El Gobierno nacional formalizó este viernes su decisión de revertir el reperfilamiento de la deuda de corto plazo en manos de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias, con el objetivo de revertir los “desequilibrios” que esa postergación de los pagos generó en algunas administraciones y asistirlas para cumplir compromisos como el pago de sueldos.

El decreto 796/2019, publicado este viernes en el Boletín Oficial, indica que "se excluye de la postergación prevista en el artículo 1.° del Decreto N.° 596 del 28 de agosto de 2019 y su modificatorio, a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo identificados en su Anexo, cuya tenencia registrada al 31 de octubre de 2019 y titularidad a la fecha de pago corresponda a la Administración Pública No Financiera de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), comprendiendo a estos efectos su Administración Central, Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios, Cuentas Especiales e Instituciones de la Seguridad Social".

El decreto también ordena a las provincias y a la CABA informar cuáles son los títulos que las jurisdicciones tienen en su poder y su valor nominal. Más adelante, el gobierno resalta: "Los títulos con fecha de pago original vencida a la entrada en vigencia de esta medida serán cancelados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba esa información o de la publicación del presente decreto, la que ocurra última".

"Este decreto es bueno para las provincias. Se normaliza el pago de LETES y LECAP a provincias. No quedaba tanto porque se les fueron recomprando a las provincias si tenían deudas que pagar", indicaron voceros del Palacio de Hacienda.

"Los que tuvieron vencimientos estos tres meses ya les fuimos recomprando y fueron pagando, acá o en el exterior. Así que quedaban aproximadamente el 25/30 % del monto original, equivalentes a unos 350 millones de pesos que se cancelarán en la moneda original. Pero las provincias mantendrán los saldos en los bancos hasta el vencimiento de sus obligaciones", indicó el vocero ministerial.

La medida se formalizó frente a los crecientes compromisos que afrontan las provincias, como el pago de los sueldos, y ante las extremas dificultades para acceder al crédito privado, fundamentalmente a partir del cimbronazo financiero posterior a las elecciones primarias por el que el gobierno de Mauricio Macri resolvió patear los pagos de la deuda de corto y mediano plazo, lo que se interpretó en el mercado como un “default técnico”.

En el texto publicado hoy, la administración nacional reconoce que el reperfilamiento de los compromisos financieros “ha generado desequilibrios financieros en algunas jurisdicciones locales y condiciona el cumplimiento de las obligaciones”. También se admite que no fue suficiente el “Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera” que se puso en marcha a fines de septiembre para asistir a las provincias con títulos de deuda afectados por la postergación del pago y que además “tuvieran dificultades para atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales”. “La decisión que por este decreto se adopta contribuye al fortalecimiento de las autonomías de esos entes, a la sustentabilidad de sus esquemas fiscales y a su pleno funcionamiento”, aseguró el Poder Ejecutivo Nacional.