El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, está convencido de que la única forma de superar el conflicto con La Pampa por las aguas del Atuel es acordar un plan de obras que permita aumentar el caudal del río. Consideró que esa misma línea fue la que siguió la resolución de la Corte de Justicia de la Nación, que amplió el plazo para que ambas jurisdicciones lleguen a una solución.

Luego de participar en las XXIII Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejo de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, que se realizó en la provincia, Garay se mostró conforme con la resolución de la Corte, que extendió a 90 días el plazo para que Mendoza, La Pampa y la Nación lleguen a un acuerdo. De lo contrario, será el máximo tribunal el que analizará los pasos a seguir.

Además de extender el plazo, la resolución del máximo tribunal estableció que se determina el financiamiento que aportará cada una de las tres jurisdicciones involucradas en el conflicto (las dos provincias y la Nación) para concretar las obras necesarias para aumentar el caudal. Fue en ese punto en el que Garay entendió que existió una especie de guiño de los supremos a la postura local, al considerar que especifica que se tome en cuenta el informe con el plan de obras que presentó la provincia en la audiencia del 9 de mayo.

En esa oportunidad, Mendoza presentó un informe en el que enumeró las obras y el detalle de quién debería financiarla. Ese plan incluye desde pequeños trabajos hasta obras de gran envergadura, que permitirán aumentar el caudal del río.

Para el ministro, la Corte tomó en cuenta la importancia de ese informe, no sólo porque contiene un detalle pormenorizado de las obras necesarias de aquí a 12 años, sino que plantea cuánto dinero deben aportas las provincias y la Nación para hacerlas realidad.

Garay subrayó que, si bien las obras están incluidas en una mirada de conjunto con beneficios para toda la cuenca, hay algunos específicos para La Pampa  y Mendoza que implican una carga económica. Es teniendo en cuenta este factor que cada iniciativa debe ser financiada por uno u otro, según quién se beneficie.

El funcionario dijo que si La Pampa continúa planteando que las únicas aguas que se pueden utilizar para solucionar el conflicto son las del Atuel, no llegarán nunca a un acuerdo, porque el caudal es cada vez más bajo. En cambio, las obras permitirán aportar caudales de otras cuencas para que Mendoza mantenga su producción agrícola en el sur y La Pampa, sus actividades en la zona norte.

El ministro explicó que seguirán trabajando con los equipos técnicos para afinar propuestas con miras a la próxima reunión de las partes, que se concretará el miércoles 30.

Atuel: ahora intentarán pactar las obras

Los representantes de Mendoza y La Pampa se reunirán el 20 marzo. No llegaron a un acuerdo respecto del caudal de agua y el método de medición, por lo que decidirá la Corte.

Veinte años de conflicto

El conflicto por las aguas del río Atuel lleva más de veinte años sin lograr aun una resolución de fondo. En 1987, la Corte Suprema falló a favor de Mendoza y le dio vía libre para regar hasta 75 561 hectáreas, antes de dejar pasar agua a la otra provincia. Sin embargo, en 2014 La Pampa insistió con el reclamo y el 1° de diciembre de 2017 el máximo tribunal ordenó acordar un caudal mínimo que beneficie a ambas jurisdicciones y un plan de obras que permita lograr una solución de fondo para la provisión del agua a La Pampa.

Esos deberes que les dio la Corte a las provincias tenían plazos establecidos: el primero ya se venció el 20 de febrero, cuando deberían haber llegado a un acuerdo respecto del método de medición y del caudal que cada provincia recibiría.

 

Pese a los encuentros que representantes de ambas provincias tuvieron, no llegaron a un acuerdo respecto del caudal. Las partes plantearon métodos distintos de medición y de porcentaje de caudal: mientras La Pampa solicitó una escorrentía de 4,5 m³ anuales (es decir que pase esa cantidad en forma permanente), Mendoza ofreció que fueran 1,33 m³. Resultado: otra vez la Corte deberá decidir quién tiene la razón, con base en los informes técnicos que presentó cada provincia. Para cumplir la siguiente orden aún les queda tiempo: lograr un acuerdo respecto del plan de obras, aunque ahora esos tiempos se modificaron con el nuevo plazo de 90 días, que se vencerá a fines de agosto.