La crónica que relata el momento en que Otilio Romano fue descubierto por el fotógrafo del diario digital mendocino resalta la “tranquilidad” con que el ex camarista caminaba por las calles de Cochoa, una ciudad costera de Chile cercana a Reñaca.  La serenidad del ex camarista cómplice de la dictadura se terminó cuando al percatarse de que estaba siendo fotografiado decidió huir rápidamente en un micro de línea.

El ex camarista presenta un pedido de captura por parte de la Interpol desde el 19 de diciembre pasado. Cinco días antes había sido destituido unánimemente de su cargo tras ser acusado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al ser considerado cómplice de la última dictadura cívico militar que sufrió Argentina. En concreto, el jury lo encontró culpable de omitir denuncias y negarse a investigar secuestros, torturas y desapariciones de personas en más de un centenar de casos mientras ejercía como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983.

Pese a estos antecedentes y a su delicada situación de ilegalidad, Romano logró refugiarse en Chile a través de un pedido de asilo político que extendió a la Justicia de ese país. Al estar imputado en “crímenes contra la humanidad” ese requerimiento le sería denegado; sin embargo, el tiempo que se toma la Justicia del país vecino para pronunciarse al respecto le permite al ex camarista planear junto a sus cómplices en el poder nuevos artilugios que le garanticen su impunidad.

En este marco el Dr. Pablo Salinas considera que “el gobierno de Chile es responsable de otorgarle a Romano un alto grado de impunidad, ya que la Corte Suprema de ese país recibió a tiempo la documentación solicitada para analizar el caso y pronunciarse al respecto”. De esta manera, los días transcurren y no hay definiciones, mientras el prófugo veranea como cualquier ciudadano libre de cargos.

“Chile debería haber procedido como lo hizo con el represor Alejandro Duret, pero hasta el momento se niega a hacerlo. Esto genera mucha indignación”, expresó el letrado comprometido con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que atraviesa nuestro país.

Cabe recordar que en octubre de 2011 la Policía de Investigaciones chilena capturó a Duret, que también había huido a ese país,  y lo puso como corresponde en manos de la Justicia argentina. Se trata de un ex coronel condenado a 15 años de prisión por secuestrar, torturar y desaparecer a Alberto Labolita, un ex militante peronista.  Pero en el caso de Romano, la Justicia chilena no ha demostrado la misma voluntad.

Salinas explica que ante la imposibilidad de actuar de la Interpol y de la Justicia argentina, la responsabilidad recae directamente sobre el gobierno del país trasandino.

“Es la Corte de Chile la que debe autorizar la detención inmediata de Romano. Al no hacerlo todo indica que el ex camarista no solo tiene recursos suficientes como para vivir sin trabajar en el exterior,  sino que también tiene algún tipo de contacto con el gobierno Chileno que le otorga impunidad”.

De esta manera el abogado lamentó la situación al considerarla un evidente caso de inequidad: “Las fotos y la situación concreta de Otilio Romano refleja que a los poderosos jamás los atrapa la Justicia,  que solo los pobres son alcanzados por ella”.

 “No solo tiene poder para vivir sin trabajar,  sino que también tiene relaciones políticas como para tener garantizadas sus vacaciones en Chile”, concluyó Salinas.