectáreas de superficie.


El ingeniero Ricardo Debandi, por entonces Director de Control y Saneamiento Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, precisó que hubo prevenciones suficientes sobre cómo se iba a controlar todo lo relativo a esta pila de sal. Para empezar, explicó Debandi que hay que entender por qué habrán de generarse grandes residuos de sal. "El proceso de extracción es bastante simple: se disuelve la silvinita (roca) para llegar al potasio. Pero el cloruro de sodio se desprende primero por ser más soluble. En otras palabras, si el potasio se disolviera antes, no habría necesidad de sacar la sal."

Debandi apuntó otro dato para mejorar la apreciación de este proceso, y es que es a 1.000 y 1.500 metros de profundidad donde se va a trabajar: "Se va realizar una perforación que entra y otra que sale. La primera inyecta agua caliente con presión y se va formando una caverna que se comunica con el canal de salida, que permite extraer una solución acuosa (salmuera) que se lleva a unas piletas de evaporación. En ellas se separa el cloruro de potasio del cloruro de sodio. Mientras al potasio se lo compacta para trasladarlo, con toda la sal que queda se va a ir armando un depósito. Se la va a someter a un proceso de evaporación muy fuerte, hay partes donde va a escurrir y se va a evaporar por las mismas condiciones climáticas –clima seco y árido– y llegará a consolidarse como una roca".

"Es cierto que en términos de modificación del paisaje a muchas personas les generó dudas esta pila de sal", señaló Debandi, y se explayó: "En el proceso de evaluación esto fue la mayor discusión, al punto tal que no se avizoraba ningún otro problema ambiental que no fuera el relacionado con el depósito ubicado a sólo 5 kilómetros de distancia del Río Colorado. Estaban las dudas del COIRCO, que es el organismo intersectorial con potestad sobre la cuenca de las inmediaciones del Río Colorado, en el sentido de una posible salinización del río -mayor que la que ya de por sí acarrea su caudal natural-. Esto nos llevó a plantearle a la empresa relocalización de dicho depósito”.

La empresa tardó en tomar la decisión. Mientras tanto, las autoridades de ambiente decidieron no avanzar hasta tanto la relocalización no estuviese definida. Hasta ese momento, el COIRCO hablaba de una solución que consistía en inyectar la sal a napas más profundas, es decir, volver a introducir a esa caverna el cloruro de sodio. Para esto se necesitaba mucha más energía. "Lo que consideramos fue que era preferible controlar la sal en la superficie, en esa zona muy arcillosa, de poca vegetación y poca flora y fauna, tener ese cloruro de sodio si bien constituye un pasivo inmediato, en el futuro también representa un recurso. Un recurso para el cual se utilizó una cantidad de energía para extraerlo", sostuvo Debandi. 

La geóloga Adriana Blesa llegó a asesorar a la Dirección de Minería cuando la empresa ya había elegido otro lugar para la pila de sal, esta vez, alejado del río unos 18 kilómetros. "Todos los que hemos visto el lugar llegamos a la conclusión de que ambientalmente es mucho más agresivo el tener que volver a reinyectarla al suelo que el tenerla sobre esta suerte de olla o cuenca que facilita la disposición de la sal”, dijo. Y agregó: “O sea, no es que debamos imaginar nuevas montañas en el lugar, sino que se van a aprovechar las depresiones naturales para depositar la sal y se lo va a hacer en óptimas condiciones de seguridad, tal como se instruye en la DlA, esto es, con monitoreos continuos y con un sistema de alerta temprana a través de sensores". 

Las garantías a las que se refiere Adriana Blesa eran varias y de diversa índole. Todas estuvieron contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada hace menos de un mes por el gobierno de Mendoza. Hay que aclarar que, de acuerdo con lo resuelto, se autoriza la etapa de construcción y producción del Proyecto Potasio Río Colorado, mas este inicio de actividades estuvo condicionado por el cumplimiento de las instrucciones detalladas en más de 100 artículos. En ellos se impusieron condiciones de seguridad relativas al funcionamiento general del proyecto. Por ejemplo, surge que las zonas con fallas geológicas no se pueden explotar. O sea, si se encuentran fallas geológicas, éstas podrían facilitar que la sal migre y se conduzca por una gran grieta; de ahí que, si al perforar se encuentran fallas, la empresa tiene que proceder a entubar y cimentar los pozos y asegurarse de que no haya conexiones. Por supuesto, todo el perímetro debe estar perfectamente cercado. Se prevé un sistema que evita que las aves vayan hacia el espejo de agua que es la pileta que contiene la sal –con parlantes emitiendo un sonido que simula el ruido de un halcón, que es el depredador natural–.

Lo fundamental son los sistemas de control y monitoreo. Se instruye a la empresa a que coloque una red de sensores en puntos críticos; por ejemplo, sobre el caudal del Río Colorado se estableció que habría un sensor aguas abajo y otro aguas arriba midiendo la salinidad o conductividad, entre otras cosas. A partir de ciertas diferencias detectadas en la composición, se dispararía una alerta temprana para dar lugar a la acción de los planes de contingencia. También se instruye a que se coloquen sensores debajo de la cuenca donde va a ir depositada la sal. Esta tiene que ir contra la pendiente, no puede haber ninguna cuenca superficial que escurra y que llegue al río y se exige una doble membrana, arcilla y recién se coloca la sal con el fin de evitar filtraciones. Si las hubiera, no sólo las detectarían los sensores sino que además funcionarían unos ductos que las canalizarían hacia donde no haya posibilidad de filtraciones.

Además, se constituyó una unidad de gestión ambiental que debía estar instalada en el lugar. No sólo iba a estar integrada por las autoridades de la Secretaría de Ambiente sino también por todos los que participaron en la evaluación, es decir, organismos públicos, instituciones académicas y científicas.



Una planta gastadora

Para la explotación del cloruro de potasio, la empresa propuso la utilización de gas natural y energía eléctrica como insumos básicos durante los 40 años que duraba el proyecto. El problema era que insumiría grandes cantidades de lo primero, y no había certeza sobre de dónde iban a obtenerlo. Este fue un tema muy controvertido. Se habló de un millón de metros cúbicos de gas por día para calentar grandes cantidades de agua y mantenerla a una temperatura constante durante todo el recorrido del proceso de extracción. En su momento, hubo dos posiciones y ganó por mayoría la de condicionar la Declaración de Impacto Ambiental a la factibilidad que la empresa consiguiese de parte del organismo competente, es decir, la Secretaría de Energía de la Nación. La otra posición instaba a declarar que el emprendimiento significaba una rápida contribución al agotamiento del gas argentino para abastecer una demanda externa.

La posición mayoritaria argumentaba que la energía  que se estaba solicitando era para una actividad que generaría empleos directos e indirectos y que haría posible el surgimiento o desarrollo de otros emprendimientos locales de provisión de bienes y servicios. 

En relación a este punto, la provincia de Mendoza, en tanto autoridad ambiental, decidió prever y mitigar los problemas que la combustión iba a generar. Por un lado, la DIA exigió a la empresa que parte de la energía empleada fuese renovable, fuera eólica o solar, cuestión sujeta a los lugares donde se pudiera –con seguridad no se podría aplicar en las calderas pero sí en los campamentos– y, por otro lado, se instruyó hacer la ecuación del dióxido de carbono que se emitiría una vez funcionando y que se computa como un pasivo ambiental que contribuye al efecto invernadero. Según la DIA, sería la Facultad de Ciencias Agrarias la que determinase cuántos forestales tenía que plantar la empresa para absorber dichas emanaciones.

Finalmente, la provincia también acordó mayores ventajas para los habitantes de Mendoza: teniendo en cuenta que a una inversión millonaria le seguía una ganancia extraordinaria, se celebró un Acuerdo para el Desarrollo Sustentable. El compromiso que se firmó establecía constituir un Fondo de Desarrollo Socio Ambiental que estaría compuesto por 48 millones de pesos. Los aportaría la empresa Vale en la etapa de construcción 2009-2013, más el equivalente al 1% de la facturación bruta total durante los siguientes cuarenta años. De ese fondo dependía la financiación de obras de infraestructura de diversa índole: de riego, de energía y  gasoductos.