Cien mil personas buscan su identidad en Mendoza y 3 millones en el país. No se trata de nacidos durante la dictadura, sino antes de 1976 y después de 1983. Las cifras son alarmantes y ponen en cuestión cómo y qué hace el Estado para garantizar a sus ciudadanos el derecho a la identidad. En este contexto, la diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) María José Sanz presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Búsqueda Universal de Identidad de Origen y Biológica.

Entre lágrimas y aplausos, la legisladora explicó los puntos del proyecto acompañada del presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés; el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares; la jueza de Familia, María Fontemachi; el fundador de la Red Argentina por la Adopción, Antonio Romeo, y Patricia Giménez, del Colectivo Mendoza por la Verdad.

La historia de esta última es muy pertinente a este proyecto legislativo, ya que tuvo un bebé en el Hospital Lagomaggiore el 3 de agosto de 1984 pero nunca lo vio. Le dijeron, en ese entonces, que el bebé había nacido muerto, pero no le permitieron ver el cadáver. Hoy, 32 años después, Patricia continúa su reclamo de justicia y verdad, además de la búsqueda de su hijo o hija.

Romeo, por su parte, advirtió que es necesario romper mitos sobre la compra y venta de niños: comúnmente, se cree que esa situación ocurre solamente en el norte del país, pero si se lee nuevamente la primer oración de esta nota, queda claro que no es así. El referente también especificó que se ha tratado violentamente a las madres que buscan a sus hijos por apropiación o robo, porque se las ha calificado de “locas”. Y, agregó, que a los jóvenes que buscan su verdadera identidad se les pregunta “para qué buscan” y les adjudican algún interés económico, como el reclamo de una herencia. En este sentido, el hombre solicitó compromiso de toda la sociedad para concientizar sobre estas situaciones.

Giménez, Nanclares, Parés y Romeo escuchan la presentación de Sanz (Foto: Prensa Diputados de Mendoza)
 

El proyecto de ley

Los principales puntos de la iniciativa legislativa de Sanz son los siguientes:

• El Estado debe otorgar asesoramiento jurídico y legal en forma gratuita a todas las víctimas de sustitución de identidad y/o familiares, independientemente del año de su nacimiento. Asimismo, facilita acceso a toda la información relacionada con la propia identidad biológica.

• Creación del “Registro Único de Búsqueda de Identidad de Origen y Biológica de la Provincia de Mendoza” (RUBIOB), que establecerá una modalidad común e inviolable de ordenamiento de los archivos.

• El organismo de aplicación del programa será el Ministerio de Salud, Desarrollo y Deportes.

• Los objetivos son:

  • Con víctimas y familiares: facilitar y asegurar el asesoramiento jurídico y legal gratuito, recursos para la búsqueda y asistencia psicológica.

  • Con organismos oficiales y privados: gestionar acceso a la información, promover la provisión de los medios para examen de ADN gratuito para casos aprobados por la Justicia y la coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial para la realización de acciones conjuntas y complementarias que agilicen y faciliten el acceso a la información (por ejemplo: realización de un protocolo de nacimiento pertinente y agilización del proceso de adopción).

  • Con la comunidad: difundir a toda la población las acciones realizadas y los resultados obtenidos, crear conciencia social acerca de la importancia de la adopción de niñas, niños y adolescentes; celebrar convenios y establecer acuerdos de cooperación con las distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática.

• Se debe sistematizar los datos genéticos brindados voluntariamente, obtenidos de investigaciones promovidas por el propio organismo.

• Los funcionarios deben brindar la información a alguien que busca su identidad o a sus hijos dentro de 10 días hábiles.

• Creación de una base de datos única y confidencial.

La diputada Sanz aseguró que es necesario distinguir entre adopción y apropiación de niños ya que no existe la adopción ilegal. Esta última situación es calificada de apropiación y eso significa trata de personas. Durante la presentación se leyó una carta que había enviado Graciela Palma Arizaga, coordinadora en el área de Políticas Públicas en Derechos Humanos e Identidad de la Red Suma Más Mujeres, en la que manifestó haber sido discriminada durante la década pasada en la búsqueda de su identidad por “haber nacido en un año políticamente incorrecto”.

Si bien este proyecto esclarece y avanza en un tema que hasta ahora ha sido un “agujero negro” en la sociedad, tal como lo denominó Sanz, aún se necesita una agilización en el proceso de adopción para que quienes están interesados en ello no busquen soluciones ilegales frente a la ineficiencia estatal y judicial.   

Al finalizar la presentación, la Honorable Cámara de Diputados declaró de su interés este proyecto de ley y distinguió a María José Sanz, Antonio Romeo y Patricia Giménez.